El Gobierno socialista prepara un descomunal incremento del gasto público sin mayores contraprestaciones en ingresos genuinos. Se destinarán hasta 1 billón de pesos mexicanos para la ampliación de los programas sociales del oficialismo, entre ellos el déficit de las empresas del Estado.

El presidente socialista Andrés Manuel López Obrador presentó formalmente su propuesta de Presupuesto 2024, el cuál buscará tratar y aprobar en la Cámara de Diputados.

El paquete económico profundizará todos los desequilibrios fiscales del país, involucrando una masiva expansión de las erogaciones sin contraprestación en mayores ingresos tributarios. De hecho, el rojo del Gobierno federal ya escaló a su nivel más alto en 34 años, y la principal vía para financiarlo es el endeudamiento (interno y externo).

La propuesta del socialismo supone un gasto público en el orden de los 801.000 millones de pesos mexicanos, destruído en un total de 47 programas presupuestarios. El 90% de los recursos se concentrará en los primeros 12 programas “prioritarios” para el oficialismo, en desmedro de las verdaderas necesidades de la población.

La mayor parte de los nuevos recursos presupuestarios se dirigirán a financiar nuevos planes sociales, la expansión de las aportaciones patrimoniales para Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la construcción del llamado “Tren Maya”. 

La capitalización de las empresas del sector público, así como la financiación de sus déficit operativos, cada vez se llevan una tajada más grande del presupuesto. Ninguno de estos gastos tendrá contraprestación por una mayor cuantía de recursos.

El Gobierno propone acelerar alarmantemente el ritmo del endeudamiento, hasta totalizar un paquete de hasta el 5,4% del PBI para 2024. Los llamados “Requerimientos Financieros del Sector Público” (RFSP) tendrán una cuantía proyectada de por lo menos MXN$ 1,8 billones durante el próximo año, el ritmo anual de endeudamiento más elevado de las últimas dos décadas.

El stock de deuda bruta con respecto al PBI volverá a crecer a partir de 2024, cuando hasta ahora se mantenía disminuyendo su participación porcentual desde 2021. El FMI sugiere que la deuda llegará a representar casi el 58% del PBI para el año 2028.

Si la vía de endeudamiento recurre en mayor medida al ahorro externo, la economía mexicana se expondrá a una mayor tasa de Riesgo País y solo postergará los ajustes fiscales necesarios (sobre el gasto o por medio de mayores impuestos) para el futuro.

En caso de que el endeudamiento se abastezca del mercado de capitales doméstico, el resultado será un efecto tajantemente recesivo sobre el nivel de actividad económica. El crédito dejará de financiar los proyectos de inversión del sector privado y las familias (por ejemplo para las hipotecas) y se destinará en una mayor proporción para cerrar la brecha financiera del fisco.

El país alcanzó un récord en la participación del comercio de mercancías por hasta el 15,4% de las importaciones estadounidenses, hasta 2 puntos por encima de China. Se trata del fiel reflejo de la oportunidad histórica perdida por Sudamérica tras el fatídico rechazo al ALCA.

A pesar de la fuerte apreciación de la moneda, las exportaciones de México logran crecer y conquistar nuevos mercados para colocar sus productos en el exterior. El país se convirtió oficialmente en el principal socio comercial de Estados Unidos, llegando a abastecer hasta el 15,4% del total de sus importaciones.

De esta manera, México superó la participación comercial de China en el comercio estadounidense por hasta 2 puntos porcentuales. También superó la participación de Canadá en las importaciones estadounidenses, que llegó a representar el 13,9% de la cuota de mercado.

Asimismo, la participación de Estados Unidos en las importaciones mexicanas alcanzó el 15,6% del total y fortaleció su posición como su principal socio comercial, por encima del 15,3% de Canadá y el 11% correspondiente a China.

El tratado de libre comercio NAFTA fue el principal responsable de las facilidades comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Y muy por el contrario de lo que se cree, el acuerdo facilitó la producción y la exportación de productos de origen industrial desde México hacia Estados Unidos, especialmente en la industria automotriz (que representa una cuarta parte del comercio entre ambos países).

También tuvo una gran influencia la aplicación de importantes restricciones arancelarias desde el año 2018 bajo la guerra comercial de Donald Trump. A pesar de la firma de un tratado comercial en 2020, China no cumplió con las metas pactadas y la administración Biden mantuvo mayormente inalteradas las tarifas impuestas anteriormente.

El desempeño exportador de México dista mucho del que se observa entre los países del Mercosur, que sufren una situación de aislamiento desde el histórico y fatídico rechazo al ALCA en 2005. Estos países podrían haber aprovechado un mercado potencial de más de 300 millones de personas para colocar productos a través de sus ventajas comparativas, pero se decidió desperdiciar una oportunidad histórica.

El presidente republicano George W. Bush se había comprometido con el avance en la liberalización comercial de América, una condición necesaria para el desarrollo económico y la generación de competitividad. Esta visión fue llevada adelante en la IV Cumbre de las Américas bajo la iniciativa del Presidente estadounidense.

Bush se propuso alcanzar un acuerdo de libre comercio a nivel continental como una de sus principales metas para su segunda administración. Esto suponía, además, seguir profundizando las “reformas estructurales de segunda generación” plasmadas en el Consenso de Washington para que los países adherentes al acuerdo pudieran adaptarse exitosamente.

Pero a contramano de lo que ocurría en el mundo, el Foro de Sao Paulo buscó dar un giro de 180° con respecto a las políticas de la década de 1990 para volver a aislar a la región del comercio internacional. Este movimiento conformó el llamado “socialismo del siglo XXI”, que propone extender el modelo cubano hacia la región latinoamericana.

La izquierda latinoamericana, representada en aquel entonces por los Gobiernos de Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales y Lula da Silva, formó un bloque de rechazo al ALCA y logró boicotear el proyecto, condenando a la región al inexorable atraso comercial y económico. La agenda ultra-proteccionista socavó cualquier posibilidad de integración comercial y financiera en aquellos países que más lo necesitaban, principalmente los miembros del Mercosur, entre otros.

El Gobierno socialista resintió boicoteó los permisos de explotación petrolera por iniciativa privada, mientras que la producción de la estatal PEMEX sufrió un fuerte derrumbe anual del 4% al cierre de mayo.

El presidente socialista de México, Andrés López Obrador, prometió que lograría el “autoabastecimiento” petrolero del país y anunció múltiples reformas para revertir los pasos del expresidente de Peña Nieto.

El Gobierno apostó por una mayor participación del Estado y decidió terminar con la política de permisos y contratos privados que estipulaba la reforma energética del año 2013, una maniobra que redujo considerablemente la iniciativa privada en el sector.

De hecho, de los 109 contratos privados de exploración y extracción de petróleo el 95% de los mismos se llevaron a cabo durante la gestión de Peña Nieto, y desde la llegada del socialismo el peso del Estado se vuelve cada vez más preponderante.

La reforma petrolera del PRI permitió la celebración de contratos entre PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas privadas por primera vez desde 1938, lo cual en la práctica supone una suerte de “privatización periférica” mediante la cual el sector privado adquiere un mayor porcentaje dentro de la explotación total de hidrocarburos en el país.

El presidente López Obrador aún no logró imponer su reforma energética en el Congreso, que pretende devolver el monopolio al Estado, pero consiguió anular casi todos los nuevos contratos a partir de enero de 2019 (solamente se celebraron 5 contratos con empresas privadas en lo que va de su administración).

Estas políticas provocaron una abrupta caída de la inversión privada en el sector petrolero, que alcanzó el 17,8% en el año 2021 y hasta un 36% para 2022. Solamente se invierte un monto anual en alrededor de los US$ 1.796 millones, una cifra sustancialmente más baja que el promedio del sexenio del Gobierno anterior.

La producción petrolera de México llegó a representar los 1,91 millones de barriles diarios en marzo de 2023, una magnitud que aún permanece en mínimos históricos y que de ninguna forma garantiza la supuesta “autosuficiencia” que AMLO había prometido en su discurso de campaña.

Pero no solo el sector privado se ve afectado por las políticas del Gobierno, sino que la propia petrolera estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) también enfrenta serias dificultades. La firma no logró cumplir con su meta de 1,2 millones de barriles diarios, la producción de mayo alcanzó solo los 758.700 barriles de petróleo al día y sufrió un derrumbe anual del 4% con respecto al 2022.

La mayor parte de la caída estuvo vinculada con una merma de hasta el 60% en la producción de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, que solo pudo procesar hasta 153.800 barriles al día. Con la participación del sector privado cayendo a pasos agigantados, el Estado no cuenta con los medios necesarios para dinamizar la producción y el país sigue manteniendo una fuerte dependencia de las importaciones.