Se trata de la tercera caída consecutiva sobre el nivel de actividad en lo que va del 2023. La confianza empresarial de Chile permanece en los niveles más bajos desde la pandemia, en consecuencia de las fatídicas reformas llevadas a cabo por el presidente Boric.

El Banco Central de Chile informó que la actividad económica mensual medida por el índice IMACEC sufrió una modesta caída del 0,03% en abril según la serie desestacionalizada, y se observó una fuerte retracción del 1,1% con respecto al mismo mes del año pasado.

La actividad mensual cayó por tercer mes consecutivo, y al mismo tiempo las variaciones interanuales también marcaron tres meses seguidos de caída. Chile acumula un total de 17 meses en plena recesión, la economía se derrumbó hasta un 2,23% con respecto al nivel que tenía en noviembre de 2021.

De acuerdo al informe oficial del Banco Central, la mayor parte de la caída fue explicada por la merma de las ventas del comercio minorista, y en menor medida una ligera caída sobre la producción industrial. La actividad comercial se contrajo un 7,7% interanual y la producción manufacturera cayó un 2,5%.

Únicamente la producción minera logró aminorar parcialmente la caída de la actividad, y repuntó hasta un 3,1% interanual a pesar de la caída sobre los precios internacionales del cobre. Se trata del sector más dinámico y competitivo de Chile.

Por otra parte, el ingreso real por habitante (el índice IMACEC ajustado por población) sufrió una caída dramática de casi 4 puntos porcentuales desde noviembre de 2021. De hecho, el ingreso real promedio de los chilenos ya volvió a los niveles previos al estallido de las violentas protestas de la izquierda en septiembre de 2019.

La recesión ya está impactando de lleno sobre los principales indicadores sociales de la economía. La tasa de desocupación abierta alcanzó el 8,74% en febrero de este año y llegó al nivel más alto observado desde mayo de 2021.

Las reformas llevadas a cabo por el presidente Gabriel Boric boicotearon continuamente la tasa de crecimiento y la iniciativa inversora del sector privado. Probablemente la reforma más contundente en ese sentido sea la previsional, que atentó directamente contra la principal fuente explicativa del mercado de capitales en moneda doméstica.

El sistema de capitalización privada permitió generar una suerte de puente entre el ahorro de los cotizantes y el crédito para financiar proyectos de inversión en el sector privado. El crédito doméstico para el sector privado alcanzó a representar el 124,6% del PBI de Chile en 2020, partiendo de un nivel no superior al 20% en la primera mitad de la década de 1980.

El tamaño del mercado de capitales se contrajo brutalmente por debajo del 109% del PBI para 2021 según el Banco Mundial, y la tendencia para 2022 se habría profundizado aún más. La estatización parcial del sistema previsional constituye un error histórico que puso en jaque al motor que condujo el crecimiento económico de las últimas décadas.

El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas concluye que el índice de confianza empresarial retrocedió a los 41,4 puntos en abril de 2023, niveles históricamente bajas de acuerdo a la serie iniciada en 2004. Chile se encuentra en esta situación desde la segunda mitad de 2019, entre las violentas protestas, la pandemia y las reformas de Boric.

El presidente comunista chileno rechazó derogar la Alerta Sanitaria, que se mantiene hasta agosto, incluso luego de que la OMS diera por finalizada la alerta mundial por la pandemia.

El pasado 23 de marzo de 2023, fue publicado el Decreto 10, donde el presidente comunista Gabriel Boric, a través del Ministerio de Salud de Chile, extiende la vigencia de la Alerta Sanitaria en el país hasta el 31 de agosto de 2023.

Como se ha cubierto en este medio en las otras diez veces que se extendió la Alerta Sanitaria, esta medida ha servido para instalar una arquitectura política que por razones de “emergencia sanitaria” ha adquirido poderes extraordinarios y ha permitido un nivel de centralización en la toma de decisiones inconstitucional.

La cuarentena en Chile ha sido catalogada en su momento como una de las más represivas del mundo con sus ciudadanos en el tratamiento de las libertades civiles, como la libertad de tránsito, de expresión o de poder decidir qué hacer con tú cuerpo.

Boric incluso rechazó revisar el Decreto 10 este mes, cuando el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció oficialmente el fin de la pandemia como tal, y la rebaja de la alerta mundial por el SARS-CoV-2.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, ampliamente citado por los funcionarios de salud en Chile, precisó que “este es el fin de la Covid-19 como una emergencia sanitaria mundial“, aunque agregó: “Esto no significa que la Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, pero lo dijo por el lado de que podrían haber nuevas y más letales cepas en el futuro.

Instituciones promueven la “dictadura sanitaria”

Si bien las medidas en Chile han ido relajándose, no deja de presentarse como un caso especial dentro del entorno global. Recién el 9 de mayo de 2023 se dejó sin efecto el “Plan Fronteras Protegidas”, que obligaba la solicitud de prueba test PCR para ingresar a Chile; el certificado de vacunas covid-19; y testeos PCR aleatorios a los viajeros, una medida que destruyó el turismo en el país.

Y en el reporte diario siguen presentes las “Residencias Sanitarias”, sitios de aislamiento de las personas que reportan síntomas de Covid-19, cuyo número fluctúa en 133 camas disponibles, de las cuales solo 4 camas están siendo utilizadas según reporte diario Ministerio de Salud del 24 de mayo.

En la actualidad, además, diferentes servicios, como telefónicas, indican que poseen protocolos para servicio de atención presencial a los clientes, donde continúan usando mascarillas y sugieren a sus clientes usar. Así como también se constata en el Metro de Santiago, donde el uso de barbijos o mascarillas sigue siendo sugerido, como también sigue siendo obligatorio usar en recintos de salud.

Por otra parte, el Poder Judicial chileno continúa con un tétrico sistema de control, por instrucción de parte de las Cortes de Apelaciones hacia los Conservadores y Notarios o Escribanos del país se les exige informar sobre el personal contagiado COVID-19, personal contagiado hospitalizado, y personal que se encuentre en cuarentena preventiva. Además de indicar edificios cerrados por casos positivos o preventivos.

Otra de las preocupaciones que han asomado en Chile se refiere al exceso de mortalidad, que en el mes de febrero llegó a un 16%, llegando a ser de las más altas de Sudamérica, la que algunos analistas explican por la postergación de otros tratamientos y baja de diagnósticos por motivos del combate contra la pandemia.

Recientemente se registraron casi siete mil mujeres con cáncer, cuyos casos han vencido en sus plazos de atención, golpeando profundamente las listas de espera de salud en cáncer y VIH/SIDA.

Asimismo, diputados republicanos e independientes como Johannes Kaiser, Chiara Barchiesi, Gloria Naveillan, Mauricio Ojeda y la diputada del PC, Marisela Santibáñez, presentaron el Proyecto de Resolución —votado a favor por amplia mayoría— que insta al Presidente Boric a crear un fondo de compensación a todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios dañinos para la salud, como consecuencia de la vacunación contra el covid-19.

La presión para el nuevo tratado de pandemias, que está promoviendo la OMS y que le dará más poder a esta institución internacional global, es compartido por Ximena Aguilera, actual Ministra de Salud e indica “es por ello indispensable aumentar la solidaridad y la cooperación multilateral, y Chile está comprometido con ello, así como mejorar las capacidades de preparación prevención y respuesta ante emergencias sanitarias tanto a nivel global como regional y en cada uno de nuestros países con la OMS al centro de este proceso”.

Sobre esta situación la organización de profesionales de la salud e investigadores independientes, APSIIN, presentó un comunicado público ante los chilenos que señala su preocupación por la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) y el tratado pandémico OMS (CA+) y advierte que afectará la “libertad de expresión y de investigación”, junto con vulnerar la “soberanía sanitaria y económica de los países integrantes”.

Retrocedió al puesto 30° dentro de un ranking sobre 183 países analizados, la caída más fuerte para Chile desde la construcción del indicador. Los principales factores explicativos son la expansión irresponsable del gasto público y el deterioro de la garantía para los derechos de propiedad.

El Índice de Calidad Institucional (ICI) elaborado por la Fundación Friedrich Naumann correspondiente al año 2023, demostró un dramático panorama para Chile: a partir de las reformas impulsadas por el presidente comunista Gabriel Boric, el país retrocedió seis puestos y cayó al lugar 30° sobre un total de 183 países de la muestra.

Chile continúa siendo el país mejor posicionado en este ranking en la región de América Latina, pero retrocedió al puesto más bajo de la historia de acuerdo a la serie que reconstruye el indicador desde el año 1997.

Desde entonces, ningún Gobierno contribuyó tanto en deteriorar la calidad institucional del país como lo hace Boric, incluso en comparación con otras administraciones de izquierda como la de Michelle Bachelet.

El indicador se subdivide en dos grandes grupos: por una parte las “Instituciones de Mercado” que incluye indicadores de actividad económica de otras fundaciones y en segundo término las “Instituciones de Política” que aglutina indicadores del Banco Mundial y la percepción de la corrupción, entre otros.

Hubo dos causas principales para el pésimo desempeño de Chile: la expansión del gasto público y el deterioro de las garantías a los derechos de propiedad. De acuerdo al primer punto, el presupuesto presentado por Boric para el año fiscal 2023 prevé que las erogaciones aumenten en 4,2 puntos del PBI, pero tras el rechazo a su reforma tributaria no habrá ninguna compensación por esos gastos adicionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario de Chile aumentará al 1,5% del PBI para 2023 (habiendo partido de un superávit del casi 1 punto en 2022), mientras que el déficit financiero total del Gobierno escalará al 1,84% del PBI en el mismo período.

Por otra parte, la pérdida de garantías para los derechos de propiedad se materializó en la incertidumbre provocada alrededor de la Nueva Constitución y los cambios en las reglas de juego para los privados en la economía chilena, cuando los constituyentes de extrema izquierda querían impulsar la propiedad colectiva, legalizar las tomas y entregarle tierras a los indigenas.

La reciente victoria de la derecha en las elecciones constituyentes sentó un precedente positivo para despejar dudas en este aspecto, pero las acciones del Gobierno avanzan en sentido opuesto, y tardará tiempo en verse reflejado en este índice.

Además, el presidente Boric anunció la estatización de las explotaciones de litio en el país, siguiendo un patrón muy similar al que aplicó México con López Obrador y representando un giro total en relación a la postura que adoptó el país desde la década de 1980 (favorable a la privatización de la producción y el desplazamiento del “Estado empresario”). Lo mismo aplica para la fallida reforma tributaria que pretendía aprobar el oficialismo, con fuertes impuestos sobre las exportaciones tradicionales.

Si Chile aún ocupa el puesto más elevado de Sudamérica en materia de calidad institucional sin lugar a dudas es a pesar de los constantes embates del oficialismo. El Congreso Nacional en manos de la oposición ha logrado enterrar muchas iniciativas socialistas y el propio Banco Central de Chile (que mantiene firmemente su independencia) conforman la línea que evita que el país vuelva al colapso económico de la década de 1970.