El Gobierno de Luis Arce finalizó la expropiación del sistema previsional boliviano, destruyendo así la garantía para los derechos de propiedad. Miles de afiliados manifiestan su descontento en todo el país por el asalto deliberado a sus aportes personales.

Los derechos de propiedad se deterioran cada vez más en Bolivia. El régimen de Luis Arce consumó la expropiación del sistema de capitalización individual en el país. El Estado, a través de la “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo” asumió el control total y definitivo sobre todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas. Todas las AFP cerraron sus puertas y dejaron de operar inmediatamente a partir del viernes pasado.

El Gobierno consiguió una nueva “caja” para disponer de recursos frescos con los cuales solventar el déficit fiscal, sin la necesidad de emitir dinero o colocar nuevos títulos soberanos. Esto se debe a que las cotizaciones a la seguridad social ya no se destinan al ahorro personal de los afiliados sino a mantener las jubilaciones y pensiones actuales. En consecuencia, esto deja un remanente de recursos para el Estado.

La propaganda oficial del régimen patrocina que la decisión se tomó para “proteger las jubilaciones de los bolivianos a largo plazo”, y que los montos percibidos por los ahorristas se verán revitalizados a partir de que estos ya no tendrán que pagar las comisiones que establecían las AFP. Pero nada de esto se condice con la realidad.

El Gobierno adoptó la decisión de expropiar a raíz de la crisis del peso y la corrida cambiaria desatada en todo el país. Con un déficit fiscal primario que aún representa el 5,6% del PBI (y más de 7% con intereses de deuda) el Gobierno hacía uso de la emisión monetaria y el endeudamiento para financiarlo.

Al mismo tiempo el Banco Central sostuvo un régimen de tipo de cambio fijo financiado con reservas internacionales, para así disciplinar las expectativas de inflación y favorecer la demanda de pesos, neutralizando una parte sustancial del efecto de la emisión sin respaldo.

Pero cuando las reservas se vieron a punto de colapsar (y de hecho el Banco Central ya  dejó de informar estadísticas al respecto) la paridad cambiaria se vio amenazada y con ello la posibilidad de seguir financiado una parte sustancial del déficit con emisión. Se optó por estatizar el sistema previsional y disponer de una gran cantidad de fondos genuinos para continuar el despilfarro fiscal.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que las AFP solamente cobraban hasta un 1,31% en materia de comisiones, por lo que la revalorización anunciada por las autoridades no es significativa. En cambio, lo que sí resulta significativo es que los afiliados perdieron sus ahorros y se verán obligados a aceptar las parametrizaciones que disponga el régimen de reparto estatal independientemente de cuánto fuera el aporte.

La decisión del Gobierno socialista provocó un profundo rechazo en miles de personas que se sienten estafadas y que, de un día para otro, ven completamente mermado su esfuerzo después de años de aportes para su retiro.

La economía boliviana deberá enfrentarse, además, a una fuerte retracción del crédito doméstico en moneda local. Así como en Chile u otros países, las AFP jugaban un rol importante como eslabón entre ahorro y crédito en pesos, permitiendo desarrollar un incipiente mercado de capitales desde mediados de la década de 1990. Sin este sistema se pierde el canal de crédito más importante de la historia del país.

Incluso con el nuevo gasoducto de Vaca Muerta, Argentina no cubre todo el gas que se importa en invierno desde Bolivia. El “socialismo del siglo XXI” se empieza a desmoronar y afecta a sus aliados más importantes.

El cimbronazo económico en Bolivia comienza a impactar de lleno en Argentina y condiciona severamente el normal abastecimiento de gas licuado para el norte del país. La constante caída de la producción boliviana hace que ya no sea posible garantizar la provisión de 13 millones de metros cúbicos para el invierno de 2023, algo que sí se logró el año pasado.

Incluso si el nuevo gasoducto en Vaca Muerta se logra terminar en tiempo y forma (programado para junio), este solamente sería capaz de aportar hasta 11 millones de metros cúbicos de gas al día y la suma no alcanza para abastecer las necesidades energéticas normales para cualquier invierno. Sólo a partir de septiembre el gasoducto alcanzará una capacidad de transporte de hasta 20 millones de metros cúbicos diarios, pero antes no será posible.

Frente a la caída de la producción boliviana, las cada vez más escasas exportaciones que realiza este país tienen prioridad para Brasil debido a que este último no aplica controles cambiarios y es capaz de abonar precios internacionales. En Argentina, la importación se realiza a través del cambio oficial y la administración de la empresa estatal ENARSA.

La secretaria de Energía Flavia Royón viajó a Brasil en busca de un acuerdo para reducir la cuota de compra de este último sobre el gas boliviano y así volver a recuperar la prioridad para Argentina, pero no se logró ningún tipo de avance significativo en esta materia.

Las políticas aplicadas por los sucesivos Gobiernos kirchneristas terminaron por destruir el superávit energético que Argentina había logrado en la década de los 90s, bajo la conducción de Carlos Menem y sobre un sistema casi totalmente controlado por la iniciativa privada.

El desacople dramático de los precios internos con los internacionales, los controles cambiarios, el congelamiento de tarifas desde 2002 y las nacionalizaciones terminaron convirtiendo al país en un importador neto de energía a partir de la década del 2000.

Asimismo, la economía de Bolivia se enfrenta a las consecuencias más nocivas del “socialismo del siglo XXI”. Así como Argentina, la economía boliviana pasó de explotar sus ventajas comparativas en la exportación de gas a consentirse en un importador neto de energía a partir de abril de 2022. Las importaciones no hicieron más que crecer por la necesidad interna de abastecimiento que la producción local ya no pudo sostener, y por la misma razón declinaron las exportaciones.

El socialismo boliviano nacionalizó completamente los yacimientos y la explotación de los recursos energéticos, abortando la proliferación de la inversión privada nacional y extranjera. La producción de gas bajo el comando estatal se redujo a tan solo 14,5 millones de metros cúbicos diarios en 2022, cuando se había registrado un pico de 22 millones en el año 2015.

Por otra parte, la excesiva apreciación cambiaria en los últimos 10 años (solamente sostenida sobre la base de perder reservas internacionales) fue un elemento que abarató las importaciones y deterioró la competitividad de las exportaciones. El régimen de Luis Arce se muestra reacio a modificar la paridad cambiaria y permitir una devaluación, pero el Banco Central de Bolivia ya casi agota completamente sus tenencias de divisas. 

El régimen socialista dejó de publicar las estadísticas de reservas internacionales, y el Banco Central ya no vende dólares a pesar de haber prometido solventar la demanda de divisas para paliar la corrida contra el peso. Bolivia atraviesa la peor crisis económica en 30 años.

El sistema cambiario que rigió en Bolivia en los últimos 15 años atraviesa un agónico colapso, como muchos analistas predijeron ante la insostenibilidad de las políticas del “socialismo del siglo XXI”.

Los déficit fiscales crónicos y elevados obligaron al Banco Central de Bolivia (BCB) a monetizar una gran parte de la brecha que no pudo cubrirse con endeudamiento externo o interno, y para mantener fija la paridad cambiaria (y las expectativas de inflación) se debió incurrir en constantes intervenciones sobre el mercado cambiario.

Pero las reservas en divisas del BCB llegaron a un punto límite esta semana, y ya no son suficientes para seguir defendiendo la paridad cambiaria. Mientras corre peligro el ancla de la estabilidad de precios, el Banco Central dejó de publicar estadísticas oficiales en relación a las reservas desde febrero.

Asimismo, y frente a la brutal corrida contra el peso boliviano, la autoridad monetaria anunció la suspensión de ventas de dólares a partir de este miércoles 12 de abril, la cual se reanudará el próximo 1ro de mayo bajo un nuevo sistema de fichas numeradas. 

Hasta entonces la entidad oficial dejará de vender dólares libremente, incluso a pesar de que el presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, había anunciado hace solo dos semanas que la institución se haría cargo de toda la demanda de divisas que pudiera suscitarse para “llevar tranquilidad”. La marcha atrás con los anuncios provocó el efecto diametralmente opuesto, y precipitó todavía más la corrida cambiaria.

Los ahorristas bolivianos descuentan como casi un hecho que el sistema cambiario llegará a su fin, y que en ausencia de herramientas para seguir defendiendo la paridad fija en 6,97 pesos por dólar, el régimen de Luis Arce se verá obligado a convalidar una dramática devaluación que terminaría por desanclar las expectativas inflacionarias y la misma estabilidad de precios que hasta ahora se conservaba.

Los mercados descuentan el mismo pronóstico que los ahorristas. Los bonos soberanos de Bolivia se hundieron sistemáticamente desde enero. Los títulos con vencimientos a 2028 aumentaron su rendimiento hasta el 28%, cuando hace solo tres meses promediaba el 6%.

El índice de Riesgo País se triplicó en los primeros cuatro meses de 2023 y escaló a casi 2.000 puntos básicos, cuando en enero no supera los 700 puntos. El encarecimiento del crédito externo tanto para el sector público como para las empresas privadas solo exacerba la tendencia recesiva sobre la economía.

Y es que el principal componente explicativo en la suba del Riesgo País es precisamente el riesgo de devaluación, que hasta ahora se veía atenuado por el régimen de tipo de cambio fijo pero que tras la corrida vuelve a surgir como una posibilidad muy certera.

Los pilares principales del modelo del “socialismo del siglo XXI” se caen a pedazos en medio de la peor crisis cambiaria de las últimas décadas. El desmantelamiento de la paridad fija podría conducir a la vuelta de la inflación crónica para financiar el déficit fiscal, después de años con relativa estabilidad.