Luego de las reformas de Temer en 2017 y de Bolsonaro en 2019, la recaudación de los sindicatos cayó un 98% en los últimos 6 años. La izquierda brasileña que se financia a partir de los fondos gremiales está en crisis.

El Gobierno de Lula da Silva volvió a arremeter contra la legislación laboral reformulada en los últimos años, y envió un proyecto al Congreso para restaurar el impuesto sindical obligatorio. Se trata de un tributo que aplica para la totalidad de los trabajadores registrados, sin importar si éstos adhieren o no a un sindicato correspondiente a su actividad.

Se abre así una nueva caja clientelar del Gobierno para los sindicatos, con el fin de afianzar la dependencia política y partidaria de estos últimos con el oficialismo. Se propone aplicar una tasa máxima del 1% sobre el salario bruto de cada trabajador, llegando a triplicar el monto que se cobraba antes de la reforma laboral de Michel Temer en 2017, que convalidó Jair Bolsonaro en 2019.

La reforma de Temer legalizó la libre elección de los aportes sindicales, y luego en sus primeros meses de gobierno, Bolsonaro aprobó la eliminación del impuesto sindical obligatorio.

Esto llevó a una caída significativa de afiliación sindical en Brasil, lo cual otorgó mayor dinamismo al mercado laboral brasileño y permitió que la tasa de desocupación del país retrocediera a sus niveles más bajos desde 2012, incluso a pesar de la pandemia y las cuarentenas que impusieron algunos estados.

Los ingresos de los sindicatos de Brasil se derrumbaron en un 98% entre 2017 y 2023, según el Departamento Intersindical de Estadísticas (Dieese). Estos cayeron del umbral de los R$ 3.600 millones a solo R$ 98 millones en lo que va de este año.

Esto ha causado severos problemas financieros para el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que se financia en su mayoría por aportes de los distintos sindicatos que forman parte de sus mesas directivas. De hecho, analistas brasileños aseguran que esta fue una de las principales razones por las que Lula intentó volver al poder, para reestablecer el impuesto sindical y salvar financieramente a los gremios.

Las reformas de Temer y Bolsonaro dejaron en evidencia que la principal fuente de ingresos que hasta ahora mantenían los sindicatos era meramente coercitiva, y no por la propia voluntad de los trabajadores supuestamente representados.

Bajo los estándares regulacionistas de la izquierda brasileña, la rigidez del mercado laboral provocó un importante ajuste vía desempleo durante la crisis económica que azotó al país entre 2014 y 2016, crisis que le costó la presidencia a Dilma Rousseff, junto con los escándalos de corrupción vinculados a su figura.

El proyecto del socialismo despertó un profundo malestar en el sector bolsonarista del Congreso, que ya anticipó su más frontal rechazo a cualquier tipo de reforma socialista que vuelva a quitarle poder de elección a los trabajadores formales. 

La iniciativa socialista viola lisa y llanamente el principio de “irreductibilidad” de los salarios, algo garantizado por la Constitución de Brasil. La postura oficial del Gobierno es que los mayores ingresos sindicales fomentarán activamente la representatividad de los sindicatos, pero lo cierto es que los incentivos sugieren lo contrario.

Si los ingresos de los sindicatos se explicaran por aportes obligatorios y no por ganarse el favor de los afiliados que dicen representar, muy lejos de incentivar la representatividad, el régimen precisamente desalentaría este comportamiento (como ya lo hizo en el pasado) porque los recursos estarían asegurados independientemente de las acciones que se lleven a cabo y la evaluación de los afiliados al respecto.

Lula también se manifestó públicamente en contra de la reforma laboral de Bolsonaro y de los nuevos contratos flexibles que fueron creados en 2021, aunque hasta ahora no consiguió los apoyos parlamentarios requeridos para presentar una reforma alternativa.

Se vació completamente el superávit primario que había dejado la gestión del presidente Bolsonaro, solamente en los primeros siete meses de gestión de Lula da Silva en el poder. El Gobierno apuesta a financiar los crecientes desequilibrios con más deuda externa.

La política fiscal del Gobierno socialista presidido por Lula da Silva demostró una dosis extraordinaria de irresponsabilidad: en solo siete meses de gestión Brasil perdió la totalidad del superávit primario que había dejado la gestión Bolsonaro.

Las estadísticas del Banco Central de Brasil confirmaron que el resultado primario del Gobierno federal (excluyendo a los Estados locales y la propia autoridad monetaria) marcó un déficit equivalente al 0,9% del PBI en julio de 2023. Cuando Lula asumió la presidencia en enero se registraba un superávit primario en torno al 0,6% del producto.

Por otra parte, el resultado financiero del Gobierno federal registró un déficit del 5,7% del PBI al cierre de julio, el valor más desequilibrado desde septiembre del año 2021. El presidente Lula emprende una política fiscal aún más extremista que la que llevó a cabo durante sus primeras gestiones entre 2003 y 2010, cuando en todo momento se procuró mantener un cierto superávit entre los gastos operativos y la recaudación.

La mayor parte del desbarajuste de las finanzas públicas se condicen con el fuerte aumento del gasto público, sin contraprestación de ingresos tributarios genuinos pese a los aumentos que ya decretó el Gobierno (retenciones, impuestos digitales, renta financiera y combustibles).

El socialismo brasileño eliminó el techo fiscal de gastos previsto para el año 2023 como su primera medida de Gobierno, avalando un aumento de hasta 145.000 millones de reales para el gasto público anual.

Por otra parte, se anunció la vuelta del llamado “Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)” con un gasto asociado de hasta 371.000 millones de reales a desembolsar en los próximos años, un esquema de corte keynesiano que pretende reactivar la economía mediante la inyección de obra pública.

La reforma tributaria que pretende aprobar el oficialismo solo tendría efecto a partir de enero del año próximo, y entre otros cambios se propone aplicar un IVA de hasta el 25% (la tasa más alta del continente, y entre las más elevadas del mundo).

Por otra parte, la nueva regla fiscal que logró aprobar el Gobierno de Lula también entrará vigencia sólo a partir del año próximo. Hasta entonces, las finanzas públicas seguirán sufriendo un proceso de deterioro paulatino.

Los cambios normativos sobre las reglas fiscales del país le permiten al Gobierno gastar a discreción sin límites, siempre y cuando consiga aumentar la recaudación en una relación más que proporcional. Esto se dio a conocer públicamente como el “calabozo fiscal”.

Massa fue retado por Lula en su visita a Brasilia por su derrota histórica en las PASO, y el presidente que ha mandado a arrestar a todos sus opositores le dijo que se saque los guantes y haga todo para ganar.

“Dejá de juntar dólares y juntá votos. Es tu responsabilidad ganar“, le dijo el dictador Lula da Silva, quien ha arrestado y/o proscripto a los principales líderes de la oposición en Brasil, al ministro de Economía y candidato a presidente por el kirchnerismo en Argentina, Sergio Massa.

Los mandatarios hablaron ante fotógrafos en el tercer piso del Palacio del Planalto, y Lula le dijo ante las cámaras y con tono mafioso y mirándolo a los ojos, le dijo: “No podes perder, no hay espacio para perder. Hacé lo que tengas que hacer, pero ganá“.

Según se pudo ver de los registros de la conversación, Lula le hablaba a Massa como si fuese el jefe. Lo agarraba de las manos, lo palmeaba y le pedía explicaciones de la derrota histórica que sufrió el peronismo en las elecciones primarias. “¿Cómo explicás el resultado de las PASO?“, le preguntó con mucha preocupación.

El mandatario brasileño, quien recientemente ha cerrado medios de comunicación en Brasil que hablaban en contra de él, inclusive La Derecha Diario, le dijo a Massa que estaba muy preocupado por el triunfo del libertario Javier Milei, de quién admitió que viene hace meses mirando declaraciones, videos y discursos.

“Está más loquito que Bolsonaro“, le dijo el dictador brasileño a Massa, y agregó que “el triunfo de la derecha en la Argentina significaría un retroceso de 40 años en América Latina”, lo cual viniendo de su parte, quiere decir que el país se adelantaría unos 40 años a la situación de pobreza y crisis que atraviesa actualmente.

Massa, que lo escuchaba atento y tomaba nota, le prometió a Lula que iba a dejar “hasta la última gota de sangre”, para ganar esta elección. Las preguntas del Jefe, sin embargo, siguieron. 

“¿Están todos los de la coalición trabajando? ¿Saben todos la importancia de lo que tienen por delante?“, le decía el Lula al ministro de la peor economía de los últimos 20 años en Argentina.

En un momento, según quedó registrado por los fotoperiodistas que estuvieron presentes en la reunión, empezó a realizar un punteo detallado: le preguntó por lo que está haciendo la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner; por el presidente, Alberto Fernández, por los gobernadores y por la CGT.

La comitiva argentina lo escuchaba y Massa asentía con la cabeza: “Sí, Presidente. Están todos trabajando“, le repetía. Según contaron periodistas de Página 12 que estuvieron en el avión presidencial a la vuelta, Massa bromeaba, pero todavía muy nervioso: “Lula parecía un puntero del conurbano bonaerense por el grado de detalle con el que preguntaba y pasaba lista“.

El presidente de Brasil le dijo a Massa que él había seguido de cerca “lo que pasó en las elecciones de 2015 en Argentina”, y que “por favor” no tenía que dejar que pasara lo mismo. “Hacé que se ordenen todos. “No podes perder, no hay espacio para perder. Hacé lo que tengas que hacer, pero ganá“.

Según los reportes, Massa se quedó sin palabras, y fue un funcionario de la comitiva argentina que le explicó a Lula que “ahora, a diferencia de 2015, hay un empoderamiento más importante de Sergio por parte de todos los sectores“, marcando la diferencia con lo que pasó durante la candidatura de Daniel Scioli, quien también estaba en el cuarto en su rol de embajador de la Argentina en Brasil, pero se mantuvo en silencio.

La comitiva argentina que estuvo en esa extraña y delirante reunión con “el jefe” Lula, además de Massa y Scioli; los secretarios de Industria, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo y la de Energía, Flavia Royón. Del lado brasilero, se sentó el ministro de Economía, Fernando Haddad; el asesor especial de Lula, Celso Amorim; el canciller Mauro Vieira y un representante del Banco du Brasil.

El equipo de Massa luego le dijo a la prensa que “aprendieron mucho” de la reunión con Lula. El ex convicto brasileño le habría dicho que él se sacó el color rojo de la vestimenta y se puso el blanco para la campaña, y de los acuerdos que hizo con el centro y la centro-derecha para ampliar la coalición y poder ganarle a Bolsonaro.

Cabe recordar que Lula tuvo que unirse con quien fuera su mayor opositor durante todos los gobiernos del PT hasta que apareció Bolsonaro, Gerardo Alckmin, a quien llevó de vicepresidente. Lo cual sería algo así como si en Argentina, Cristina Kirchner se presentara con Mauricio Macri de vice para vencer a Milei, una situación totalmente descabellada a la que tuvo que someterse el líder de la izquierda porque no le daban los votos para vencer a Jair Bolsonaro.

Lula terminó la reunión prometiéndole a Massa que le enviaría personas de su equipo que lo ayudaron con la campaña “para frenar a la derecha”, para que colaboren con los equipos de comunicación y estrategia del kirchnerismo.

Por último, en la comitiva comentaban que Lula dijo que grabaría un video que se movería más cerca de octubre en Argentina en el que tome postura dura en favor de Massa. “Voy a hablar de la importancia del Mercosur y los Brics, y del peligro que significaría el avance de la derecha en la región“, le dijo, quizás creyéndose, erróneamente, que la figura de Lula importa en Argentina, cuando la realidad es que le resta votos.