El Gobierno presentó un proyecto para reformar la ley de minería vigente desde el año 2001, incrementando notoriamente el peso y el rol del Estado en uno de los sectores más competitivos del país.

El Gobierno socialista de Gustavo Petro presentó un proyecto para reformar el sistema minero de Colombia, con el objetivo de desalentar forzosamente la descarbonización en contra de las ventajas comparativas y las exportaciones que cada año realiza el país.

Se propone modificar el Código de Minas que se rige por la Ley 685 del año 2001. Las nuevas regulaciones propuestas limitan los contratos de concesión con empresas privadas, incrementan el peso de las regalías que percibe el Estado, amplía la cantidad de tierras excluidas de la explotación minera legal, y propone crear una nueva empresa estatal a cargo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Se propone dar inicio a la estatal “Ecominerales” con el objetivo expreso de regular a las empresas competidoras en el sector minero. Cubrirá un gran número de actividades, comenzando inicialmente con la comercialización de oro.

Otra de las funciones de la eventual empresa estatal será el lanzamiento de una serie de créditos artificialmente baratos para pequeños productores mineros, todo esto a cuenta de mayores pérdidas que deberán ser absorbidas por el Estado nacional (y la sociedad en última instancia).

El nuevo marco regulatorio favorecerá a los pequeños mineros tradicionales con escasa productividad, en detrimento de las empresas multinacionales que logran exportar y traer divisas para el país. La “descentralización” forzosa de la ritualización minera tiene el potencial de diezmar la productividad del sector.

Es la segunda gran ofensiva contra la minería desde diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro logró sancionar su reforma tributaria en el Congreso. La misma elevó fuertemente la carga impositiva para las empresas desde el 35% al 47%, según una escala progresiva.

Para los productores de carbón la sobretasa impositiva llegó al 56%, el sector más severamente castigado por la reforma. Asimismo, se estableció una sobretasa de entre el 5% y el 15% sobre el impuesto de sociedades para las empresas del sector petrolero.

La distribución de dividendos (que afecta a todas las empresas) pasó de gravarse del 10% al 20% con la reforma, una de las tasas más exigentes de la región.

Otro punto relevante de la reforma de Petro fue la adopción del “impuesto mínimo corporativo” con una tasa del 15%, en sintonía con el pedido internacional del presidente demócrata Joe Biden.

La agenda socialista del Gobierno no mostró mayor importancia por el avance en la desregulación del mercado de capitales colombiano, una condición necesaria para evitar que el país pierda su estatus como economía emergente.

El presidente socialista Gustavo Petro está decidido a boicotear una serie de reformas que habían sido programadas por la administración anterior, entre ellas la reforma del mercado de capitales para permitir una mayor flexibilidad regulatoria y adoptar estándares internacionales.

El Gobierno no quiere avanzar en este aspecto, y el proyecto de ley originalmente discutido durante el mandato de Iván Duque ahora naufraga en el Congreso sin ningún destino aparente en el corto plazo.

Las regulaciones locales limitan fuertemente las transacciones de todo tipo de activos, haciendo que el sistema se mantenga excesivamente sesgado hacia el mercado de renta fija (un hecho que denota la falta de desarrollo del sector).

La firma JP Morgan advirtió que la economía colombiana podría ser recategorizada de “país emergente” a “país de frontera”, el mismo estatus que actualmente mantienen Argentina y Venezuela, ambos en presencia de los peores desastres económicos perpetrados en la región.

La recategorización no es algo trivial. Podría desalentar gravemente el interés de los capitales internacionales para desarrollar la inversión extranjera directa en el país, especialmente en el tipo de inversión “Greenfield” en la cual una empresa matriz extranjera construye “desde cero” su filial en el país.

Por otra parte, las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno también socavan el apetito inversor. La reforma tributaria incrementa sideralmente la presión fiscal sobre el sector petrolero, el más dinámico del país y directamente vinculado con el comercio internacional.

Por otra parte, la reforma previsional del socialismo propone unificar el sistema en perjuicio del ahorro y la capitalización del país. El actual sistema competitivo será virtualmente reemplazado por uno sustentado sobre los pilares: un haber mínimo por $500.000 mensuales de carácter no contributivo, y posteriormente una cotización forzosa a Colpensiones sobre la base de entre 1 y 4 salarios mínimos.

La experiencia chilena demostró que el desarrollo del sistema de capitalización individual constituye un elemento fundamental para la expansión del mercado de capitales en moneda doméstica, pero el proyecto del Gobierno de Petro una vez más avanza en dirección contraria.

Las reformas del Gobierno socialista espantan las inversiones y deterioran la competitividad del país. La economía sufrió una fuerte reversión al término de la primera mitad del año, registrando la primera caída en 8 trimestres.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia confirmó oficialmente que el PBI sufrió una fuerte caída del 1% en el segundo trimestre del año, después de haber crecido hasta un 1,4% en el período precedente. Se trata de la primera caída registrada en 8 trimestres.

La tasa de crecimiento interanual de la economía cayó a sólo el 0,3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, el registro más modesto desde el primer trimestre de 2021.

La desaceleración de la actividad económica se produce en un contexto inflacionario aún tumultuoso para los estándares de Colombia. La variación interanual del IPC alcanzó el 11,8% en julio de 2023, una de las cifras más altas de la región con la evidente excepción de Argentina y Venezuela.

Las reformas impulsadas por el presidente socialista Gustavo Petro son las principales responsables de la desaceleración económica y la inflexibilidad a la baja de las expectativas de inflación.

La actividad se vio severamente afectada por la reforma tributaria que promulgó el oficialismo en diciembre del año pasado. Petro estableció un nuevo impuesto sobre el patrimonio (homólogo a Bienes Personales en Argentina), elevó la tasa del impuesto de sociedades del 35% al 47% para empresas petroleras, y un recargo impositivo de hasta el 56% en el caso de la producción de carbón.

Por otra parte, el impuesto aplicado sobre los dividendos empresariales se duplicó del 10% al 20%, incrementando notoriamente la tasa efectiva sobre las sociedades que operan en el país. La reforma significó un golpe contundente a la competitividad fiscal de Colombia frente a otros países.

El clima inversor del país también sufrió una reversión por las medidas del oficialismo. El presidente Petro socavó los derechos de propiedad e intervino todas las comisiones reguladas de servicios públicos para congelar tarifas a discreción.

Estas medidas incluyeron a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC). Sus respectivas funciones pasaron a supervisarse bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior.

La calificadora de riesgo Moody’s Investors advirtió que las reformas socialistas están destruyendo el atractivo del país para los inversores, adoptando medidas que fueron típicas del kirchnerismo en Argentina y el chavismo en Venezuela.

“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, advierte Moody’s.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas de Colombia confirmó que las principales empresas petroleras operativas en el país reducirán su inversión prevista para 2023 en por lo menos un 33%. Se pone en jaque al sector más dinámico del país, responsable de la generación del 42% de las exportaciones anuales.