La firma Moody’s Investors y el Fondo Monetario Internacional coinciden en mejorar las expectativas de crecimiento para El Salvador tras la histórica caída de la criminalidad. Las empresas locales y extranjeras tienen vía libre para apuntalar la inversión, mientras que el Estado garantiza los derechos de propiedad.

La Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) confirmó que la economía de El Salvador se expandió un 2,8% en 2022, después de haber repuntado un 5,9% en el año 2021. De esta manera, el nivel de actividad compensó y superó el shock provocado por la pandemia en 2020, que generó una caída del 2,8% ese mismo año.

El PBI creció un 1% en el cuarto trimestre del año pasado, marcando la octava expansión consecutiva. Se acumula un fuerte crecimiento del 12,45% desde marzo de 2020, el último trimestre antes de soportar el impacto de la pandemia.

El Salvador no solo logró recuperar la tendencia de crecimiento de largo plazo, sino que además superó las expectativas de crecimiento para 2022 fijadas en el 2% por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, la histórica caída en la tasa de delincuencia provocó un shock en las perspectivas para la economía a mediano y largo plazo. El Estado recuperó la seguridad nacional, y ahora ofrece las condiciones necesarias para garantizar los derechos de propiedad y apuntar la inversión local e internacional.

La firma Moody’s Investors se muestra abiertamente optimista por el desempeño económico del país en los próximos años, y explica que existe una robusta evidencia empírica que vincula la caída de la delincuencia (cuando las tasas son extremadamente elevadas) y el crecimiento de la economía formal (el grueso de la medición del PBI).

“El principal problema en la economía de El Salvador es ciertamente la falta de inversión. Si la situación de seguridad se traduce en una mayor inversión, eso sin duda podría cambiar las reglas del juego para la economía”, explicaron los analistas de Moody’s.

Las reformas del presidente Nayib Bukele contribuyeron a detener y ajusticiar a decenas de miles de delincuentes y organizaciones delictivas, las medidas encuentran una vasta base de sustentación popular que las hace sostenibles en el tiempo y garantiza la previsibilidad. El mandatario disfruta de un índice de aprobación cercano al 94% según los últimos sondeos. 

El Fondo Monetario presentó un diagnóstico similar, y elevó las perspectivas de crecimiento para El Salvador del 1,7% al 2,4% para 2022. Esta tasa de crecimiento supera nuevamente el promedio histórico, y estará impulsado principalmente por el consumo privado y el turismo.

“Desde marzo de 2022, la reducción sin precedentes de la delincuencia y los fuertes ingresos por remesas y turismo han contribuido a la robusta dinámica de la actividad y la inversión”, anuncia el informe del FMI sobre la situación del país.

La máxima prioridad para la consolidación del crecimiento económico este año será el ordenamiento de las finanzas públicas, algo sobre lo cual el Gobierno de Bukele también mostró signos de responsabilidad. 

El déficit fiscal de El Salvador se redujo al 2,5% del PBI en 2022, considerando el pago de intereses de deuda pública. El valor efectivamente observado fue exactamente la mitad de lo que proyectaba el FMI (alrededor del 5% en las estimaciones de enero del año pasado), y para este año se arribaría al superávit fiscal primario. 

Los desequilibrios del sector público ya son más bajos de los que había en 2018 y 2019, y se acumula un ajuste de casi 6 puntos del PBI con respecto al déficit que provocó la pandemia en 2020. 

El índice de Riesgo País volvió a caer por debajo de los 1.420 puntos básicos en febrero, conforme caen las necesidades de financiamiento para el fisco. Cabe resaltar que El Salvador es una economía dolarizada que mantiene a la par el curso legal del Bitcoin, por lo que no puede recurrir al señoreaje como forma de financiamiento espurio para pagar sus deudas.

El popular gobierno de El Salvador perfila el 2023 como el año más seguro en más de 200 años de historia, tras extirpar de las calles a delincuentes y pandilleros que atormentaron al país por décadas.

Si miramos la política domestica de los mandatarios latinoamericanos, sin lugar a dudas resalta la intachable gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele en materia de seguridad. Tras recibir en 2019 un país catalogado como la capital del crimen mundial y enquistado con una casta política servicial a las mafias, hoy El Salvador empieza el año con su mes más seguro en su historia contemporánea.

Tras la implementación del Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción en marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha detenido a más de 64.000 delincuentes y pandilleros, hundiendo la tasa de homicidios y el crimen en el país y deshaciéndose de los delincuentes de más alto perfil que aterrorizaban las calles.

En los últimos 4 años, muchos referentes de la casta salvadoreña y de las organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron tirano y antidemocrático a Bukele por estas medidas de seguridad. Es curioso como hoy gracias a esto, El Salvador tiene paz y Bukele un índice de aprobación del 94%, incluso en las encuestas de la oposición.

Gracias a las reformas en seguridad del presidente tendiente a la derecha, El Salvador registró 496 homicidios en todo 2022, el valor más bajo en décadas, y aproximadamente un 57% menos que los contabilizados en 2021.

La estadística mejoró incluso más en el primer mes del 2023, con el enero más seguro en los 201 años de historia del país, registrando tan solo 11 homicidios. De mantenerse este nivel de homicidios a lo largo de los doce meses del año, se acumularían solo 132 asesinatos, números que El Salvador no vio nunca en toda su historia.

Días atrás, Bukele celebró en redes sociales que se cumplieron 300 días (no consecutivos) sin homicidios desde el comienzo de su administración. En efecto, a lo largo de los 15 años de los últimos gobiernos de ARENA y FMLN, tan solo se registraron 2 días sin homicidios.

Estos impresionantes logros se atribuyen principalmente a la implementación de 2 medidas: el Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción, en el que el Poder Legislativo facultó al presidente a militarizar las calles de las principales ciudades, imponer toque de queda cuando se necesite, e intervenir las telecomunicaciones.

El Plan de Control Territorial consta de siete fases. La primera fase fue encaminada a la “recuperación de territorios”, mediante la militarización de las calles; la segunda fase se centró en la “recuperación del tejido social” mediante la creación de oportunidades, que incluyó una reforma a los planes sociales, la desregulación de la economía, y la introducción de nuevas tecnologías, como el Bitcoin.

La fase número tres estuvo orientada a “fortalecer los cuerpos de seguridad con equipos y medios”, que implicó un masivo gasto en mejorar el presupuesto de la Policía. La cuarta fase fue de “incursión” y arrebato de los territorios de las pandillas concedidos por los gobiernos anteriores, en la que se recuperaron por la fuerza barrios enteros donde el Estado se había retirado en los últimos años.

La quinta fase, vigente por el momento, es la que se llama de “extracción”, donde se busca extirpar a los criminales que aún quedan en las comunidades y acechando las calles de cualquier lugar del país.

El proceso que inició el 27 de marzo del 2022, mediatizado por Bukele como la Guerra conta las Pandillas, permitió la detención de 64.111 criminales, presuntos miembros de los maras u otras pandillas.

De todos ellos, 3.475 fueron liberados porque no se les comprobó ningún delito, menos del 6% del total, “un éxito en materia de seguridad“, de acuerdo a lo que dijo el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Una de las principales críticas que se le hace al presidente salvadoreño es la de saltarse el debido proceso a la hora de capturar a los delincuentes, como así también de cambiar la definición de homicidio para excluir a personas muertas en prisión, bajo custodia policial y en enfrentamientos con la policía.

Lo que no se tiene en cuenta es que El Salvador se había convertido en un Estado fallido previo a la asunción de Bukele, y las fuerzas de Seguridad están haciendo todo lo posible para recuperar un país controlado por los maras y el crímen organizado.

Las medidas instaladas en marzo del año pasado tampoco fueron un capricho del presidente salvadoreño, si no que fueron respuesta a una ola de asesinatos llevada a cabo por los pandilleros en el fin de semana del 25 de marzo, cuando asesinaron a 87 civiles en las calles del país “en protesta” por las medidas de Bukele.

Desde entonces, el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a un Estado de Excepción, donde se permite la detención a personas a pesar de no haberlos atrapado in fraganti, acorde a un conjunto de parámetros establecidos por el Parlamento. La principal causa de detención actualmente es la portación de tatuajes alusivos a los maras, un símbolo de la impunidad de los pandilleros que por décadas marcaron sus cuerpos a sabiendas que la policía no podría hacerles nada.

En la medida que se aplica esta política pública contra la inseguridad, recientemente se inauguró en Tecoluca una mega cárcel para alojar a 40.000 detenidos. Fue bautizada como “Centro de Confinamiento del Terrorismo” y estará custodiada por 600 soldados y 250 policías.

Además, el gobierno de Nayib Bukele ahora cobra a los presos por comida, ropa y productos de higiene en las cárceles. Les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos.

Con sus medidas, Bukele suma una extensa lista de admiradores latinoamericanos. Por un lado, es acusado de ser un “hombre fuerte despiadado y violador de derechos humanos” según algunas organizaciones internacionales de izquierda que hacen más escándalo por sus medidas que por los miles de homicidos que cometían las pandillas en el pasado.

Pero también existen políticos prominentes y muchas personas a lo largo y ancho del continente que profesan admiración por sus políticas y han expresado el deseo de que sus propios países lo tomen como referente.

Bukele ha sido celebrado por Zury Ríos, candidata de derecha en Guatemala, quien recientemente dijo que para ella, “El Salvador es un modelo de referencia para la seguridad“; el ministro Ramón Sabillón de Honduras, quien aseguró que “hay cosas para aprender de lo que se está haciendo en El Salvador“.

Además, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y principal líder de la derecha peruana, quien dijo hace poco que “Bukele ha logrado un milagro en El Salvador“; y Jorge Torres, ministro de Seguridad de Costa Rica, quien admitió que “una política de seguridad como la de Bukele sería grandiosa para bajar la tasa de homicidios“.

La nación salvadoreña tuvo la tasa de criminalidad más baja en décadas, y el Plan de Control Territorial (PCT) de Bukele es un éxito rotundo.

Gracias a las reformas en seguridad del presidente Nayib Bukele, El Salvador registró 496 homicidios en 2022, uno de los valores más bajos en décadas, y aproximadamente un 57% menos que los contabilizados en 2021, según lo reveló este martes una fuente oficial.

“El 2021 finalizó con 1.147 homicidios y el 2022 se contabilizaron 496 crímenes“, dijo en conferencia de prensa el titular del Ministerio de la Defensa, René Merino Monroy.

Cabe destacar que cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, el país centroamericano registró 2.390 homicidios, una crisis de seguridad sin comparación en ningún otro lado del continente.

En su primer año en la oficina presidencial, Bukele implementó una serie de reformas tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas, y consiguió que el Congreso apruebe las primeras fases del Plan Control Territorial (PCT) para luchar contra los pandilleros, principalmente los maras.

Antes de Bukele, había barrios enteros donde la policía no se animaba a entrar que estaban bajo el control de los maras, quienes se financian del narcotráfico y del crimen organizado. El mandatario recuperó el Estado de Derecho, eliminó los narcoestados y devolvió seguridad a la población.

La cifra de homicidios de 2020 bajó un 43%, a tan solo 1.340 asesinatos, atribuidos principalmente a violencia procedente de miembros de pandillas, que hasta la llegada del mandatario de derecha pasaban sus fines de semana robando, violando y asesinando personas sin consecuencias.

En 2021, la cifra bajó un 14%, a 1.147 homicidios, estabilizándose en torno a los mil asesinatos por año. Pero este valor no dejó satisfecho a Bukele, que gobierna un país con una población de más de 6 millones de habitantes.

A finales de marzo del 2022, el líder de Nuevas Ideas, logró aprobar un régimen de expeción en el Poder Legislativo, el cual permite militarizar las calles de las principales ciudades, imponer toque de queda cuando se necesite, e intervenir las telecomunicaciones.

Pero tal vez el factor más importante del régimen de excepción es que habilita la “detención administrativa“, que permite detener a cualquier persona por un máximo de 15 días. Esto facultó a la Policía Militar a arrestar a cientos de maras, a pesar de que no habían sido atrapados cometiendo un delito flagrante.

Por tatuajes, denuncias de vecinos o conocimiento general de quiénes son miembros de las sanguinarias pandillas salvadoreñas, las fuerzas de seguridad de Buele han arrestado el año pasado más de 60.000 criminales.

Así, la tasa de homicidios volvió a bajar a uno de los valores más bajos que se tenga memoria: tan solo 496 asesinatos. Una caída del 57% respecto al año anterior y del 79% en comparación con el día que llegó al poder.

Las organizaciones de izquierda Human Rights Watch y Cristosal presionan a Nayib Bukele a terminar con el estado de excepción, pero la población una y otra vez valida el gobierno de Nuevas Ideas en las urnas y piden mayor seguridad.

Bukele llegó al poder con un fuertísimo discurso en contra del crimen organizado, prometiendo acciones que ni el izquierdista FMLN ni el conservador ARENA llevaron a cabo en sus largos años de gobierno. Bukele implementó todo en su primer mandato.