Colombia
El plan de Petro para expropiar tierras bajo la excusa de la “democratización de terrenos improductivos”
El comunista Gustavo Petro, que asumirá en agosto, ya trae consigo un modelo expropiador para aplicar desde el día uno que llegue a la Casa de Nariño.

Durante su campaña presidencial, el ex guerrillero Gustavo Petro promovió diferentes consignas de izquierda, pero una de las más populares contemplaba aumentar impuestos a las 4.000 personas más ricas del país.
Sin embargo, su asesor económico, Ricardo Bonilla, no tardó después de la victoria en afirmar que el aumento contemplaría a muchisimas personas más, y en vez del tan marketinero “1% más rico del país”, se buscará efectivamente gravar un porcentaje mayor de la población.
“Estamos hablando de los 4.000 más ricos, pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, que dijo que el uno por 1.000 de los que declaran renta tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se depuren activos vamos a llegar no al uno por mil, sino del 10 por 1.000, o sea que pasaríamos a 40.000” dijo Ricardo Bonilla en entrevista con Mañanas Blu.
No obstante, el plan económico sugiere entre líneas que esta cifra es un piso, dado que pretenden implementar nuevos impuestos no solamente a la renta, sino también al patrimonio. Ya se anunció que la DIAN (sistema fiscal colombiano) hará reformas para cambiar cargas y categorías.
Hay que señalar que el impuesto al patrimonio actualmente rige a partir de fortunas valuadas por 5.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1,11 millones de dólares); y el objetivo es bajarlo a los 1000 millones (222 mil dólares).
Es importante resaltar en este punto que los montos estipulados se calculan en moneda local y ante la galopante depreciación de la moneda, agravada por el resultado electoral, la base imponible aumentaría más de lo esperado.
Pero la situación va más allá de un avance tributario sobre la clase media, y quienes más preocupados están son los miembros del sector agroproductivo. El nuevo gobierno quiere implementar un impuestazo a extensiones de más de 1.000 hectáreas de tierra, al mismo tiempo que quiere llevar la iniciativa para gravar considerablemente lo que el estado considere como “tierras improductivas”.
En consecuencia, habrá mayores costos marginales para todos los productores, generando así aumentos en la cadena de abastecimiento de los alimentos colombianos. Sin embargo, si se ponen controles de precios, un gran porcentaje de productores eventualmente caerán en la quiebra y sus tierras serán rematadas por el estado.
El nuevo gobierno hará un catastro multipropósito, ya que Petro no esconde que quiere la “democratización” de la posesión de la tierra, para que los exguerrilleros se conviertan en capitalistas y empresarios del campo debido a que siempre los consideró como representantes de la ruralidad. Los medios locales anticipan que quienes firmaron el acuerdo de paz podrían estar dentro de la lista para recibir las tierras improductivas.
Posteriormente al catastro, no solo se fijará la metodología fiscal para la tierra, sino que se impondrá un cambio del uso de la misma, donde se buscará una conversión de ganadería por agricultura, permitiendo revertir aquello a lo que el gobierno-electo define como la inaceptable repartición del suelo colombiano.
Tal como afirmó la nueva ministra de agricultura Cecilia López: “Un millón de familias campesinas tienen menos tierra que una vaca”, queriendo aludir a una supuesta injusta posesión de la tierra y la improductividad que acompañaría.
“Buena parte de las tierras dedicadas actualmente a la ganadería serán utilizadas para producción agrícola. Al que tiene una cabeza de ganado en una tierra muy fértil le caerá un impuesto muy alto. Si le dedica una parte a agricultura y otra a una ganadería productiva, eso le da una rentabilidad mucho más alta con la que puede pagar el catastro y, además, tener beneficios”, dijo.
Aunque los proyectos del gobierno entrante requerirán aprobación del Congreso, en los últimos días se vio como Petro sostuvo conversaciones con el fallido candidato presidencial Rodolfo Hernández, con el ex presidente Álvaro Uribe y repartió cargos al histórico y mal llamado “Partido Liberal”, agrupación perteneciente a la internacional-socialista. De esta forma, existen grandes probabilidades de que las iniciativas tengan éxito.
A pesar de haber acogido a más de dos millones de venezolanos (los cuales escapaban de un infierno comunista), el pueblo colombiano lamentablemente no ha comprendido las consecuencias sobre las decisiones de aquellos líderes que responden al Foro de San Pablo.
Así es como la historia vuelve a repetirse: gobiernos socialistas llegan al poder para destruir aquellos nichos que generan riqueza, expropiar tierras y crear hambre y miseria para el pueblo.
Se palpitan tiempos muy oscuros para aquellos países que han optado por elegir presidentes izquierdistas. La situación en casi toda Latino América es pesimista, por ello la reelección de Jair Bolsonaro en octubre de este año es crucial para equilibrar la balanza ideológica de la región.
Por Candela Sol Silva, para La Derecha Diario.
Colombia
El Gobierno de Petro quiere crear una empresa estatal de minería para regular fuertemente al sector
El Gobierno presentó un proyecto para reformar la ley de minería vigente desde el año 2001, incrementando notoriamente el peso y el rol del Estado en uno de los sectores más competitivos del país.

El Gobierno socialista de Gustavo Petro presentó un proyecto para reformar el sistema minero de Colombia, con el objetivo de desalentar forzosamente la descarbonización en contra de las ventajas comparativas y las exportaciones que cada año realiza el país.
Se propone modificar el Código de Minas que se rige por la Ley 685 del año 2001. Las nuevas regulaciones propuestas limitan los contratos de concesión con empresas privadas, incrementan el peso de las regalías que percibe el Estado, amplía la cantidad de tierras excluidas de la explotación minera legal, y propone crear una nueva empresa estatal a cargo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Se propone dar inicio a la estatal “Ecominerales” con el objetivo expreso de regular a las empresas competidoras en el sector minero. Cubrirá un gran número de actividades, comenzando inicialmente con la comercialización de oro.
Otra de las funciones de la eventual empresa estatal será el lanzamiento de una serie de créditos artificialmente baratos para pequeños productores mineros, todo esto a cuenta de mayores pérdidas que deberán ser absorbidas por el Estado nacional (y la sociedad en última instancia).
El nuevo marco regulatorio favorecerá a los pequeños mineros tradicionales con escasa productividad, en detrimento de las empresas multinacionales que logran exportar y traer divisas para el país. La “descentralización” forzosa de la ritualización minera tiene el potencial de diezmar la productividad del sector.
Es la segunda gran ofensiva contra la minería desde diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro logró sancionar su reforma tributaria en el Congreso. La misma elevó fuertemente la carga impositiva para las empresas desde el 35% al 47%, según una escala progresiva.
Para los productores de carbón la sobretasa impositiva llegó al 56%, el sector más severamente castigado por la reforma. Asimismo, se estableció una sobretasa de entre el 5% y el 15% sobre el impuesto de sociedades para las empresas del sector petrolero.
La distribución de dividendos (que afecta a todas las empresas) pasó de gravarse del 10% al 20% con la reforma, una de las tasas más exigentes de la región.
Otro punto relevante de la reforma de Petro fue la adopción del “impuesto mínimo corporativo” con una tasa del 15%, en sintonía con el pedido internacional del presidente demócrata Joe Biden.
Colombia
Petro boicotea la reforma sobre el mercado de capitales y Colombia podría ser recategorizada como “mercado de frontera”
La agenda socialista del Gobierno no mostró mayor importancia por el avance en la desregulación del mercado de capitales colombiano, una condición necesaria para evitar que el país pierda su estatus como economía emergente.

El presidente socialista Gustavo Petro está decidido a boicotear una serie de reformas que habían sido programadas por la administración anterior, entre ellas la reforma del mercado de capitales para permitir una mayor flexibilidad regulatoria y adoptar estándares internacionales.
El Gobierno no quiere avanzar en este aspecto, y el proyecto de ley originalmente discutido durante el mandato de Iván Duque ahora naufraga en el Congreso sin ningún destino aparente en el corto plazo.
Las regulaciones locales limitan fuertemente las transacciones de todo tipo de activos, haciendo que el sistema se mantenga excesivamente sesgado hacia el mercado de renta fija (un hecho que denota la falta de desarrollo del sector).
La firma JP Morgan advirtió que la economía colombiana podría ser recategorizada de “país emergente” a “país de frontera”, el mismo estatus que actualmente mantienen Argentina y Venezuela, ambos en presencia de los peores desastres económicos perpetrados en la región.
La recategorización no es algo trivial. Podría desalentar gravemente el interés de los capitales internacionales para desarrollar la inversión extranjera directa en el país, especialmente en el tipo de inversión “Greenfield” en la cual una empresa matriz extranjera construye “desde cero” su filial en el país.
Por otra parte, las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno también socavan el apetito inversor. La reforma tributaria incrementa sideralmente la presión fiscal sobre el sector petrolero, el más dinámico del país y directamente vinculado con el comercio internacional.
Por otra parte, la reforma previsional del socialismo propone unificar el sistema en perjuicio del ahorro y la capitalización del país. El actual sistema competitivo será virtualmente reemplazado por uno sustentado sobre los pilares: un haber mínimo por $500.000 mensuales de carácter no contributivo, y posteriormente una cotización forzosa a Colpensiones sobre la base de entre 1 y 4 salarios mínimos.
La experiencia chilena demostró que el desarrollo del sistema de capitalización individual constituye un elemento fundamental para la expansión del mercado de capitales en moneda doméstica, pero el proyecto del Gobierno de Petro una vez más avanza en dirección contraria.
Colombia
La actividad económica de Colombia se desplomó en el segundo trimestre tras el impuestazo de Petro
Las reformas del Gobierno socialista espantan las inversiones y deterioran la competitividad del país. La economía sufrió una fuerte reversión al término de la primera mitad del año, registrando la primera caída en 8 trimestres.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia confirmó oficialmente que el PBI sufrió una fuerte caída del 1% en el segundo trimestre del año, después de haber crecido hasta un 1,4% en el período precedente. Se trata de la primera caída registrada en 8 trimestres.
La tasa de crecimiento interanual de la economía cayó a sólo el 0,3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, el registro más modesto desde el primer trimestre de 2021.
La desaceleración de la actividad económica se produce en un contexto inflacionario aún tumultuoso para los estándares de Colombia. La variación interanual del IPC alcanzó el 11,8% en julio de 2023, una de las cifras más altas de la región con la evidente excepción de Argentina y Venezuela.
Las reformas impulsadas por el presidente socialista Gustavo Petro son las principales responsables de la desaceleración económica y la inflexibilidad a la baja de las expectativas de inflación.
La actividad se vio severamente afectada por la reforma tributaria que promulgó el oficialismo en diciembre del año pasado. Petro estableció un nuevo impuesto sobre el patrimonio (homólogo a Bienes Personales en Argentina), elevó la tasa del impuesto de sociedades del 35% al 47% para empresas petroleras, y un recargo impositivo de hasta el 56% en el caso de la producción de carbón.
Por otra parte, el impuesto aplicado sobre los dividendos empresariales se duplicó del 10% al 20%, incrementando notoriamente la tasa efectiva sobre las sociedades que operan en el país. La reforma significó un golpe contundente a la competitividad fiscal de Colombia frente a otros países.
El clima inversor del país también sufrió una reversión por las medidas del oficialismo. El presidente Petro socavó los derechos de propiedad e intervino todas las comisiones reguladas de servicios públicos para congelar tarifas a discreción.
Estas medidas incluyeron a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC). Sus respectivas funciones pasaron a supervisarse bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior.
La calificadora de riesgo Moody’s Investors advirtió que las reformas socialistas están destruyendo el atractivo del país para los inversores, adoptando medidas que fueron típicas del kirchnerismo en Argentina y el chavismo en Venezuela.
“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, advierte Moody’s.
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas de Colombia confirmó que las principales empresas petroleras operativas en el país reducirán su inversión prevista para 2023 en por lo menos un 33%. Se pone en jaque al sector más dinámico del país, responsable de la generación del 42% de las exportaciones anuales.
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