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El régimen socialista en Bolivia busca aprobar una ley que criminalizaría la protesta con hasta 25 años de prisión

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La semana que viene se debatirá en el Congreso un proyecto de ley que permitirá señalar como "terroristas" a cualquier persona que intente "subvertir el orden social", con un cuarto de siglo de condena.

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció esta semana que el proyecto de ley número 280, presentado por el gobierno socialista de Luis Arce y tiene el nombre de “Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, criminaliza y penaliza las protestas sociales.

De la forma en que está redactado el tipo penal de terrorismo, se criminaliza la protesta social. Cualquier grupo de personas que estén haciendo una protesta social, puede ser acusado por fiscales y jueces que responden al MAS y por denuncias del Gobierno", denunció el diputado opositor Carlos Alarcón.

"Así estarían intimidando a algún sector de la población con el objetivo de que no se realice un acto del Gobierno nacional y si esto se hace a través de una acción que restrinja libertades, eso sería considerado (un acto de) terrorismo con un castigo de 20 a 25 años de prisión y decomiso o confiscación de los bienes de las personas que sean condenadas sin siquiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada”, remató.

Bolivia es hoy una dictadura. Desde la vuelta del MAS al poder de la mano de Luis Arce, esbirro de Evo Morales, la nación boliviana se ha tornado en una brutal dictadura donde los principales opositores políticos están detrás de las rejas.

Primero fue Jeanine Añez, la ex presidente y principal rival de Evo Morales. Después fueron varios líderes cívicos, y más recientemente, cayó el líder de la oposición y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, el derechista Luis Camacho.

Sin posibilidad de apelación y sin cargos reales en su contra, Camacho, Añez, y tantos más se convirtieron en la población carcelaria de un país que cayó en el mismo camino que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, con esta ley, buscará trasladar la persecución política no solamente a los dirigentes, si no a cualquiera que busque protestar.

La Ley Número 280, es una respuesta a la denominada “ley maldita 218”, que entre octubre y noviembre de 2021 generó rechazo y una ola de protestas de sectores productivos y organizaciones sociales en todo el país contra el Gobierno. Las medidas de presión obligaron al oficialismo a dejar sin efecto la normativa.

Éste es el que está reemplazando al famoso proyecto de Ley 218, que fracasó hace un año atrás. ¿Cuál es el problema? El problema es que con cuatro figuras penales se quiere implantar la dictadura en el país”, sostuvo Alarcón.

Este proyecto modifica las figuras penales del Código de Procedimiento Penal de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes, para abarcar a las personas que son detenidas protestando en contra del Gobierno.

El artículo dos que modifica esos tipos penales, en su punto II se refiere al terrorismo y a las sanciones de este tipo penal bajo la siguiente redacción: “Será sancionada con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer el gobierno elegido constitucionalmente o obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto, por medio de una o varias de las siguientes conductas”, se lee en el proyecto de Ley 280.

Son siete incisos que detallan esas conductas penales, que incluye un artículo que interpreta a las protestas como la "ejecución de acciones con el fin de provocar muerte, lesiones o restricción de la libertad de las personas", elevando su respectiva condena a los 20 a 25 años de prisión.

También eleva las penas para cualquier acción, individual o colectiva, que incluya "detonar artefactos explosivos contra bienes públicos o privados; apoderarse de una aeronave, medio de transporte terrestre o buque mediante violencia o amenaza; detener a otra persona en condición de rehén y amenazar con su vida; ejecutar un acto de violencia contra una o más personas en un aeropuerto, que cause daños o muerte, que destruya o cause graves daños a la instalación de un aeropuerto o de una nave".

El proyecto de ley será tratado en la Comisión de Constitución el próximo 4 de abril, y se esperan protestas masivas en el país a medida que dicha legislación vaya avanzando en el Congreso. Cabe destacar que Santa Cruz sigue en protesta hace meses por la detención de su gobernador de manera arbitraria.

Bolivia

La Derecha Diario tenía razón: Evo Morales admitió que el levantamiento militar fue un autogolpe orquestado por Luis Arce

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El líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que tiene dudas sobre el levantamiento militar y que la llamada que le hizo el presidente el miércoles durante el alzamiento “fue una mentira”.

El ex presidente de Bolivia y líder del oficialismo, Evo Morales denunció este domingo que el alzamiento militar del destituido jefe militar Juan José Zuñiga contra el gobierno de Luis Arce, fue un “autogolpe” con el objetivo de fortalecer su figura.

Cabe recordar que Arce llegó al poder de la mano de Evo en 2020, pero rápidamente se le dio vuelta y armó su propia línea dentro del gobierno, traicionando a su jefe político. Desde entonces y con una elección en puerta, Arce está buscando las maneras de consolidar su poder en el Ejecutivo, y parece haber encontrado una manera de hacerlo.

"El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe", aseguró Evo en la red social X.

Y agregó: "Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho".

Evo Morales también transmitió sus preocupaciones durante su programa dominical en la Radio Kawsachún Coca esta mañana. "Yo pensaba que era un golpe, pero ahora estoy confundido: parece un autogolpe", sostuvo.

"Pero siento, no sé si estoy equivocado, que Lucho faltó al respeto, a la verdad; nos engañó, mintió no solo al pueblo boliviano sino al mundo entero", agregó el líder más importante de la política boliviana de este milenio.

El viernes ya el propio Morales había puesto en duda la versión oficial sobre los planes golpistas de Zúñiga, detenido en una cárcel de máxima seguridad, pero esta vez se desmarcó por completo del gobierno de quien fuera su ministro de Finanzas durante los casi 14 años que estuvo en el poder.

Los dos políticos se disputan el liderazgo dentro del oficialismo, con miras a la candidatura para las presidenciales de 2025. Este domingo Morales dijo que por fuentes de un ministerio se enteró que 

Tras el autogolpe, Arce destituyó a Zúñiga y lo reemplazó por el general José Sánchez, enemigo jurado de Evo Morales. Según el expresidente, Arce deja la presidencia en manos de una "junta militar" para evitar que él sea presidente de nuevo.

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Bolivia

La verdad salió a la luz: El presidente socialista de Bolivia, Luis Arce, fabricó un intento de golpe de Estado para mejorar su imagen

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Durante la detención del General Zuñiga, quien realizó el levantamiento militar, admitió que el intento de golpe de Estado fue un show para subirle la popularidad al presidente Luis Arce, por pedido del propio mandatario.

Se terminó el show y la verdad salió a la luz. Después de que el presidente boliviano le tomara juramento a la nueva cúpula de las fuerzas militares, el reemplazante de Zúñiga, José Wilson Sánchez Velásquez, ordenó la detención del General supuestamente golpista.

Al momento de su arresto, el excomandante general relató su versión de los eventos que llevaron al levantamiento que lideró el miércoles por la tarde, el cual culminó con un intento de ingreso de las fuerzas en el palacio presidencial.

"Me reuní unos días atrás con el Presidente y me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces le pregunto: ‘¿Sacamos los blindados?’ y me dijo: ‘Sacá’.", relató Zúñiga a los medios bolivianos en el momento de su aprehensión. Según su testimonio, "el domingo en la noche los blindados ya empezaban a moverse".

Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, califica el alzamiento militar ocurrido la tarde del 26 de junio en ese país como "el desorden de una dictadura en crisis", y sostiene que difícilmente servirá para recuperar la libertad y la democracia en esta nación sudamericana, "sometida" a las dictaduras izquierdistas del siglo XXI.

"Esto es un movimiento dentro de un sistema irregular llamado dictadura, que puede ser un autogolpe, una simulación o un ajuste de cuentas interno. En cualquier caso, es muy dudoso que esto ayude a recuperar la libertad y la democracia en Bolivia", expresó el exministro boliviano, quien es refugiado político en EE.UU. y director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami.

Sánchez Berzaín señala que, desde la llegada del líder cocalero Evo Morales al poder en 2006, Bolivia dejó de ser una democracia para convertirse en una "dictadura satélite" de Cuba y Venezuela.

"Han desinstitucionalizado completamente las Fuerzas Armadas. Hace años que las Fuerzas Armadas no son de la nación, sino del régimen", afirma el exministro.

Para él, la sublevación militar reportada este miércoles evidencia el "desorden" y la "crisis" que enfrenta el régimen liderado por el presidente Luis Arce, puesto a dedo por Evo Morales, y que ha llevado al país "a la miseria, a la condición de narcoestado, con más de 300 presos políticos y más de 10.000 exiliados".

El Movimiento Al Socialismo (MAS), partido gobernante en Bolivia, está profundamente dividido entre el presidente Luis Arce y su antiguo aliado, ahora adversario dentro del oficialismo, el expresidente Evo Morales.

Morales, quien ocupó la presidencia entre 2006 y 2019 gracias a reformas constitucionales promovidas por él mismo, se vio forzado a renunciar tras ser acusado de fraude electoral en su intento de obtener un cuarto mandato en el que ni siquiera podía presentarse a la reelección.

A finales de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2025, argumentando que la reelección indefinida no es un “derecho humano”, contrariando una sentencia previa de 2017.

A pesar de esto, Morales persiste en la búsqueda este año de la nominación presidencial del MAS, mientras que el presidente Arce, en el poder desde 2020, no ha anunciado si buscará la reelección, pero ganas no le faltan.

Por su parte, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció de inmediato un “golpe de Estado”, incluso antes de que se tuvieran mayores detalles de lo que estaba pasando. “Presidente Lucho Arce, convoque al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. ¡Alerta Bolivia!”, afirmó.

Este falso y armado intento de "golpe de estado" deja en evidencia los intereses oscuros que tienen tanto Arce como Morales, que buscan, en el caso de Arce, ser reelecto y, en el caso de Morales, volver al poder. Para lograr esto, están dispuestos a todo, incluso a inventarse supuestos golpes.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Militares se levantan contra la dictadura socialista en Bolivia y exigen la liberación de todos los presos políticos

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El presidente de Bolivia destituyó al jefe del Ejército en medio del levantamiento militar y se arroga poderes políticos extraordinarios.

Este miércoles estalló un levantamiento militar en Bolivia, luego de que el comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, tomara la sede del Ejecutivo boliviano con un tanque seguido de más vehículos militares a través de la plaza en la que se ubica la sede del Gobierno en La Paz. 

Los militares reclaman la liberación de los presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, la expresidente Jeanine Áñez y los coroneles y generales que fueron arrestados por el presidente Luis Arce.

Tanques y tropas ocuparon la Plaza Murillo, en el centro de la capital boliviana, donde está la sede presidencial. Un tanqueta intentó tumbar una puerta metálica del palacio presidencial, al cual ingresó posteriormente el general Zúñiga.

El actual mandatario, cuyo gobierno cada vez se parece más al de Nicolás Maduro en Venezuela, viene de una feroz interna con el expresidente Evo Morales, quien lo colocó en su lugar en 2021 luego de que la Corte Suprema determinara que no se podía presentar a un nuevo mandato, pero que lo terminó traicionando y creando su propia línea en el oficialismo.

Evo, por su parte, llamó a un paro general por tiempo indeterminado y al "bloqueo de caminos" para evitar "que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo".

Arce se acuarteló en la sede del Gobierno y rápidamente los militares afines al oficialismo volvieron a tomar control de la situación. El presidente declaró despedidos a los generales y horas después le tomó juramento a los nuevos altos mandos de las fuerzas militares: José Sánchez Velásquez será el nuevo comandante del Ejército; Gerardo Zabala Álvarez, de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia Ramírez, de la Armada.

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