Alexandre de Moraes, principal juez responsable de censurar a la oposición en Brasil, dijo que el bloqueo masivo no es una medida que adoptaría “en estos momentos”, pero el resto del STF tiene tiempo de votar hasta el 26 de abril.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, controlado por el presidente Lula da Silva, inició este viernes un proceso para analizar la posibilidad de bloquear aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, en Brasil.

El análisis se desarrollará mediante videoconferencias hasta el 26 de abril, fecha en la que los jueces tomarán la determinación sobre si el máximo tribunal puede suspender temporalmente el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería que se nieguen a entregar información de los usuarios investigados por delitos sin sentencia firme.

Esta votación se da en medio de fuertes denuncias de persecución política contra el gobierno de Lula, que está utilizando a los jueces de la Suprema Corte para censurar a la oposición en redes sociales, solicitando eliminar cuentas y borrar publicaciones. Incluso La Derecha Diario ha sido víctima de esto.

El principal juez señalado por ser el brazo armado del Gobierno socialista es Alexandre de Moraes, responsable de ordenar el bloqueo de miles de usuarios opositores a Lula en Twitter. Sin embargo, Moraes anticipó su voto en contra de la medida, probablemente para evitar un mayor escándalo en medio de un conflicto judicial abierto contra Elon Musk y la oposición.

Moraes, se unió al juez Edson Fachín diciendo que la medida no parecería necesaria en estos momentos, pero sorprendió su voto negativo ya que él mismo ha sido responsable en el pasado de bloquear temporalmente a Telegram, luego de que la empresa se negara a entregar información personal de sus usuarios. Hasta el momento, los otros nueve jueces aún no han votado.

La presentación de esta acción en los tribunales se inició en 2016, a través del partido Ciudadanía. El proyecto se basó en una decisión del Tribunal de Sergipe, que ordenó la suspensión de WhatsApp en todo el territorio nacional por un período de 72 horas.

WhatsApp se había negado a romper la confidencialidad de los mensajes de la aplicación cuando el tribunal pidió mensajes privados de las personas en un caso vinculado a la libertad de expresión.

En aquel entonces Facebook (ahora Meta) afirmó que los mensajes están cifrados de un extremo a otro, lo que significa que ellos no almacenan en los sistemas de la aplicación los mensajes ni pueden entregarlos, y que solo el usuario puede hacerlo.

Mientras se escapan los inversores de Brasil, el tipo de cambio del real con respecto al dólar ascendió a las 5,27 unidades y marcó una suba del 1,6% al cierre del día martes. Se trata del valor nominal más elevado de la gestión de Lula.

El dólar acumuló un alza del 8,7% de acuerdo a su paridad con el Real de Brasil desde el comienzo del año. Pero solamente al término de la rueda del día martes, el tipo de cambio se anotó una suba diaria superior al 1,6% y volvió a romper récords nominales.

La paridad del dólar llegó a los 5,27 reales al cierre del martes, el mayor valor registrado desde marzo del año 2023. La fuerte depreciación de la moneda brasileña destacó de entre otras divisas latinoamericanas que se vieron duramente afectadas por el accionar monetario conservador que recientemente adoptó la Reserva Federal de Jerome Powell.

La tasa de inflación de Estados Unidos para el mes de marzo superó las expectativas (subió ligeramente al 3,5%), con lo cual es más probable que la FED evite reducir su tasa de referencia en el corto plazo, o en su defecto que lo haga más lentamente. Esto repercutió en todas las divisas de la región, pero Brasil se vio afectado además por factores estrictamente internos.

La política fiscal del Gobierno socialista está fuera de control. El resultado primario del Gobierno federal (sin Estados locales ni municipalidades) marcó un rojo equivalente al 2,55% del PBI en febrero, el más alto desde el estallido de la pandemia. El Presidente Lula da Silva asumió su cargo habiendo heredado un superávit primario de 0,56 puntos del PBI en enero del año pasado.

Contabilizando la pesada carga de intereses que enfrenta el país vecino, el resultado financiero marcó un déficit récord de hasta el 7,7% del PBI en febrero, y no se veía algo semejante desde julio de 2021. Cabe señalar que cuando Lula asumió la presidencia del país, el déficit financiero representaba el 4,32% del producto bruto, casi se duplicó en 13 meses.

El Gobierno socialista cuestionó con dureza la independencia del Banco Central de Brasil, heredada de la administración de Jair Bolsonaro, pero al no poder revertir su autonomía se valió del endeudamiento como vía principal para solventar la brecha fiscal. La carga de intereses por la deuda pública se incrementó del 4,88% al 5,15% del PBI desde enero de 2023.

El descarrilamiento de la política fiscal hace mecha sobre la efectividad de la política monetaria, ya que pese a la autonomía legal, existen serias dudas sobre el sostenimiento del actual margen de déficit con persistente endeudamiento. En consecuencia, se reduce el efecto disciplinario de la tasa de referencia SELIC que aplica la autoridad monetaria, y con ello se proyecta un mayor impacto negativo sobre el nivel de actividad real.

Este contexto adverso provocó que Brasil pierda cada vez más atractivo para la inversión internacional. La firma Goldman Sachs recomendó abiertamente deshacer las posiciones en empresas públicas brasileñas debido a una mayor injerencia política del Gobierno, y como resultado de la falta de credibilidad en el desempeño futuro de Brasil, se registró una salida de por lo menos US$ 4.227 millones (21.000 millones de reales) por parte de inversores extranjeros en el país.

La repercusión de la depreciación del real será mayormente negativa sobre el saldo exportador de las empresas argentinas, más aún en un contexto de fuerte apreciación del peso frente al dólar.

El Gobierno expropiará y repartirá discrecionalmente un total de 295.000 hectáreas de tierras públicas y privadas a indígenas y desempleados. El Estado se adueñará de una parte de todo lo que se produzca en las nuevas tierras reasignadas.

Con la asunción del socialismo en Brasil en enero del año pasado, se produjo un cambio radical en la política agraria del país. Se le puso fin a la concesión flexible de derechos de propiedad que emprendía la gestión Bolsonaro, y en su lugar, la administración de Lula da Silva lanzó una nueva reforma agraria a-la-China por decreto y sin pasar por el Congreso.

La reforma comprende el reparto de hasta 295.000 hectáreas de manera completamente discrecional, es decir, serán asignadas a dedo por Lula dependiendo de algún criterio arbitrario por parte de las autoridades competentes.

Las tierras se repartirán a indígenas y personas desempleadas. Con esta maniobra, el PT busca engrosar su influencia sobre los estratos más débiles de la población rural, que ahora podrían verse sometidos a una relación clientelista con el Gobierno.

El reparto afectará tanto a tierras de propiedad estatal como tierras privadas, que serán deliberadamente expropiadas en caso de que se determine el “abandono” por parte de sus propietarios, la misma excusa que utilizó el dictador chino Mao Tse Tung durante las reformas agrarias en China en la década del ’50.

A la par de estos movimientos, el Gobierno también lanzará un esquema de créditos subsidiados (y artificialmente baratos) para financiar la adquisición de maquinaria y semillas, con el fin de abastecer la eventual producción agrícola en las nuevas tierras reasignadas. 

La mayor parte de la agricultura prevista para estos campos será meramente familiar y de subsistencia, sin mayores dotes de productividad y sin la posibilidad de generar exportaciones o divisas al país.

Esto es evidencia de la pésima asignación de recursos implícita en la reforma agraria del socialismo. Se retienen recursos valiosos que podrían haberse utilizado en otras áreas de la economía para producir más eficientemente, creando puestos de trabajo mejor remunerados.

Pero pese a todo esto, la reforma agraria de Lula establece que el Estado podrá apropiarse de una parte de toda la producción realizada en esas tierras, dando forma a una incipiente colectivización de la producción agraria.

Reformas agrarias de esta índole fueron implementadas en diversas partes del mundo, como por ejemplo México (1917), Bolivia (1953), Guatemala (1951), Cuba (1959) y Chile (1962-1973), y todas ellas registraron pésimos resultados en materia de productividad y eficiencia asignativa.