Se produjo un salto de más de un punto porcentual con respecto a diciembre del año pasado. El Gobierno de Lula confirmó que buscará revertir la reforma laboral de Bolsonaro y replicar la fallida experiencia de Pedro Sánchez en España.

La Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares de Brasil confirmó que la tasa de desocupación correspondiente al primer trimestre de 2023 escaló al 8,8% de la población activa, una cifra divulgada oficialmente por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Si bien en los primeros tres meses del año se espera siempre un alza en la desocupación por factores meramente estacionales que responden a la actividad, lo cierto es que superó los umbrales esperados. Asimismo, el desempleo al cierre de marzo aumentó con respecto al 7,9% heredado por la administración de Jair Bolsonaro, y también con respecto al 8,7% observado durante el tercer trimestre del año pasado.

El porcentaje de varones sin trabajo aumentó del 6,5% al 7,2% entre diciembre de 2022 y marzo de este año, mientras que en el segmento de las mujeres el umbral fue más alto y escaló del 9,8% al 10,8% en el mismo período. Para el segmento etario de entre 18 y 24 años (el empleo joven) se observó un fuerte salto del 16,4% al 18% tras el cambio de Gobierno.

La ralentización de la actividad económica durante el mes de enero jugó un rol preponderante para el deterioro del mercado laboral, aunque en febrero se registró un importante rebote. La tasa de desocupación desestacionalizada (sin efecto coyuntural propio del primer trimestre) fue del 8,42% en marzo de 2023, habiéndose prácticamente estancado con respecto al 8,41% registrado en diciembre del año pasado.

Si bien el desempleo sigue en los niveles más bajos desde agosto de 2015, el dinamismo con el cual se reducía parece haberse detenido. El Gobierno de Lula da Silva pretende avanzar con sus promesas de campaña y anunció un período de entre 3 y 6 meses para negociar una nueva reforma laboral.

Cabe señalar que el avance con la desregulación laboral llevada a cabo por Jair Bolsonaro se consiguió rebajar la desocupación desde el 12,7% en septiembre de 2021, y bajo la legislación anterior (la que estaba vigente durante la administración de Dilma Rousseff) el desempleo se disparó hasta el 13,3% en marzo de 2017, la cifra más extrema en 17 años por aquel entonces. 

Si bien la intención oficialista original era simplemente desmantelar todas las reformas de Bolsonaro, la débil posición política del Gobierno en el Parlamento hace que se busque negociar una reforma “a la española”, imitando la fallida experiencia impulsada por Pedro Sánchez.

Se pretende llevar a cabo una reforma similar a la de Sánchez, operando sobre las cláusulas de ultraactividad, una mayor presencia de las negociaciones colectivas centralizadas, y limitar parcialmente las modalidades de trabajo flexibles creadas con la reforma anterior.

Este tipo de reformas provocaron que España pierda completamente su capacidad para reducir el desempleo, que se estabilizó en el 12,8% para marzo de 2023 y permanece muy por encima del que tenía antes de la crisis internacional de 2008 a pesar de haber recuperado el mismo nivel de actividad. El fracaso en el mercado laboral español contrasta con otras experiencias exitosas en Grecia e Italia, ambos países que también sufrieron importantes turbulencias en materia de actividad y recesión.

Lula falló en derogar la ley de independencia del Banco Central y no encuentra el apoyo en el Congreso para remover al derechista Campos Neto de la entidad monetaria. Mientras tanto, la variación interanual del IPC cayó al 4,18% en el mes de abril.

El IBGE de Brasil confirmó oficialmente que el Índice de Precios al Consumidor Amplificado (IPCA) obtuvo una variación del 0,61% al cierre de abril. Se observó una ligera desaceleración con respecto al aumento del 0,71% en marzo y del 0,84% en febrero. Si bien los mercados esperaban un alza mucho menor (en torno al 0,54% mensual), el resultado acumulado de 12 meses sigue bajando.

Esto se debe pura y exclusivamente a la Ley de Autonomía del Banco Central, firmada en febrero del 2021 por el entonces presidente Jair Bolsonaro. A pesar de los intentos de Lula por derogar la ley e intervenir nuevamente la entidad monetaria, ha fracasado en todos sus ataques y la resiliencia del sistema que dejó Bolsonaro ha dado un shock de confianza al mercado brasilero.

Este tipo de legislaciones, que Bolsonaro debió negociar con dureza durante su gobierno y logró aprobar con mayoría en ambas cámaras, es parte de la herencia dorada que dejó el mandatario de derecha en su país.

La independencia del Banco Central sentó las bases para eliminar el riesgo de “dominancia fiscal” sobre la política monetaria, un problema crónico para la economía brasileña. De esta manera, el Tesoro Nacional puede gastar todo lo que quiera, pero el Banco Central no está obligado a financiarlo con emisión monetaria.

La decisión final recae pura y exclusivamente en el presidente del Banco Central de Brasil (BCB), actualmente el bolsonarista Roberto Campos Neto, quien se ha negado sistemáticamente a financiar las expansivas partidas de Lula que aumentan el gasto público.

Por el momento, y ante la imposibilidad de financiarse con emisión, Lula logró que el Congreso le aprobara una prórroga al techo de deuda, lo que ha llevado a masivos aumentos en el déficit fiscal para financiar estos programas sociales.

Pero sin emisión no hay inflación, y la tasa de inflación interanual cayó al 4,18% con respecto al mismo mes del año pasado, registrando así el dato más bajo desde octubre de 2020.

La meta del BCB fijada en el 3,25% de inflación interanual (con un grado de tolerancia de 150 puntos básicos) parece completamente factible para fin de año, y de hecho ya se cumple si se considera el margen de tolerancia.

El derechista Campos Neto resiste exitosamente todos los embates interventores de Lula da Silva por el momento, y esto solo fue posible gracias a las cláusulas y restricciones previstas por Bolsonaro para proteger la investidura de la autoridad monetaria.

El presidente socialista criticó públicamente la independencia del BCB y llegó a afirmar que “es ridículo tener un banco central independiente”, pero la normativa lo ata de manos y le impide monetizar el déficit fiscal.

De no existir la ley de Autonomía, Lula habría podido cumplir rápidamente su agenda política y habría removido a Campos Neto, con el fin de dar rienda libre a la holgura fiscal dispuesta sobre el Presupuesto 2023. Pero gracias a esta legislación vigente, su despido debe pasar por el Congreso.

Y si bien el presidente socialista logró aumentar en R$ 145.000 millones el techo de gastos, el déficit deberá ser financiado de forma no inflacionaria a través de la toma de más deuda pública.

El anuncio y la confirmación de la ley de autonomía en el marco de una economía como la de Brasil (con expectativas más ancladas que las de Argentina y Venezuela y con menores desequilibrios monetarios) provocó un shock de confianza que terminó por doblegar la inflación desde mediados de 2022, una vez superado el efecto rezago de la emisión monetaria por la pandemia.

Esto se condice con un fuerte aumento en la demanda efectiva de reales y sobre los agregados monetarios más amplios de la economía (los distintos depósitos en el sistema bancario).

Brasil se convirtió en el país que mejor administró el shock monetario provocado por la pandemia. La tasa SELIC de política monetaria reaccionó y aumentó desde principios de 2021, mucho antes que cualquier economía desarrollada. La tasa dejó de subir a partir de julio de 2022 y desde entonces continúa apostada en el 13,25% anual, manteniéndose holgadamente positiva en términos reales.

El nuevo decreto establece un nuevo gravamen sobre inversiones financieras, vencimientos de activos, ganancias financieras y remisión de dividendos que perciben residentes pero obtenidos fuera del país. El ajuste de las finanzas públicas recaerá íntegramente sobre el sector privado.

El Gobierno socialista del presidente Lula da Silva anunció un nuevo impuesto con el fin de sanear las ya muy deterioradas finanzas públicas del país. El Gobierno decretó un gravamen que afecta a las ganancias financieras obtenidas por contribuyentes locales en operaciones fuera de Brasil.

Esto incluye la inversión en diversos activos financieros, fideicomisos, bonos y dividendos obtenidos desde el exterior. Hasta ahora, Brasil gravaba las ganancias de capital por parte de residentes y no residentes con operaciones dentro del país, pero a partir de ahora la voracidad tributaria se amplía para tratar de tapar el agujero fiscal que deja el programa socialista.

Se aplicarán las siguientes tasas impositivas: Los ingresos de hasta R$ 6.000 no pagarán impuestos, los montos entre R$ 6.000 y R$ 50.000 tributarán una tasa del 15% y las ganancias superiores a los R$ 50.000 pagarán hasta un 22,5% (la misma alícuota marginal máxima para las ganancias de capital en jurisdicción local).

El decreto del Gobierno incluye una cláusula para considerar la valuación de los bienes derechos en el extranjero y actualizarlos a valores de mercado correspondiente al 31 de diciembre de 2022 para su tratamiento al momento de pagar el impuesto. En este caso, se tributa la diferencia por el costo de adquisición a una tasa del 10% y el impuesto el pago del impuesto se abona antes del 30 de noviembre de este año.

El ministro de Economía Fernando Haddad espera obtener una recaudación fiscal estimada en R$ 3.200 millones para el año 2023, R$ 3.600 millones para 2024 y hasta R$ 6.700 millones en 2025. La totalidad del ajuste fiscal esperado tendrá lugar sobre el esfuerzo del sector privado de la economía, a costa de una fuerte expansión de las erogaciones del Estado.

Solamente en lo que va de 2023, el Gobierno eliminó completamente el techo programado para el gasto público y aprobó una expansión por R$ 145.000 millones (equivalente a 28.000 millones de dólares). También abortó la posibilidad de mantener el equilibrio primario para el año fiscal 2023, y este objetivo se postergó para finales del año 2024.

El tributo anunciado por el oficialismo promete una recaudación anual que solamente alcanza para cubrir el 2,2% de la extensión permitida por el levantamiento del techo de gastos. Esto entra en contradicción con otras medidas tributarias como el aumento del mínimo no imponible para el impuesto de IRPF.

La regla fiscal propuesta por el Gobierno, conocida popularmente como “Calabozo fiscal” establece que las erogaciones no podrán crecer por encima del 70% de lo que aumente la recaudación fiscal. A partir de esta disposición, el Gobierno obtiene vía libre para aumentar el gasto público siempre y cuando también aumente la recaudación fiscal (algo que no podía hacerse con la regla fiscal anterior ejercida por Temer y Bolsonaro).

Pero la nueva regla sobre los gastos y los ingresos no estará vigente sino hasta el año próximo, con lo cual para 2023 el Gobierno de Lula únicamente se atañe a un muy flexible techo de gastos que logró expandir en US$ 28.000 millones hasta diciembre.