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Colombia

El plan de Petro para expropiar tierras bajo la excusa de la “democratización de terrenos improductivos”

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El comunista Gustavo Petro, que asumirá en agosto, ya trae consigo un modelo expropiador para aplicar desde el día uno que llegue a la Casa de Nariño.

Durante su campaña presidencial, el ex guerrillero Gustavo Petro promovió diferentes consignas de izquierda, pero una de las más populares contemplaba aumentar impuestos a las 4.000 personas más ricas del país.

Sin embargo, su asesor económico, Ricardo Bonilla, no tardó después de la victoria en afirmar que el aumento contemplaría a muchisimas personas más, y en vez del tan marketinero “1% más rico del país”, se buscará efectivamente gravar un porcentaje mayor de la población.

“Estamos hablando de los 4.000 más ricos, pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, que dijo que el uno por 1.000 de los que declaran renta tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se depuren activos vamos a llegar no al uno por mil, sino del 10 por 1.000, o sea que pasaríamos a 40.000” dijo Ricardo Bonilla en entrevista con Mañanas Blu.

No obstante, el plan económico sugiere entre líneas que esta cifra es un piso, dado que pretenden implementar nuevos impuestos no solamente a la renta, sino también al patrimonio. Ya se anunció que la DIAN (sistema fiscal colombiano) hará reformas para cambiar cargas y categorías.

Hay que señalar que el impuesto al patrimonio actualmente rige a partir de fortunas valuadas por 5.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1,11 millones de dólares); y el objetivo es bajarlo a los 1000 millones (222 mil dólares).

Es importante resaltar en este punto que los montos estipulados se calculan en moneda local y ante la galopante depreciación de la moneda, agravada por el resultado electoral, la base imponible aumentaría más de lo esperado.

Pero la situación va más allá de un avance tributario sobre la clase media, y quienes más preocupados están son los miembros del sector agroproductivo. El nuevo gobierno quiere implementar un impuestazo a extensiones de más de 1.000 hectáreas de tierra, al mismo tiempo que quiere llevar la iniciativa para gravar considerablemente lo que el estado considere como “tierras improductivas”.

En consecuencia, habrá mayores costos marginales para todos los productores, generando así aumentos en la cadena de abastecimiento de los alimentos colombianos. Sin embargo, si se ponen controles de precios, un gran porcentaje de productores eventualmente caerán en la quiebra y sus tierras serán rematadas por el estado.

El nuevo gobierno hará un catastro multipropósito, ya que Petro no esconde que quiere la “democratización” de la posesión de la tierra, para que los exguerrilleros se conviertan en capitalistas y empresarios del campo debido a que siempre los consideró como representantes de la ruralidad. Los medios locales anticipan que quienes firmaron el acuerdo de paz podrían estar dentro de la lista para recibir las tierras improductivas.

Posteriormente al catastro, no solo se fijará la metodología fiscal para la tierra, sino que se impondrá un cambio del uso de la misma, donde se buscará una conversión de ganadería por agricultura, permitiendo revertir aquello a lo que el gobierno-electo define como la inaceptable repartición del suelo colombiano.

Tal como afirmó la nueva ministra de agricultura Cecilia López: “Un millón de familias campesinas tienen menos tierra que una vaca”, queriendo aludir a una supuesta injusta posesión de la tierra y la improductividad que acompañaría.

Buena parte de las tierras dedicadas actualmente a la ganadería serán utilizadas para producción agrícola. Al que tiene una cabeza de ganado en una tierra muy fértil le caerá un impuesto muy alto. Si le dedica una parte a agricultura y otra a una ganadería productiva, eso le da una rentabilidad mucho más alta con la que puede pagar el catastro y, además, tener beneficios”, dijo.

Aunque los proyectos del gobierno entrante requerirán aprobación del Congreso, en los últimos días se vio como Petro sostuvo conversaciones con el fallido candidato presidencial Rodolfo Hernández, con el ex presidente Álvaro Uribe y repartió cargos al histórico y mal llamado “Partido Liberal”, agrupación perteneciente a la internacional-socialista. De esta forma, existen grandes probabilidades de que las iniciativas tengan éxito.

A pesar de haber acogido a más de dos millones de venezolanos (los cuales escapaban de un infierno comunista), el pueblo colombiano lamentablemente no ha comprendido las consecuencias sobre las decisiones de aquellos líderes que responden al Foro de San Pablo.

Así es como la historia vuelve a repetirse: gobiernos socialistas llegan al poder para destruir aquellos nichos que generan riqueza, expropiar tierras y crear hambre y miseria para el pueblo.

Se palpitan tiempos muy oscuros para aquellos países que han optado por elegir presidentes izquierdistas. La situación en casi toda Latino América es pesimista, por ello la reelección de Jair Bolsonaro en octubre de este año es crucial para equilibrar la balanza ideológica de la región.


Por Candela Sol Silva, para La Derecha Diario.

Colombia

Soros blanquea su apoyo a Petro y destina 16 millones de dólares para promover su agenda en Colombia

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El director ejecutivo de la fundación de Soros para América Latina anunció una millonaria inversión para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y al Gobierno para promover la “justicia climática y la justicia de género”.

Por años se especuló que el multimillonario George Soros, el mayor donante del Partido Demócrata en Estados Unidos, estaba detrás de las candidaturas de Gustavo Petro en Colombia. Esto quedó en evidencia después de la campaña del año pasado, donde el ex senador de extrema izquierda blanqueó sus vínculos con la Open Society Foundation.

En la pandemia hicimos un aumento de la inversión por toda la situación que teníamos acá, pero ahora, este año, vemos aún más oportunidades y estamos llegando a 16 millones de dólares en inversiones para 2023“, declaró el pasado martes a EFE el director ejecutivo de Open Society Foundations para América Latina y el Caribe, Pedro Abramovay.

Este dinero irá para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y financiar acciones de gobiernos locales y del Gobierno nacional para trabajar temas de justicia climática, justicia de género, seguridad, reducción de homicidios, democracia y política de drogas“, completó.

Estamos en un momento en el que la sociedad colombiana está discutiendo estos temas de manera muy fuerte y tenemos una oportunidad de apoyar a los grupos de la sociedad civil para que tengan más posibilidades“, agregó Abramovay.

Además, precisó que la Open Society está respaldando “organizaciones de derechos de mujeres, organizaciones afro, que van desde apoyo a organizaciones en sí para hacer su trabajo hasta la casa comunitaria que están apoyando en Buenaventura“.

La fuerte influencia de Soros en Colombia no es casualidad. La sede de su fundación en Latinoamérica está ubicada en Bogotá, mientras que tiene otra secundaria en Río de Janeiro, Brasil, y otra en el Distrito Federal de México.

Desde allí, apoyan decenas de organizaciones sociales, entre ellas ONG Temblores, que entre 2017 y 2019 recibió 155.000 dólares de la Open Society Foundations y, según denunció en mayo de 2021 el periodista Gustavo Rugeles, justo durante el paro promovido por la izquierda contra el entonces presidente Iván Duque, Temblores “promovió falsos positivos contra las Fuerzas Militares e impulsa campañas para acabar con el ESMAD (grupo antidisturbios) y reformar la Policía”.

Los tentáculos de Soros van más allá de Estados Unidos, donde le ha inyectado altas sumas de dinero a la agenda demócrata, incluyendo la promoción del aborto, campañas para la elección de fiscales para el fruade electoral y el activismo racial.

El año pasado también trascendió cómo 75 fiscales estadounidenses habrían sido elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de Soros a través de su Open Society Foundations. Según el Law Enforcement Legal Defense Fundunos 40 millones de dólares le sirvieron durante la última década para financiar campañas de fiscales, quienes para mediados de 2022 representaban a “más de uno de cada cinco estadounidenses”.

Estos fiscales han apostado por una justicia más laxa, como es el caso de Buta Biberaj, del condado de Loudoun, en Virginia, quien informó a comienzo de año que su oficina no participará directamente en el enjuiciamiento de ciertos cargos por delitos menores, como hurto, atropello y fuga con daños a la propiedad, eludir a la policía o beber en público.

Como destaca el periodista José Gregorio Martínez del Panam Post, estas medidas son muy similar a las porpuestos que promulgó Petro durante la campaña y una vez que llegó a la presidencia, donde dijo que quiere dejar de contar algunos delitos para reducir los índices de criminalidad.

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Colombia

A disfrutar lo votado: Le robaron todo a un YouTuber militante de Petro y ahora pide donaciones para poder comer

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El músico colombiano narró cómo vivió momentos de terror cuando un grupo de delincuentes entraron a su casa, lo encañonaron, y le robaron todas sus posesiones.

Alvin Schumaat, conocido simplemente como Alvinsch, contó a través de redes sociales los momentos de terror que vivió en enero pasado, cuando un grupo de al menos cinco personas irrumpió en su casa de campo para robarle a punta de pistola

El youtuber, quien vive en Colombia y cuyo canal se dedica a la crítica y composición musical, recurrió a sus redes sociales para explicar el motivo de su ausencia en YouTube, ya que llevaba algunas semanas sin publicar ningún contenido.

Alvinsch se convirtió en uno de los creadores de contenido en redes más famosos que brindó públicamente su apoyo por el entonces candidato a presidente de extrema izquierda, Gustavo Petro, quien hizo campaña con un mensaje de perdonar a la delincuencia y eliminar la mano dura.

El mismo Alvinsch tuiteó cuando Petro ganó la elección: “Perdió el miedo y el odio. Ganó el amor y el perdón“. Ahora, el youtuber colombiano disfruta de las consecuencias de su voto.

En otro tweet, después de que Petro ya asumiera la presidencia, Alvinsch se expresó a favor de las reformas en seguridad del mandatario comunista, que reducirían los poderes de la Policía en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Advirtiendo a sus seguidores que lo que estaba por contar era un tanto sensible para algunas personas, Alvinsch explicó que a mediados de enero, un grupo de hombres irrumpió en su casa en las afueras de Bogotá mientras él escuchaba música y su pareja realizaba un vídeo en vivo. 

“Hace un tiempo me vine al campo, porque estaba buscando una vida más pacífica y tranquila en la que pudiese dedicarme a estudiar, a hacer música y trabajar en el canal, pero ese deseo no es tan acorde con la realidad del país en el que vivo, así que esa realidad terminó llegando a mí“, narró Alvinsch en su vídeo fallando en darse cuenta de la ironía de la situación. 

Contó que los ladrones drogaron a su perra para que ésta no los atacara, y a ellos los amarraron y golpearon en reiteradas ocasiones para que les revelara dónde guardaba dinero. “Como no tenía mucho, los ladrones se llevaron todo mí equipo de producción audiovisual, salvo algunas guitarras acústicas y un micrófono“, reveló. 

Esto no debería sorprender a nadie. Desde la llegada de Petro al poder en agosto del año pasado, Colombia ha visto un repunte en la inseguridad como no vivía en años, y la economía se ha desbarrancado completamente.

Colombia sufre de la inflación más alta en décadas, el intento de establecer un esquema de control de precios ha generado desabastecimiento, y la propuesta de prohibir la explotación de hidrocarburos ha llevado al cierre de varios pozos, dejando al sistema energético en una situación delicada.

La crisis afecta incluso a la izquierda caviar que votó y militó a este gobierno. El propio Avinsch, después de contar su historia, anunció a sus 1,27 millones de seguidores que realizará una colecta en su cumpleaños -este 17 de febrero- para poder recuperarse económicamente. “No puedo ni comprar el alimento para mis mascotas desde que me robaron“, se lamentó en vivo.

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Colombia

Petro presenta el plan para estatizar el sistema de salud en Colombia: Quiere replicar el esquema cubano

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La reforma plantea la socialización del sistema de salud, poniendo en riesgo la provisión de servicios indispensables para la población. La Vicepresidente de la República anunció que el Gobierno pretende replicar el sistema cubano en Colombia. 

El Gobierno comunista de Gustavo Petro lanza una nueva ofensiva para la socialización de la economía colombiana. Se presentó una reforma integral del sistema de salud para su virtual estatización, un cambio que promete disminuir radicalmente el rol de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para dar paso a la planificación centralizada.

Este lunes el oficialismo presentó su proyecto oficialmente ante la Asamblea Nacional de Departamentos. La Vicepresidente del país Francia Márquez explicó públicamente que el Gobierno busca replicar el sistema de salud cubano, adecuándolo a las características de Colombia y permitiendo una “transición” sobre la cual el sector privado perdería gradualmente protagonismo hasta prácticamente desaparecer.

Se pone en peligro la provisión de servicios públicos esenciales, de la misma manera en que ocurre en Cuba o Venezuela, con sistemas virtualmente socializados pero sin recursos o incentivos suficientes como para sostener un estándar mínimo de calidad.

Los principales puntos del proyecto socialista

Eliminación gradual de las EPS y estatización de servicios

La principal reforma del proyecto de Gustavo Petro es la erradicación de la llamada “ley 100” sancionada en el año 1993, y por la cual se garantiza un sistema de salud mixto con una amplia participación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en conjunto con los servicios de provisión estatal. 

A su vez, dentro de los servicios provistos por el sector privado operan dos esferas distintas: el sistema contributivo, donde los socios aportan y reciben una contraprestación en servicios médicos, y por otro lado el sistema subsidiado sobre el cuál el Estado colombiano destina fondos a las EPS para ofrecer servicios sin cargos (o con cargos recortados) a sectores vulnerables. 

A partir de la reforma las EPS perderán completamente su rol en el sistema subsidiado, este segmento del mercado será estatizado. Se propone poner fin al sistema de recobros, por lo que el pago de los servicios médicos en este sector se efectuará directamente a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

Por otra parte, las EPS enfrentan una severa crisis financiera en los últimos años debido a que el Estado colombiano retrasó sistemáticamente el debido pago de subsidios por las prestaciones dadas. El Gobierno de Petro, en lugar de atender sus obligaciones, decidió declarar la insolvencia de muchas de estas entidades y proceder con su liquidación.

Si bien el Gobierno reiteró que no pretende eliminar la participación privada en el sistema, las nuevas normativas y la falta de pago en los subsidios atrasados generan las condiciones propicias para que, en la práctica, se produzca la eliminación gradual pero sostenida de las EPS. 

Ampliación del sistema estatal

La reforma otorga una especial atención a los Centros de Atención Primaria (CAP), en los cuales el Estado tendrá el rol rector para ofrecer los servicios. Se pretende ampliar considerablemente el gasto público orientado a esta partida, a fin de incrementar la presencia de estos centros en la mayor parte de los municipios del país. 

“La EPS no funciona como el eje institucional, sino el Centro de Atención Primaria; que puede ser público o privado. La EPS puede, si quiere, sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con Centros de Atención Primaria”, declaró el presidente Petro. 

Ampliación de la burocracia

La reforma crea el Consejo Nacional de Salud, un organismo burocrático que será dirigido desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y cuya principal función será la “concertación de iniciativas en materia de política pública de salud”. 

Asimismo, en simultáneo se propone la creación de múltiples Consejos Territoriales de Salud, cuya principal función será hacer cumplir las disposiciones del CNS a nivel nacional. El proyecto dispone, además, que serán facultados para “proponer políticas específicas a desarrollar en el respectivo territorio, según las necesidades identificadas y los objetivos definidos en él, en concordancia con los criterios, metas y estrategias definidas en la política pública nacional de salud”. 

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