El Gobierno de la extrema izquierda colombiana desplegó una agenda marcadamente proteccionista que pretende revertir el proceso de apertura comercial comenzando en las últimas dos décadas.

Las intenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro son claras: se apunta a cerrar la economía todo lo que sea posible. El diagnóstico oficialista considera que el flujo comercial con el mercado internacional es “perjudicial para campesinos y productores locales”, una lógica por la cual se viene pregonando desde la campaña electoral del socialismo.

Petro anunció formalmente que Colombia realizará los pasos necesarios para encauzar una revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque por el momento se evitará una renegociación integral. A través de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, Colombia presentó un pedido de revisión sobre cuatro grandes áreas: acceso a los mercados (aranceles y restricciones), reglas de origen, cláusulas de inversión extranjera directa y propiedad intelectual.

La revisión presentada por Petro tratará de valerse de la flexibilidad del tratado para aumentar las barreras a las importantes tanto como sea posible. El Gobierno desistió de una renegociación integral debido a las mayores dificultades para llevar a cabo cambios profundos, en vista a que el Gobierno de López Obrador intentó lo mismo pero no consiguió mayores modificaciones.

El TLC con Estados Unidos dinamizó las exportaciones colombianas y la afluencia de divisas, posibilitando así un despegue explosivo de los sectores con ventajas comparativas naturales, principalmente café y derivados, flores frescas, y más recientemente una gran variedad de servicios. Al mismo tiempo desalentó la inversión en los sectores menos competitivos, y por los cuales la sociedad colombiana se veía obligada a pagar precios más altos por productos de menor calidad.

El foco del oficialismo se centra en aumentar la protección arancelaria sobre el sector de la industria textil y los productos agropecuarios, encareciendo así el costo de vida de todos los colombianos a costa del enriquecimiento de un pequeño grupo de empresarios protegidos.

La vocación proteccionista del Gobierno de Petro no se limita al TLC con Estados Unidos, sino que pretende establecer aranceles para la totalidad del comercio bilateral. El Gobierno propuso un gravámen de hasta el 40% para los bienes textiles, una tasa incluso más elevada que el 35% máximo que se aplica en la zona del Mercosur (una región que ya es proteccionista de acuerdo a estándares internacionales).

No conforme con la propuesta de aranceles arbitrarios, el Gobierno hizo una petición incluso más escandalosa: pretende aumentar los aranceles a la importación para “combatir el aumento de las tasas de interés”, un diagnóstico completamente disparatado y pseudocienfítico que no tiene sustento por ninguna teoría convencional.

En respuesta a que el Banco de la República aumentó su tasa de política monetaria hasta el 13,25% nominal anual, Petro confía en que los aranceles “dinamizan la actividad económica” y conllevan a un efecto expansivo que contrastaría con el efecto recesivo de la suba de tasas. Pero no hay evidencia de que los aranceles puedan dinamizar la actividad, más bien todo lo contrario.

El exministro de Agricultura Andrés Valencia se pronunció al respecto de las propuestas oficialistas y advirtió por un brutal encarecimiento de la canasta básica alimentaria para los sectores más pobres, especialmente en un contexto inflacionario extremadamente delicado (la inflación general de Colombia es del 12,8% pero en alimentos asciende a más del 18%).

La agenda de la extrema izquierda amenaza con socavar la estabilidad en las reglas de juego imperantes en el país desde hace más de 30 años. La caída de la inversión es particularmente intensa en el sector energético, el más dinámico y competitivo del país.

Crecen cada vez más las dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo de Colombia bajo el actual gobierno comunista del presidente Gustavo Petro, el ex guerrillero que llegó al poder en agosto del año pasado.

La prestigiosa calificadora de riesgos Moody’s Investors Service advirtió que las reformas de extrema izquierda de Petro están espantando las inversiones extranjeras y recomendó frenar cualquier tipo de proyecto en el país, debido a que atentan contra la estabilidad de las reglas de juego e impiden la previsibilidad a largo plazo (un elemento fundamental para el desarrollo inversor).

En tiempo récord, Petro atentó contra los principales pilares del modelo económico que funcionaba hasta entonces. Lanzó una reforma tributaria que aumenta los impuestos vigentes y crea nuevos gravámenes sobre la acumulación de capital y el sector energético. 

Asimismo, el presidente preparó una reforma previsional que deteriora el canal de transmisión entre ahorro y crédito doméstico, y generó una masiva distorsión de precios relativos al anunciar el congelamiento nominal de todas las tarifas de los servicios públicos (los entes reguladores fueron intervenidos y despojados de su independencia).

“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, señala el informe presentado por Moody’s.

La incertidumbre política y el cambio incesante de las reglas que deben asumir los agentes provocan que la inversión y el crecimiento potencial del PBI se vean dramáticamente perjudicados. Sólo el andamiaje institucional podría ayudar a revertir este proceso, funcionando como una suerte de barrera para aminorar el impacto de las reformas extremistas presentadas por el oficialismo.

El informe de Moody’s es especialmente crítico con la reforma previsional del Gobierno, alertando que provocará una menor disponibilidad de fondos para el sistema bancario (y por lo tanto menos crédito en moneda local) y contribuirá a aumentar los pasivos del sistema en los próximos años a medida que se profundice el envejecimiento poblacional. El menor ahorro disponible para el sector privado se traducirá en mayores tasas de interés domésticas, encareciendo el acceso a la vivienda o la financiación de proyectos empresariales.

Por otra parte, las reformas inducen a una violenta caída de la inversión energética. Solamente para el año 2023 las principales petroleras privadas de Colombia anunciaron que reducirán su inversión en un 33% con respecto al año pasado, según confirmó la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

La menor inversión energética no solamente impacta sobre la demanda interna y la generación de puestos de trabajo altamente calificados, sino que además afecta negativamente al volumen exportador (Colombia dispone de amplias ventajas comparativas en el sector petrolero).

Solo el petróleo crudo ocupa hasta el 42% de las exportaciones anuales del país, y si se considera también la refinación del mismo la cifra representa prácticamente la mitad de las exportaciones. Otro componente importante de la exportación es el carbón, que ocupa casi el 15% del total. La agenda del presidente Petro desalienta abiertamente al 65% del saldo exportador de la economía.

La economía colombiana se ubica como el tercer país más golpeado por la inflación en Sudamérica, solo por detrás de Argentina y Venezuela. El IPC aumentó un 1,05% en marzo de 2023, y ya lleva cuatro meses consecutivos por encima del 1%.

El Banco de la República confirmó que el IPC de Colombia aumentó un 1,05% en el mes de marzo, marcando una ligera desaceleración con respecto al período precedente pero todavía en niveles históricamente altos para el país. De hecho, el IPC se anotó el cuarto aumento mensual consecutivo por encima del 1%.

Con estos resultados, la inflación minorista volvió a aumentar y escaló al 13,34% interanual en el tercer mes del año, la cifra más drástica desde marzo de 1999. La inflación en alimentos sufrió una variación interanual del 21,8%, mientras que los precios mayoristas anticiparon un crecimiento acumulado de 12 meses en torno al 13,17% en febrero de 2023.

La inflación núcleo (sin contabilizar el efecto de los alimentos y la energía) aumentó al 12,16% interanual, siendo este el dato más elevado de la serie histórica del Banco de la República publicada desde el año 2000. Colombia se perfila como el tercer país más afectado por la inflación en América Latina, por detrás de Argentina y Venezuela (ambos casos muy extremos en esta materia) y por encima de países medianamente damnificados por la inflación como Chile y Uruguay.

La tasa de política monetaria del Banco Central colombiano se estableció en el 13% nominal anual a partir del 30 de marzo, en línea con la tasa de inflación anual. Sin embargo, el problema del país radica en la credibilidad y las expectativas hacia el futuro. El problema fiscal se presenta como un factor que erosiona sistemáticamente el efecto de la política monetaria. 

El resultado primario del Gobierno nacional registró un déficit cercano al 1% del PBI en diciembre del año pasado. A pesar de que la economía colombiana se recuperó completamente del shock provocado por la pandemia, no se retornó al superávit primario presente en 2019.

Asimismo, el déficit financiero total representó el 5,2% del PBI en diciembre, y si bien se redujo con respecto al 6,7% que heredó el presidente socialista Gustavo Petro, todavía se encuentra en 3 puntos porcentuales por encima del nivel que había antes de la pandemia.

Estos niveles de desequilibrio no se pueden sostener a largo plazo, y ante el escepticismo de poder financiar la brecha con deuda, se deterioran las expectativas inflacionarias en vista al futuro y cae la demanda de pesos colombianos. A este hecho se añade el importante déficit de cuenta corriente que atraviesa el país (alrededor del 6% del PBI), que añade presión para la perspectiva de una pronta devaluación. 

En presencia de expectativas por un eventual régimen de dominancia fiscal sobre la política del Banco de la República, las metas de inflación y la elevación de las tasa de interés podrían tener un efecto verdaderamente atenuado en el combate a la inflación.

Petro respondió a la inflación anunciando un amplio programa de congelamientos tarifarios, pero esta medida solo distorsiona los precios relativos de la economía, afecta las señales de inversión y solo posterga los aumentos del presente al futuro (con el correspondiente efecto en las expectativas de inflación).

Las medidas del presidente socialista, lejos de moderar la inflación, contribuyeron a aumentar el nivel real de los precios en términos de compra. Se eliminaron exenciones impositivas sobre alimentos de consumo masivo, y se dispuso del aumento de los aranceles de importación para la indumentaria. Los precios relativos de ambos productos se encarecieron con respecto a los salarios, y son cada vez más inaccesibles.