Tras el rechazo del tribunal supremo de Colombia al decreto que intervenía las tarifas, el Presidente socialista va por todo y presentará una reforma en el Congreso para boicotear la independencia de las comisiones reguladoras de manera definitiva.

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana presidido por Gustavo Petro encabeza un nuevo capítulo en el avance contra la seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo debió retroceder con su Decreto 0227 por medio del cual intervenía todas las tarifas de los servicios públicos, debido a un fallo del Consejo de Estado de Colombia (el tribunal supremo del país).

El decreto dotaba al Presidente de poderes especiales para asumir el control y la dirección de las facultades delegadas en las comisiones reguladoras de servicios públicos, entre ellas encargadas de relevar la provisión de agua potable y saneamiento, la electricidad y el sector energético.

Las medidas le permitían a Petro el poder para fijar tarifas a discreción, modificar deliberadamente las condiciones pactadas para la liberalización gradual de la competencia en los mercados regulados, la definición misma para la metodología sobre los cálculos tarifarios, y la determinación de los cargos por servicios de despacho y coordinación en los servicios alcanzados. Esto implicaba una lisa y llana violación de los contratos de concesión con las empresas prestadoras de servicios.

Ante la negativa de la Justicia, el Gobierno del socialismo anunció públicamente que presentará una reforma integral sobre el sistema de servicios públicos del país, precisamente para convalidar todas las potestades que enunciaba el fallido decreto, pero ya no con un carácter meramente transitorio como antes (que se limitaba un período de 3 meses).

Un total de 15 exministros de Energía, 2 exviceministros y 8 excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtieron por las consecuencias catastróficas que provocarían las medidas que pretende aprobar el presidente Petro.

Este grupo de implicados y expertos en energía y regulación de servicios expidió una carta abierta al público, en donde señalaron lo siguiente: “La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.

Se corre el riesgo de producir un deterioro sobre la capitalización y el mantenimiento de los servicios afectados, de la misma manera en que ocurrió en Argentina y Venezuela cuando las tarifas fueron deliberadamente intervenidas.

La distorsión de precios relativos demostró ser una herramienta increíblemente ineficaz para combatir la inflación, y con brutales costos en materia de asignación eficiente de recursos. Este tipo de medidas fracasan irremediablemente en todas las experiencias del “socialismo del siglo XXI”.

A pesar de su discurso ecologista, el presidente de izquierda de Colombia impuso los aranceles en un momento especialmente delicado para la industria automotriz, signado por fuertes caídas en el volumen de ventas en respuesta a la inflación y el alza de las tasas de interés.

La vocación proteccionista del presidente Gustavo Petro vuelve a salir en la agenda pública por el anuncio de una nueva reforma arancelaria para la importación de vehículos. El Gobierno propone derogar completamente el Decreto 2051 de noviembre de 2019, por medio del cual se establecía una tarifa arancelaria del 0% para autos eléctricos, aplicable para países que no tuvieran acuerdos comerciales previos con Colombia (principalmente favoreciendo la importación desde China y Japón).

La propuesta de Petro consiste en eliminar este régimen de arancel cero e imponer el “Programa de Fomento para la Industria Automotriz” (PROFIA) por medio del cual se crearía un cupo determinado (aún no especificado) de vehículos eléctricos que pueden ingresar a Colombia sin pagar aranceles. Una vez superado ese cupo, se aplica la tasa general para vehículos que alcanza el 35% nominal sobre el valor CIF de la importación.

Mucho ojo que el ministro de hacienda Ricardo Bonilla está a punto de ponerle arancel a la importación de carros eléctricos en colombia.

Por medio de esta resolución quieren derogar el artículo 3 del decreto 2051/19 que estableció un arancel de 0%

¿Transición energética? 👀 pic.twitter.com/q5vTARydyE

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 5, 2023

Esto supone un enrarecimiento masivo sobre este tipo de autos, que rápidamente podría llegar a desplazarlos completamente del mercado ya que solo representan el 1% de la oferta vehicular en el país. 

Si se confirman las medidas, los precios internos podrían aumentar incluso antes de la aplicación efectiva de los aranceles. Los proveedores y las concesionarias podrían anticiparse en el traslado a precios, tal y como suele suceder con las medidas de aplicación para el comercio exterior.

Las medidas significa otro duro golpe para las empresas automotrices, ya que el volumen general de ventas (tanto de autos nacionales como importados) se desplomó fuertemente en 2022 debido al alza inflacionaria y la suba de las tasas de interés por parte del Banco Central de Colombia.  

Irónicamente, el proyecto de Petro boicotea su propia agenda por la “transición energética”, tan defendida y esforzada por la izquierda. Se desalienta el uso de vehículos eléctricos mediante un cambio de precios relativos favorable a los medios de transporte más tradicionales, y todo esto en nombre de la “reindustrialización” y de viejas cláusulas que ya quedaron en desuso en el siglo pasado.

Las medidas del Gobierno socialista se contradicen entre sí, ya que desde el “Plan Nacional de Desarrollo” plasmado en la Ley de presupuesto 2023 se incluyen subsidios y partidas de gasto público para el desarrollo de energías renovables, y por otro lado se implementan medidas arancelarias en la dirección opuesta. El esquema general de política económica luce completamente disfuncional.

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana desplegó una agenda marcadamente proteccionista que pretende revertir el proceso de apertura comercial comenzando en las últimas dos décadas.

Las intenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro son claras: se apunta a cerrar la economía todo lo que sea posible. El diagnóstico oficialista considera que el flujo comercial con el mercado internacional es “perjudicial para campesinos y productores locales”, una lógica por la cual se viene pregonando desde la campaña electoral del socialismo.

Petro anunció formalmente que Colombia realizará los pasos necesarios para encauzar una revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque por el momento se evitará una renegociación integral. A través de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, Colombia presentó un pedido de revisión sobre cuatro grandes áreas: acceso a los mercados (aranceles y restricciones), reglas de origen, cláusulas de inversión extranjera directa y propiedad intelectual.

La revisión presentada por Petro tratará de valerse de la flexibilidad del tratado para aumentar las barreras a las importantes tanto como sea posible. El Gobierno desistió de una renegociación integral debido a las mayores dificultades para llevar a cabo cambios profundos, en vista a que el Gobierno de López Obrador intentó lo mismo pero no consiguió mayores modificaciones.

El TLC con Estados Unidos dinamizó las exportaciones colombianas y la afluencia de divisas, posibilitando así un despegue explosivo de los sectores con ventajas comparativas naturales, principalmente café y derivados, flores frescas, y más recientemente una gran variedad de servicios. Al mismo tiempo desalentó la inversión en los sectores menos competitivos, y por los cuales la sociedad colombiana se veía obligada a pagar precios más altos por productos de menor calidad.

El foco del oficialismo se centra en aumentar la protección arancelaria sobre el sector de la industria textil y los productos agropecuarios, encareciendo así el costo de vida de todos los colombianos a costa del enriquecimiento de un pequeño grupo de empresarios protegidos.

La vocación proteccionista del Gobierno de Petro no se limita al TLC con Estados Unidos, sino que pretende establecer aranceles para la totalidad del comercio bilateral. El Gobierno propuso un gravámen de hasta el 40% para los bienes textiles, una tasa incluso más elevada que el 35% máximo que se aplica en la zona del Mercosur (una región que ya es proteccionista de acuerdo a estándares internacionales).

No conforme con la propuesta de aranceles arbitrarios, el Gobierno hizo una petición incluso más escandalosa: pretende aumentar los aranceles a la importación para “combatir el aumento de las tasas de interés”, un diagnóstico completamente disparatado y pseudocienfítico que no tiene sustento por ninguna teoría convencional.

En respuesta a que el Banco de la República aumentó su tasa de política monetaria hasta el 13,25% nominal anual, Petro confía en que los aranceles “dinamizan la actividad económica” y conllevan a un efecto expansivo que contrastaría con el efecto recesivo de la suba de tasas. Pero no hay evidencia de que los aranceles puedan dinamizar la actividad, más bien todo lo contrario.

El exministro de Agricultura Andrés Valencia se pronunció al respecto de las propuestas oficialistas y advirtió por un brutal encarecimiento de la canasta básica alimentaria para los sectores más pobres, especialmente en un contexto inflacionario extremadamente delicado (la inflación general de Colombia es del 12,8% pero en alimentos asciende a más del 18%).