El presidente comunista chileno rechazó derogar la Alerta Sanitaria, que se mantiene hasta agosto, incluso luego de que la OMS diera por finalizada la alerta mundial por la pandemia.

El pasado 23 de marzo de 2023, fue publicado el Decreto 10, donde el presidente comunista Gabriel Boric, a través del Ministerio de Salud de Chile, extiende la vigencia de la Alerta Sanitaria en el país hasta el 31 de agosto de 2023.

Como se ha cubierto en este medio en las otras diez veces que se extendió la Alerta Sanitaria, esta medida ha servido para instalar una arquitectura política que por razones de “emergencia sanitaria” ha adquirido poderes extraordinarios y ha permitido un nivel de centralización en la toma de decisiones inconstitucional.

La cuarentena en Chile ha sido catalogada en su momento como una de las más represivas del mundo con sus ciudadanos en el tratamiento de las libertades civiles, como la libertad de tránsito, de expresión o de poder decidir qué hacer con tú cuerpo.

Boric incluso rechazó revisar el Decreto 10 este mes, cuando el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció oficialmente el fin de la pandemia como tal, y la rebaja de la alerta mundial por el SARS-CoV-2.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, ampliamente citado por los funcionarios de salud en Chile, precisó que “este es el fin de la Covid-19 como una emergencia sanitaria mundial“, aunque agregó: “Esto no significa que la Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, pero lo dijo por el lado de que podrían haber nuevas y más letales cepas en el futuro.

Instituciones promueven la “dictadura sanitaria”

Si bien las medidas en Chile han ido relajándose, no deja de presentarse como un caso especial dentro del entorno global. Recién el 9 de mayo de 2023 se dejó sin efecto el “Plan Fronteras Protegidas”, que obligaba la solicitud de prueba test PCR para ingresar a Chile; el certificado de vacunas covid-19; y testeos PCR aleatorios a los viajeros, una medida que destruyó el turismo en el país.

Y en el reporte diario siguen presentes las “Residencias Sanitarias”, sitios de aislamiento de las personas que reportan síntomas de Covid-19, cuyo número fluctúa en 133 camas disponibles, de las cuales solo 4 camas están siendo utilizadas según reporte diario Ministerio de Salud del 24 de mayo.

En la actualidad, además, diferentes servicios, como telefónicas, indican que poseen protocolos para servicio de atención presencial a los clientes, donde continúan usando mascarillas y sugieren a sus clientes usar. Así como también se constata en el Metro de Santiago, donde el uso de barbijos o mascarillas sigue siendo sugerido, como también sigue siendo obligatorio usar en recintos de salud.

Por otra parte, el Poder Judicial chileno continúa con un tétrico sistema de control, por instrucción de parte de las Cortes de Apelaciones hacia los Conservadores y Notarios o Escribanos del país se les exige informar sobre el personal contagiado COVID-19, personal contagiado hospitalizado, y personal que se encuentre en cuarentena preventiva. Además de indicar edificios cerrados por casos positivos o preventivos.

Otra de las preocupaciones que han asomado en Chile se refiere al exceso de mortalidad, que en el mes de febrero llegó a un 16%, llegando a ser de las más altas de Sudamérica, la que algunos analistas explican por la postergación de otros tratamientos y baja de diagnósticos por motivos del combate contra la pandemia.

Recientemente se registraron casi siete mil mujeres con cáncer, cuyos casos han vencido en sus plazos de atención, golpeando profundamente las listas de espera de salud en cáncer y VIH/SIDA.

Asimismo, diputados republicanos e independientes como Johannes Kaiser, Chiara Barchiesi, Gloria Naveillan, Mauricio Ojeda y la diputada del PC, Marisela Santibáñez, presentaron el Proyecto de Resolución —votado a favor por amplia mayoría— que insta al Presidente Boric a crear un fondo de compensación a todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios dañinos para la salud, como consecuencia de la vacunación contra el covid-19.

La presión para el nuevo tratado de pandemias, que está promoviendo la OMS y que le dará más poder a esta institución internacional global, es compartido por Ximena Aguilera, actual Ministra de Salud e indica “es por ello indispensable aumentar la solidaridad y la cooperación multilateral, y Chile está comprometido con ello, así como mejorar las capacidades de preparación prevención y respuesta ante emergencias sanitarias tanto a nivel global como regional y en cada uno de nuestros países con la OMS al centro de este proceso”.

Sobre esta situación la organización de profesionales de la salud e investigadores independientes, APSIIN, presentó un comunicado público ante los chilenos que señala su preocupación por la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) y el tratado pandémico OMS (CA+) y advierte que afectará la “libertad de expresión y de investigación”, junto con vulnerar la “soberanía sanitaria y económica de los países integrantes”.

Retrocedió al puesto 30° dentro de un ranking sobre 183 países analizados, la caída más fuerte para Chile desde la construcción del indicador. Los principales factores explicativos son la expansión irresponsable del gasto público y el deterioro de la garantía para los derechos de propiedad.

El Índice de Calidad Institucional (ICI) elaborado por la Fundación Friedrich Naumann correspondiente al año 2023, demostró un dramático panorama para Chile: a partir de las reformas impulsadas por el presidente comunista Gabriel Boric, el país retrocedió seis puestos y cayó al lugar 30° sobre un total de 183 países de la muestra.

Chile continúa siendo el país mejor posicionado en este ranking en la región de América Latina, pero retrocedió al puesto más bajo de la historia de acuerdo a la serie que reconstruye el indicador desde el año 1997.

Desde entonces, ningún Gobierno contribuyó tanto en deteriorar la calidad institucional del país como lo hace Boric, incluso en comparación con otras administraciones de izquierda como la de Michelle Bachelet.

El indicador se subdivide en dos grandes grupos: por una parte las “Instituciones de Mercado” que incluye indicadores de actividad económica de otras fundaciones y en segundo término las “Instituciones de Política” que aglutina indicadores del Banco Mundial y la percepción de la corrupción, entre otros.

Hubo dos causas principales para el pésimo desempeño de Chile: la expansión del gasto público y el deterioro de las garantías a los derechos de propiedad. De acuerdo al primer punto, el presupuesto presentado por Boric para el año fiscal 2023 prevé que las erogaciones aumenten en 4,2 puntos del PBI, pero tras el rechazo a su reforma tributaria no habrá ninguna compensación por esos gastos adicionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario de Chile aumentará al 1,5% del PBI para 2023 (habiendo partido de un superávit del casi 1 punto en 2022), mientras que el déficit financiero total del Gobierno escalará al 1,84% del PBI en el mismo período.

Por otra parte, la pérdida de garantías para los derechos de propiedad se materializó en la incertidumbre provocada alrededor de la Nueva Constitución y los cambios en las reglas de juego para los privados en la economía chilena, cuando los constituyentes de extrema izquierda querían impulsar la propiedad colectiva, legalizar las tomas y entregarle tierras a los indigenas.

La reciente victoria de la derecha en las elecciones constituyentes sentó un precedente positivo para despejar dudas en este aspecto, pero las acciones del Gobierno avanzan en sentido opuesto, y tardará tiempo en verse reflejado en este índice.

Además, el presidente Boric anunció la estatización de las explotaciones de litio en el país, siguiendo un patrón muy similar al que aplicó México con López Obrador y representando un giro total en relación a la postura que adoptó el país desde la década de 1980 (favorable a la privatización de la producción y el desplazamiento del “Estado empresario”). Lo mismo aplica para la fallida reforma tributaria que pretendía aprobar el oficialismo, con fuertes impuestos sobre las exportaciones tradicionales.

Si Chile aún ocupa el puesto más elevado de Sudamérica en materia de calidad institucional sin lugar a dudas es a pesar de los constantes embates del oficialismo. El Congreso Nacional en manos de la oposición ha logrado enterrar muchas iniciativas socialistas y el propio Banco Central de Chile (que mantiene firmemente su independencia) conforman la línea que evita que el país vuelva al colapso económico de la década de 1970.

La locura de género empieza a chocar con la democracia en Chile. Por lo menos cinco concejeros constitucionales debieron cederle su banca a una mujer para manter el balance de género en el órgano constituyente.

El resultado del domingo en las elecciones constituyentes de Chile para conformar el Concejo Constitucional que escribirá la Nueva Constitución marcaron un triunfo sin precedentes para la derecha en Chile.

Entre el derechista Partido Republicano de José Antonio Kast y el centroderechista Chile Vamos, las fuerzas conservadoras obtuvieron más del 60% de los votos, y tendrán más de dos tercios de los 51 concejeros que decidirán los artículos de la Constitución que reemplazará la actual Carta Magna.

Para el nuevo intento de reformar la Constitución de Boric, las fuerzas que responden a Kast obtuvieron 23 bancas, mientras que las que responden a Piñera obtuvieron 11 escaños, lo que deja un bloque de 34 bancas que eclipsan completamente a la izquierda, donde la lista Unidad para Chile del presidente Boric obtuvo tan solo 16 bancas, mientras que los movimientos indígenas, 1 sola.

Sin embargo, una banca de Chile Vamos despertó la polémica por la delirante Ley de Paridad de Genero. Las fuerzas de centroderecha terminaron definiendo su 11avo concejero con una situación completamente antidemocrática.

En la región de O’Higgins, el empresario Juan Sutil quedó en primer lugar y se llevó cómodamente su banca con el 13,8% de los votos, pero gracias a la ley que establece que debe haber dos perfectas mitades de hombres y mujeres en el Concejo Constitucional, Sutil no será podrá acceder a su escaño.

Su banca, que Sutil la ganó para el partido Renovación Nacional (RN), terminó yendo a las manos de otra miembro del partido, de una lista disidente. Se trata de Ivonne Mangelsdorff, quien solo obtuvo el 1,7% de los votos.

El caso de Juan Sutil fue el más insólito por la diferencia de votos. Aunque ambos pertenecen al mismo partido, la banca será ocupada por una persona que obtuvo unas diez veces menos de votos. Esto es especialmente grave en un Concejo Constitucional, donde la interpretación de cada concejero responde más a su propia visión política que la de su partido.

Por el RN también ocurrió un caso parecido en la región de Los Ríos, donde José Urrutia, que había sacado el 15% de los votos, debió ceder su banca a Lorena Gallardo, que solo sacó 4% de los votos.

Una situación similar ocurrió dentro de las filas del derechista Partido Republicano, aunque afortunadamente con diferencias porcentuales menores. En la región de Coquimbo, Andrés Guerra (12%) tuvo que darle su banca a Gloria Paredes (8,9%).

En la Araucanía, por su parte, ocurrió lo mismo con Mario García (8,7%), quien no ingresará al Concejo y en su lugar obtendrá el escaño Mariela Fincheira (6,7%), ambos del Partido Republicano pero de diferentes sectores políticos.

En la izquierda, se registró un solo caso de esta locura antidemocrática, donde en la región de Atacama, Ricardo Nuñez (11%), le debió ceder su banca a Marcela Araya (7,0%), ambos del Partido Socialista (PS).