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El régimen socialista en Bolivia expropia todas las AFP y toma el control definitivo de los fondos de jubilaciones

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El Gobierno de Luis Arce finalizó la expropiación del sistema previsional boliviano, destruyendo así la garantía para los derechos de propiedad. Miles de afiliados manifiestan su descontento en todo el país por el asalto deliberado a sus aportes personales.

Los derechos de propiedad se deterioran cada vez más en Bolivia. El régimen de Luis Arce consumó la expropiación del sistema de capitalización individual en el país. El Estado, a través de la “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo” asumió el control total y definitivo sobre todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas. Todas las AFP cerraron sus puertas y dejaron de operar inmediatamente a partir del viernes pasado.

El Gobierno consiguió una nueva “caja” para disponer de recursos frescos con los cuales solventar el déficit fiscal, sin la necesidad de emitir dinero o colocar nuevos títulos soberanos. Esto se debe a que las cotizaciones a la seguridad social ya no se destinan al ahorro personal de los afiliados sino a mantener las jubilaciones y pensiones actuales. En consecuencia, esto deja un remanente de recursos para el Estado.

La propaganda oficial del régimen patrocina que la decisión se tomó para “proteger las jubilaciones de los bolivianos a largo plazo”, y que los montos percibidos por los ahorristas se verán revitalizados a partir de que estos ya no tendrán que pagar las comisiones que establecían las AFP. Pero nada de esto se condice con la realidad.

El Gobierno adoptó la decisión de expropiar a raíz de la crisis del peso y la corrida cambiaria desatada en todo el país. Con un déficit fiscal primario que aún representa el 5,6% del PBI (y más de 7% con intereses de deuda) el Gobierno hacía uso de la emisión monetaria y el endeudamiento para financiarlo.

Al mismo tiempo el Banco Central sostuvo un régimen de tipo de cambio fijo financiado con reservas internacionales, para así disciplinar las expectativas de inflación y favorecer la demanda de pesos, neutralizando una parte sustancial del efecto de la emisión sin respaldo.

Pero cuando las reservas se vieron a punto de colapsar (y de hecho el Banco Central ya  dejó de informar estadísticas al respecto) la paridad cambiaria se vio amenazada y con ello la posibilidad de seguir financiado una parte sustancial del déficit con emisión. Se optó por estatizar el sistema previsional y disponer de una gran cantidad de fondos genuinos para continuar el despilfarro fiscal.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que las AFP solamente cobraban hasta un 1,31% en materia de comisiones, por lo que la revalorización anunciada por las autoridades no es significativa. En cambio, lo que sí resulta significativo es que los afiliados perdieron sus ahorros y se verán obligados a aceptar las parametrizaciones que disponga el régimen de reparto estatal independientemente de cuánto fuera el aporte.

La decisión del Gobierno socialista provocó un profundo rechazo en miles de personas que se sienten estafadas y que, de un día para otro, ven completamente mermado su esfuerzo después de años de aportes para su retiro.

La economía boliviana deberá enfrentarse, además, a una fuerte retracción del crédito doméstico en moneda local. Así como en Chile u otros países, las AFP jugaban un rol importante como eslabón entre ahorro y crédito en pesos, permitiendo desarrollar un incipiente mercado de capitales desde mediados de la década de 1990. Sin este sistema se pierde el canal de crédito más importante de la historia del país.

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Crisis en Bolivia: El Banco Central informó las reservas más baja de la historia y el Riesgo País se disparó a los 2.140 puntos

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La prima de riesgo no deja de aumentar y ya supera a la de Argentina y Ecuador, en temor a una inminente devaluación del tipo de cambio que podría revaluar el costo de las deudas en dólares. Solo quedan US$ 2.147 millones en reservas netas en la autoridad monetaria boliviana, y el Gobierno socialista podría apostar por un cepo cambiario.

La crisis de divisas se hace cada vez más aguda en Bolivia, a medida que el Gobierno no toma medidas de corrección fiscal y el tipo de cambio fijo se hace imposible de mantener. El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el saldo de reservas netas correspondiente al mes de agosto fue de tan solo US$ 2.147 millones, la cifra más baja por lo menos en el último medio siglo.

La autoridad monetaria no tiene forma de mantener el tipo de cambio nominal sin alteración, a menos que el Gobierno socialista presidido por Luis Arce decida recurrir a un cepo cambiario similar al que aplica Argentina, pero esta maniobra pondría fin al régimen implementado en 2008.

De este cómputo informado, un total de US$ 1.629 millones se corresponden con las tenencias de oro, existe una posición de US$ 45 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs), y finalmente la tenencia estrictamente nominada en divisas (principalmente dólares) sólo alcanza los US$ 437,9 millones al cierre de agosto. Se estima que estas cifras no hicieron más que disminuir hasta el día de hoy.

Estas escalofriantes cifras precipitaron una disparada suba del Riesgo País, que alcanzó y superó los 2.140 puntos básicos según la medición de la firma JP Morgan. Es la segunda prima de riesgo más alta de la región latinoamérica, únicamente por detrás de los 18.000 puntos básicos que registra la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

De hecho, la prima de riesgo de Bolivia ya supera a Ecuador (2.000 puntos) y a la Argentina (1.890 puntos), dos países que históricamente secundaron a Venezuela en los últimos años. También se encuentra muy por encima del riesgo de El Salvador, que se desplomó a sólo 700 puntos básicos tras la revaluación de reservas por la suba del Bitcoin y la consolidación de las finanzas públicas.

La tasa de Riesgo País tiene dos componentes principales, el más conocido es el riesgo por un incumplimiento (default), pero también existe el riesgo de devaluación que implica la revaluación automática de todas las obligaciones nominadas en divisas (tanto para el Estado como para el sector privado).

Este último componente es el que está detrás del aumento del riesgo crediticio de Bolivia, ya que el régimen cambiario parece a todas luces insostenible. La introducción de un cepo cambiario sólo afianzaría todavía más el aumento del riesgo, debido a que el Gobierno podría intervenir deliberadamente el giro de divisas para pagos al exterior (como ocurrió en la Argentina en los últimos 4 años).

Asimismo, el cepo cambiario podría abortar completamente el tenue crecimiento que todavía mantenía la economía boliviana, pese a ser el más acotado de los últimos 22 años. Por la vía de la devaluación (una posibilidad cada vez más cercana), el cambio de precios relativos podría volver a inclinar la balanza comercial hacia el superávit y la acumulación de divisas, pero el shock sobre la demanda interna podría provocar una recesión. 

En cualquier caso, el “milagro boliviano” de los últimos 20 años parece próximo a llegar a su fin. El socialismo del siglo XXI destruyó los cimientos fundamentales que habían dejado las reservas pro-mercado efectuadas entre la década de 1980 y 1990. La implosión del socialismo ante la lucha de poder entre Arce y Morales tampoco ayuda a alinear las expectativas con vista al futuro.

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Bolivia al borde del estallido: El Riesgo País se disparó por encima de los 2.000 puntos y se registra el crecimiento más bajo en 22 años

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La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.

La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.

La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.

Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.

El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.

El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.

Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.

El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.

Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.

Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.

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El eje del mal: Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel, Colombia y Chile retiran sus embajadores y Argentina presenta repudio

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El gobierno del socialista Luis Arce decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, y el presidente del MAS pidió incluso “declarar a Israel como un Estado terrorista”.

En medio de la ofensiva terrestre israelí sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre, Bolivia decidió romper relaciones con Israel, mientras que Colombia y Chile llamaron a consultas a sus respectivos embajadores, y la Argentina presentó un repudio formal contra el Estado judío.

En primer lugar, Bolivia anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel este martes, producto de la “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la Franja de Gaza, la cual considera una amenaza de la paz y la seguridad internacionales.

En un comunicado oficial, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, indicó que su Gobierno “ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”.

Vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas”, anunció el vicecanciller en conferencia de prensa.

Asimismo, Bolivia ha exigido “el cese de los ataques contra el pueblo palestino” y rechaza el “hostil” trato de Israel hacia las organizaciones internacionales encargadas de distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, señaló el vicecanciller.

Por su parte, María Nela Prada, ministra de la Presidencia y canciller interina, convocó a los “países hermanos” de Bolivia a “producir una acción colectiva” para lograr la pacificación en la región y “evitar un genocidio”. Esto, debido a los “crímenes de les humanidad contra el pueblo palestino” de los que acusa a Israel.

Un día antes, el presidente de Bolivia, Luis Arce, había pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que evite un “genocidio del pueblo palestino y allane una solución definitiva para que Palestina ejerza su derecho a la autodeterminación, a su territorio sin ocupaciones ilegales y consolide su propio Estado libre e independiente”.

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, que actualmente preside el órgano, se mostró muy crítico con la actuación del Consejo de Seguridad: “Desde el 7 de octubre nos hemos reunido varias veces y hemos votado cuatro resoluciones. Sin embargo, seguimos estancados, debido a desacuerdos internos, sobre todo entre los miembros permanentes”, afirmó el canciller de Brasil; y agregó que “Todo el mundo está viendo nuestra incapacidad para unirnos y responder a una crisis que nos desafía”.

Las autoridades bolivianas anunciaron la ruptura con Israel tras una reunión entre el presidente Luis Arce y el embajador palestino en Bolivia, Mahmoud Elalwani. El mandatario boliviano “rechazó los crímenes de guerra que se cometen en Gaza” y contó que le expresó su solidaridad al embajador y a todo el pueblo boliviano.

Por su parte, Hamas festejó en un comunicado el martes el anuncio de Bolivia expresando su “gran estima” por la decisión que tomó frente al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e instó “a los países árabes que han normalizado sus relaciones” con Israel a hacer lo mismo.

Tras el anuncio de Bolivia, Chile y Colombia tomaron cartas en el asunto y llamaron a consultas a sus embajadores en Israel como muestra de rechazo a la ofensiva terrestre israelí, la cual es producto del ataque terrorista que Hamas lanzó el pasado 7 de octubre, y que acabó con la muertes de más de 1.400 personas en Israel, y dio pie al secuestro de, por lo menos, otras 230.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a través de su cuenta de X que llamó a su embajadora a consultas alegando que, “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”. La llamada a consultas, dentro del ámbito diplomático, representa una señal de protesta más dura que una simple declaración oficial.

Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile, escribió en su cuenta de X que, “Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”.

El presidente chileno agregó que “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares -que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.

Cabe recordar que Bolivia expulsó al embajador israelí en 2009 durante la presidencia de Evo Morales con motivos de otro conflicto entre Israel y Hamas; y que las relaciones fueron recién restablecidas durante el gobierno de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.

En este sentido, el expresidente Evo Morales ha pedido a Luis Arce una condena más firme contra Israel. Sin embargo, tras la decisión del gobierno actual, Morales sentenció que la ruptura de relaciones “no es suficiente”. Bolivia “Debe declarar al estado de Israel como un estado terrorista”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la Cancillería de Argentina se sumó a la posición de Boric y Petro, y a través de un comunicado firmado por el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, condenaron la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamás.

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