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Bolivia

Jeanine Añez es víctima de crímenes de lesa humanidad como presa política de Evo Morales

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La ex presidente trató de quitarse la vida luego de ser imputada por genocidio en una causa que busca aplacar a la oposición del régimen socialista del MAS.

El pasado 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó el informe final encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los hechos posteriores a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 y la suba al poder de Jeanine Añez, actualmente detenida en el penal de Miraflores por el régimen socialista.

El informe señala en sus páginas que, durante el periodo anterior y posterior a la llega de Añez al poder, se cometieron violaciones a los derechos humanos, uso indiscriminado de la fuerza y masacres en Bolivia.

El informe cuestiona el accionar de las fuerzas del orden y del Ejército que contuvieron a grupos patrocinados por Evo Morales que planeaban explotar una planta de gas en La Paz, y volar un puente en Cochabamba (Senkata y Sacaba).

Sin embargo, el mismo informe arroja enunciados que expresan que en el epílogo del gobierno de Morales también se cometieron abusos, entre los sucesos señalan a los enfrentamientos en Montero (Santa Cruz), donde perdieron la vida dos personas ligadas al Comité Pro Santa Cruz, entonces liderado por el derechista Luis Fernando Camacho. 

De la misma forma, también denuncia actos de violencia contra una caravana de jóvenes que se dirigían a La Paz el día de la renuncia de Morales, cuyos integrantes fueron emboscados, y en el caso de las mujeres, abusadas sexualmente.

El informe continúa y expresa rotundamente que los hechos de violencia, crisis política, y la convulsión social se origina en el irrespeto al referéndum constitucional para habilitar a Morales a una cuarta reelección y la emisión de la sentencia constitucional que lo habilitaba.

De todos modos, el GIEI aclara que el informe no es vinculante y que no debe ser utilizado para hacer persecución política de las personas nombradas, ni los de Añez ni los de Morales

Sin embargo, la fiscalía de Bolivia decidió ignorar todas las partes del informe que condena a Evo Morales y tomar las partes que involucran a Jeanine Añez e iniciar los mecanismos para llevarla a un juicio en el parlamento por genocidio, de donde puede salir con una condena de 20 años de cárcel, omitiendo la recomendación de GIEI.

Con esta nueva acusación fiscal, la ex mandataria tiene sobre ella cargos por al menos 7 delitos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, sedición, terrorismo, conspiración, y ahora genocidio, lesiones graves y gravísimas y lesiones seguidas de muerte.

Fruto de estas investigaciones, y de las 2 detenciones preventivas que pesan en contra de la ex mandataria, su salud se ha visto drásticamente afectada, tanto física como mentalmente. Durante los últimos meses, ha sido aislada de su entorno familiar, se le ha negado el acceso visitas y se le ha otorgado una precaria atención médica, pese a que tiene patologías de hipertensión y el antecedente de haber tenido COVID-19 el año pasado.

Sus abogados han interpuesto al menos cuatro acciones judiciales para que salga de la cárcel y se defienda en libertad, las cuales han sido rechazadas. Paralelamente, su hija, Carolina Ribera, también ha denunciado que no se le informa nada sobre el estado de salud de su madre, ni se le informa sobre los fármacos que le suministran las autoridades de la cárcel.

Este sábado, la prensa local informó que Añez intentó quitarse la vida en su celda. El ministro de gobierno, Carlos del Castillo, en conferencia informó que se trasladó a la ex presidente para recibir atención médica y psicológica, puesto que tiene lesiones en las muñecas y antebrazos realizadas con un material plástico, que evidencian la intencionalidad suicida de sus actos.

Esta noticia causó un revuelo en el panorama político. Los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Jaime Paz emitieron un pronunciamiento en repudio a las arbitrariedades del proceso, y solicitaron salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y el debido proceso.

Añez actualmente atraviesa una de las peores situaciones a las que se puede someter a un ser humano: está tirada en una celda, sin atención médica, probablemente torturada por los agentes del régimen, siendo despojada de todos sus derechos humanos, mientras en Latinoamérica todos los países hacen oído sordo a la situación, a excepción de Jair Bolsonaro en Brasil.

Mientras mandatarios de izquierda como Alberto Fernández o López Obrador han hablado toda su carrera política de las violaciones de los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas, ahora aplauden con esmero a la brutal persecución política y crímenes de lesa humanidad contra quienes gobernaron Bolivia constitucionalmente hasta hace algunos meses.

Pronunciamiento de los ex presidentes de Bolivia.

Igualmente, tras conocer los intentos de quitarse la vida, su equipo de abogados interpuso nuevas acciones para que salga de la cárcel y al menos consiga un arresto domiciliario, sin exito hasta ahora.

De igual forma, periodistas, médicos y analistas observan que la tortura judicial a la que es sometida Jeanine Añez busca acabar con su vida. Puesto que fue detenida arbitrariamente sin que se inicien investigaciones, se ordenó su detención en cárcel pese a que no existían riesgos de fuga ni obstrucción a la justicia, y finalmente, se le ha suministrado fármacos que le pueden estar alterando la conciencia.

En definitiva, el régimen de Evo Morales a través del gobierno de Luis Arce se aleja de su retórica de reconciliación, y se coloca firmemente en la ya conocida práctica del Socialismo del Siglo XXI, lejano del respeto a los derechos humanos, cercano a las intenciones de eliminar a quienes no se alineen a su agenda.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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