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Perú

Alberto Fernández, AMLO, Petro y Evo Morales lanzan su apoyo al fallido dictador Pedro Castillo

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En un comunicado los cuatro países plantearon su “preocupación por los recientes sucesos” en Perú, pidieron que Castillo sea tratado con “humanidad” y aseguraron que Dina Boluarte es una usurpadora.

Luego de que Pedro Castillo fuera destituído por el Congreso después de su lamentable intento de realizar un golpe de Estado en Perú, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina lanzaron un comunicado oficial defendiendo el accionar del fallido dictador comunista, plantearon su “preocupación por los recientes sucesos” en el país y desconocieron la presidencia de Dina Boluarte, quien accedió al poder por vía constitucional tras su salida.

Con la firma de Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Luis Arce (Evo Morales), los mandatarios expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones” a quien llamaron “Presidente de la República del Perú”.

Para el mundo no es novedad que el presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, sostiene el comunicado.

Con un desconocimiento total de las leyes peruanas, los cuatro presidentes instaron “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas” y agrega: “Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

La voluntad popular está siendo respetada, ya que la destitución de Pedro Castillo fue realizada acorde al proceso constitucional de vacancia presidencial, y quien asumió el Poder Ejecutivo es la vicepresidente Dina Boluarte, electa en la misma boleta que Castillo.

Por último, el comunicado concluyó: “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.

Manifestantes que piden renuncia de Boluarte cortan rutas en el sur de Perú

Tras la salida de Castillo, el fallido dictador comunista pidió a sus seguidores que se expresen violentamente en las calles. Al menos 25 puntos de las rutas peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, están cortadas desde este lunes por manifestantes que piden la renuncia de la presidente Dina Boluarte y el cierre del Congreso, como intentó sin éxito Castillo.

El punto donde se han registrado protestas más numerosas es en la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa, donde cerca de 4.000 punteros del partido de Castillo participan en una de las protestas más violentas del país.

Las regiones del sur de Perú, regiones donde el ex presidente Pedro Castillo tiene más apoyo, es donde más se está viendo la reacción popular a su salida, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron el aeropuerto internacional, y Cuzco.

En el norte del país, la historia es muy distinta, y la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde una centena de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en los kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.

Castillo permanece detenido tras ser detenido por la PNP luego de su destitución el pasado miércoles. El ex presidente comunista había intentado dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un régimen de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.

Ecuador

Perú anuncia una auditoría para determinar si facciones rebeldes de sus FFAA están entregando armas a los pandilleros en Ecuador

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La auditoría permitirá determinar si las Fuerzas Armadas del Perú le entregaron entre los años 2011 y 2016, cuando gobernaba el izquierdista Ollanta Humala, armamento peruano a los grupos criminales de Ecuador.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte inició una rigurosa auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos de algunos grupos delictivos de Ecuador procedían de arsenales de las Fuerzas Armadas peruanas, como reportó la policía ecuatoriana esta semana.

Se ha determinado que existe una presunta posibilidad de que algunas de esas municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas“, ha reconocido el ministro Chávez.

Según ha relatado el encargado de Defensa a la emisora RPP, las armas, municiones y artefactos explosivos que se les vieron a los encapuchados armados que asaltaron el martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en Guayaquil podrían proceder de Perú.

Chávez ha confirmado que por lo menos el número de serie de una granada incautada a los delincuentes, coincidía con un arsenal obtenido por Perú en 2016, razón por la que decidieron lanzar una auditoría general de todos los inventarios.

Lo que tenemos que hacer es garantizar que esos hechos sucedidos en años anteriores no se vuelvan a producir, por lo tanto, se están llevando a cabo todas las acciones para evitar justamente eso. El arsenal de guerra debe ser custodiado adecuadamente“, ha dicho.

Entre los años 2011 y 2016, gobernó en Perú el presidente de extrema izquierda Ollanta Humala, hermano de Antauro Humala, líder terrorista fundador del movimiento etnocacerista, y se creó una facción dentro de las Fuerzas Armadas vinculadas al castrochavismo en la región.

Se cree que durante esos años, el arsenal de las fuerzas militares peruanas fue puesto en función de grupos narcoterroristas de la región, y muchas de sus armas, municiones y granadas terminaron en manos de guerrilleros en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Si bien no había evidencia fuerte que sostenga esta suposición en los últimos años, la denuncia de la Polícia ecuatoriana fue tomada con extrema seriedad por el actual Gobierno peruano, que lanzó esta auditoría para que, por primera vez en casi una década, se sepa la verdad.

Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente, luego de que los grupos narcos que eran parte del Gobierno de Rafael Correa le declarasen la guerra al nuevo mandatario Daniel Noboa. Luego de una serie de arrestos de alto perfil, los narcos salieron a las calles a cometer olas de crímenes y estallaron motines en varias prisiones del país, donde los líderes de estas pandillas se dieron a la fuga.

En medio de este caos, Noboa declaró el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, y le ordenó a las Fuerzas Armadas de Ecuador que neutralice a 22 grupos guerrilleros, que ahora se investiga si recibieron armamento peruano entre los años 2011 y 2016.

En este contexto, un grupo de encapuchados armados asaltó el martes las instalaciones de la cadena TC Televisión, que rápidamente fue rodeada por agentes de Policía que finalmente lograron evacuar a los empleados y detener a los delincuentes, entre los cuales se descubrieron armas de orígen peruano.

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Perú

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori quedó en libertad: El legado del “capitalismo popular” a tres décadas del milagro económico

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Las reformas del expresidente sentaron las bases para el crecimiento, la estabilidad y ahorro en la economía peruana después del desastre socialista. El país recuperó la moneda y desarrolló el llamado “capitalismo popular” que sigue dando resultados incluso al día de hoy.

Este miércoles, la Corte Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, una figura emblemática de la década de 1990 y la política peruana. Quedó sin efecto la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había revocado el indulto del ex presidente Kuczynski.

Su paso por la presidencia sentó las bases de una verdadera revolución económica que fue bautizada como el modelo de “capitalismo popular” de Perú. Pese a la importante inestabilidad política que sufre el país al día de hoy, la situación macroeconómica se muestra increíblemente independiente: la inflación está bajo control, el ahorro en moneda doméstica es más significativo que nunca y el nivel de actividad logró recuperarse de la pandemia, pese a la ligera tendencia recesiva de la segunda mitad del año.

Esta independencia entre el factor político y el factor económico no siempre estuvo presente en el Perú. Para la década de 1980, la economía del país era, y con diferencia, una de las más diezmadas y pobres de toda la región. No solo por sufrir episodios crónicos de inflación y crisis de balanza de pagos, sino además por mantener un nivel de ingreso por habitante muy inferior al promedio de América Latina.

El presidente Alan García llevó a cabo un experimento de corte socialista que terminó por desequilibrar completamente la economía hacia el final de su mandato. Su gestión finalizó con un nivel de aprobación oscilando entre el 18% y el 21%, cuando había llegado al poder con una imagen positiva superior de hasta el 80% de la opinión pública.

El llamado “aprismo” implementó un programa heterodoxo que expandió fuertemente el déficit fiscal del 3,7% del PBI en 1985 al 6,7% en 1986, y casi un 9% del PBI para 1987. Estos desequilibrios fueron financiados con emisión monetaria sin respaldo, ya que el Gobierno se resistía a modificar la estructura impositiva para financiar el despilfarro.

La tasa de inflación interanual creció del 65% al 114,5% entre enero y diciembre de 1987, mientras que el Gobierno respondió con la masiva extensión de los controles de precios e incluso intentó estatizar el sistema bancario del Perú como una supuesta receta para combatir el alza de precios.

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 3.000%.

Al mismo tiempo en que se producía la hiperinflación también se produjo la recesión más violenta en la historia del país: el nivel de actividad se desplomó un 24% entre el tercer trimestre de 1987 y el segundo trimestre de 1990, el último de Alan García en el poder.

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día se mantiene casi inalterado.

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller. Fueron adoptadas las siguientes medidas:

  • Liberalización del mercado cambiario
  • Rebaja generalizada de aranceles a la importación y eliminación de recargos
  • Desregulación del comercio exterior
  • Desregulación del sistema financiero y las tasas de interés bancarias
  • Eliminación de los controles de precios y salarios
  • Endurecimiento de la política monetaria hasta las últimas consecuencias 

Desde 1992, se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública, actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados y privatizando la mayoría de las empresas del Estado. La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991.

A partir de 1993, la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

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Argentina

El presidente del Banco Central de Perú vino a Argentina para explicar el éxito de las reformas de Fujimori: “Si yo hiciera lo que hace el BCRA, iría preso”

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Las reformas del expresidente garantizaron la independencia del Banco Central por vía constitucional. Se prohibió la asistencia monetaria al Gobierno nacional, se prohibió el cepo cambiario, y la inflación se estabilizó en la década del 90 a partir de un cambio de régimen creíble.

El economista Julio Velarde Flores, que ocupa la dirección del Banco Central de Perú de forma ininterrumpida desde el año 2006, viajó al Coloquio de IDEA en Mar del Plata para explicar el éxito del modelo económico heredado de la presidencia de Alberto Fujimori. Bajo la administración de la derecha, Perú logró sentar las bases para un proceso de crecimiento sostenido y sin inflación por primera vez en su historia.

Flores explicó que el pilar de la estabilidad macroeconómica del Perú son las reformas emprendidas en el país en la década de 1990, y en particular la del Banco Central a partir de 1992. El presidente Fujimori reformuló la carga orgánica de la autoridad monetaria prohibiendo expresamente el financiamiento al Tesoro de forma directa, y se estableció un tope de sólo el 5% de la base monetaria para la compra de títulos públicos en el mercado secundario (lo que se conoce como flexibilización cuantitativa).

Por otra parte, el Banco Central de Perú perdió la capacidad de fijar un cepo cambiario para limitar las operaciones, algo que según el propio Flores constituye una causal de despido inmediato de su cargo.

También se prohíben expresamente los créditos para la banca de fomento, y se prohíbe fijar tasas de interés arbitrarias o subsidiarias para determinados sectores específicos (algo que en Argentina es muy habitual).

Flores explicó que Perú ensayó diversos intentos por “independizar” el Banco Central del poder político con simples reformas de su carga orgánica, una estrategia similar al que hoy propone el espacio de Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Pero esto fracasó por la falta de credibilidad, hasta tal punto de sufrir un violento episodio hiperinflacionario entre 1990 y 1991.

Esas prohibiciones son efectivas. Pero la autonomía no es todo. La autonomía del Banco Central de Perú data de 1979, y luego tuvimos hiperinflación. Tiene que haber una real independencia política, y eso se logró recién en 1992”, explicó el presidente de la autoridad monetaria peruana.

El cambio de régimen creíble solamente se produjo en 1993, cuando el presidente Fujimori convalidó todas las reformas emprendidas en el Banco Central por medio de una nueva Constitución que rige hasta el día de hoy. Esta es la verdadera garantía de independencia del poder político, y no simplemente el mero rediseño de la carga orgánica. La Constitución fujimorista sentó las bases para la estabilidad y el crecimiento del país a 30 años de su sanción.

La propuesta de Juntos por el Cambio no se parece en nada al caso peruano, porque no se ofrece ninguna garantía del calibre constitucional que ofreció Fujimori para independizar al Banco Central.

En cambio, se propone modificar la carta orgánica y quizás con criterios similares a los que establece Perú, pero de ningún modo se articula una regla tan fuerte para que el cambio de régimen pueda ser creíble a largo plazo. Es por esto que, ante la imposibilidad de lograr los acuerdos políticos para reformar la Constitución en estos momentos, el candidato Javier Milei propone una salida más simple pero más efectiva: dolarizar.

La última experiencia exitosa de la Argentina fue la Convertibilidad entre 1991 y 2002, un régimen dentro del cual el BCRA se independizó con una nueva carta orgánica desde 1992. Pero tanto la caja de conversión como la propia carga orgánica del Central fueron avasalladas por el Gobierno de Duhalde, ya que no se incluyó en la reforma constitucional de 1994 este tipo de medidas.

La propuesta de Bullrich y Melconian podría ser fácilmente obliterada de la misma forma en que ocurrió con la Convertibilidad, después de que termine su hipotético mandato.

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