Mujica, quien a pesar de su avanzada edad y actual imagen de socialista bondadoso, tiene un sangriento pasado como líder de la organización terrorista Tupamaros.

Este domingo en la Feria del Libro de Buenos Aires, militantes de Javier Milei que estaban esperando ingresar a la charla del candidato a presidente, abuchearon a José “Pepe” Mujica, ex presidente uruguayo que también estaba presentando su libro. 

El ex mandatario socialista, quien en su juventud fue guerrillero de la organización terrorista Tupamaros, es uno de los íconos rechazados por la derecha latinoamericana, que gobernó su país durante el auge del Foro de Sao Paulo.

“Mugriento, andá a bañarte“; “viva la libertad, carajo“; “fuera, viejo” fueron algunas de las frases que gritaron los manifestantes libertarios que se encontraban en el lugar, cuando el líder del Frente Amplio uruguayo se dirigía a su sala.

Además de ser uno de los más grandes exponentes del socialismo latinoamericano que arruinaron la región durante el principio del milenio en su presidencia entre 2010 y 2015, Mujica tiene un amplio pasado guerrillero, siendo responsable de varios ataques terroristas durante el Consejo Nacional de Gobierno.

En 1964, con 29 años, no tan joven como sus compañeros, se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, con el que participó en múltiples operativos guerrilleros. Recrudeció sus ataques como tupamaro durante el gobierno constitucional de Jorge Pacheco Areco, donde la violencia fue en aumento.

Durante este período, fue apresado cuatro veces por ser partícipe de ataques terroristas con víctimas fatales y, en dos oportunidades, se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En enfrentamientos armados con la policía, en una oportunidad fue herido de seis balazos.

Afortunadamente, su ola de violencia sangrienta terminó en 1972, cuando fue apresado en una cárcel de máxima seguridad, donde permaneció hasta 1985. Mujica fue tan prominente como terrorista, que fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar nombró como “rehenes”, que implicaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas.

En esa condición, pautada por el aislamiento y por duras condiciones de detención, Mujica permaneció 11 años. Entre los rehenes también se encontraban Eleuterio Fernández Huidobro, quien posteriormente fue su ministro de Defensa y Mauricio Rosencof, quien luego fue Director de Cultura de Montevideo.

Bajo este contexto, no quedan dudas de por qué los militantes de derecha de La Libertad Avanza no desperdiciaron la oportunidad de abuchear y criticar al ex líder terrorista, a pesar de su actual imagen de bondadoso socialista de avanzada edad.

Miles de personas cruzan la frontera a la Argentina para adquirir bienes de consumo que resultan extremadamente baratos en relación a la moneda uruguaya, que no sufre el desgaste de la devaluación. Ya cerraron 170 comercios en los departamentos del litoral uruguayo.

Como ocurrió en reiteradas oportunidades, la crisis económica argentina traslada una parte del impacto hacia Uruguay. El estallido inflacionario y el caos devaluatorio que sufre Argentina selló el fracaso del programa de Massa, y el peso no encuentra piso.

Pero esto no ha afectado solamente al sistema de precios local, si no que ha generado una fuerte disparidad cambiaria con los países vecinos, y ahora miles de uruguayos cruzan diariamente la frontera con Argentina para adquirir bienes de consumo más baratos.

A pesar de que esto, en última instancia, beneficia fuertemente a los consumidores uruguayos, que pueden acceder a bienes más baratos, el gobierno de Lacalle Pou advirtió que esta “distorsión” cambiaria está provocando signos de recesión en los departamentos del litoral uruguayo.

Un total de 170 comercios uruguayos cerca de la frontera debieron cerrar en las últimas semanas, ya que no pueden competir contra los comerciantes argentinos que gracias al tipo de cambio ofrecen el mismo producto a menor precio.

En lugar de discutirse cuestiones de productividad, la mera devaluación del peso argentino hace que los productos locales sean extremadamente baratos nominados en divisas estables, entre ellas el propio peso uruguayo. La economía uruguaya registró una tasa de inflación interanual del 7%, lo mismo que Argentina pero en un solo mes. 

El sistema de precios libre eventualmente lleva a una estabilización de estas “distorsiones”. La agregada demanda de consumidores uruguayos en el lado argentino, si se mantiene la misma oferta, provocará una fuerte suba de precios en Entre Ríos. El famoso “efecto turista“.

Esto terminará por equilibrar los precios entre Uruguay y las localidades de Entre Ríos como Gualeguaychú que han visto los mayores flujos de consumidores, pero dejará un panorama económico peor que el actual: los comercios uruguayos que quebraron tardarán en volver luego de que se estabilicen los precios, y los entrerrianos, que seguirán teniendo ingresos en moneda argentina, verán como los precios locales aumentan por esta demanda adicional proveniente del Uruguay.

Es por esto que el gobierno de Luis Lacalle Pou respondió con la aplicación de medidas paliativas, principalmente rebajas tributarias focalizadas a los comercios de cercanía. La “devaluación fiscal” es una estrategia muy similar a la que llevó adelante Argentina durante el año 2001 con los programas de competitividad de Cavallo, pero el Gobierno de Lacalle Pou aún se queda a medio camino.

Es por este tipo de episodios que generalmente las devaluaciones argentinas produjeron un “efecto contagio” en Uruguay, buscando retornar los diferenciales de precios relativos a valores normales. La distorsión es particularmente notable en los bienes y servicios regulados, especialmente las tarifas de los servicios públicos. 

El intendente socialista en el Departamento de Salto, Andrés Lima, reclama al Gobierno “políticas de frontera” y restricciones muy poco convencionales para las compras en el exterior, como una respuesta a este conflicto.

Pero la pérdida de competitividad no es la única manera en que se transmite la crisis argentina, sino que la menor demanda interna del país y la restricción sistemática de importaciones (entre ellas las que llegan de Uruguay) también afectan el nivel de actividad del país vecino.

La tasa de desocupación uruguaya saltó al 8,6% de acuerdo a la última medición correspondiente a marzo de 2023, marcando un aumento de 1 punto porcentual con respecto al mismo mes del año anterior. En gran medida, este comportamiento es atribuido no a factores internos sino más bien a la recesión argentina y el estancamiento de Brasil.

Hasta ahora, el aumento de la desocupación uruguaya no se perfilaba como un problema serio porque se producía por un incremento de la tasa de actividad y con crecimiento del empleo, pero a partir de diciembre del año pasado esta tendencia se revirtió y el grueso del desempleo se traduce directamente en la caída de la tasa de empleo.

Desperdiciando la oportunidad de llevar a cabo una reforma pro-mercado, el gobierno del Partido Nacional se limitó a reformar los parámetros del régimen previsional para evitar que las finanzas públicas se vean distorsionadas en los próximos años.

El Senado de Uruguay resolvió la aprobación de la reforma previsional impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou, luego de una serie de modificaciones realizadas en el tratamiento de la Cámara de Representantes y el posterior dictamen. El proyecto fue respaldado por los distintos sectores de la coalición oficialista, aunque no sin negociaciones mediante.

La reforma pretende reorganizar los parámetros del régimen de reparto para evitar el estallido de un desequilibrio fiscal mayúsculo durante los próximos años, en respuesta al envejecimiento poblacional esperado. En este sentido, el punto fuerte del proyecto fue el aumento gradualista de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, en un proceso de transición que deberá completarse en el año 2040.

Las personas nacidas en 1973 podrán jubilarse con un límite de 63 años para el año 2036, los nacidos en 1974 lo harán cumpliendo un mínimo de 64 años para 2038, y finalmente la transición se completa en 2040 cuando los nacidos en 1975 comienzan a jubilarse a los 65 años que establece la reforma. A partir de ese momento, todos los nuevos cotizantes deben alcanzar los 65 años para poder jubilarse.

El segundo punto de interés fue la reducción de la cantidad de años considerados para computar el monto del haber jubilatorio. La reforma original del Gobierno establecía una reducción de 25 a 15 años en este parámetro, pero las negociaciones con distintos grupos oficialistas derivó en un aumento hasta los 20 años para calcular las jubilaciones. La flexibilización limita el efecto fiscal al que pretendía arribar desde un principio, pero el Gobierno decidió aceptar los cambios de todos modos.

De acuerdo al Índice Global de Pensiones elaborado por el Instituto Mercer el sistema uruguayo mantiene resultados aceptables y con estándares internacionales en lo que es la “integridad” del régimen, entendiendo por integridad al grado de medidas aplicadas para proteger (o no) a los miembros de un determinado plan de pensiones. Sin embargo, el punto más débil del sistema era la sostenibilidad a largo plazo, considerando el cálculo actuarial entre ingresos y erogaciones futuras.

Por lo tanto, la reforma apunta directamente a mejorar el aspecto más débil del sistema y evitar la necesidad de resolver el déficit con aumentos impositivos que alienten la informalidad o ajustes poco graduales que requieran de una capacidad política que hoy el Gobierno no tiene.

Las particularidades del sistema Uruguayo y lo que el Gobierno se negó a hacer

El sistema previsional uruguayo se caracteriza por ser de carácter mixto, esto es, los cotizantes están obligados a aportar mensualmente al Banco de Previsión Social (BPS), un organismo estatal que centraliza el pago de ciertas transferencias sociales como las pensiones por invalidez o las asignaciones familiares. Esta estructura fue heredada del viejo sistema de reparto que rigió en el país en primer lugar. 

Desde 1996 en Uruguay también opera un sistema de capitalización, pero al que solo se puede acceder una vez pasado un cierto límite de edad y/o monto salarial mensual. Superados estos parámetros, los uruguayos nuevamente están obligados a aportar a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), un organismo que nuclea a las distintas empresas administradoras (la mayor parte privadas pero también con participación estatal). 

El Gobierno se negó a unificar el sistema y privatizarlo completamente, como rigió el sistema previsional de Chile desde 1980. Por otra parte, se rechazó a permitir una separación más robusta como la que se llevó adelante en Argentina en 1993, por la cual los afiliados a la seguridad social podían elegir a qué sistema adherirse (si reparto o capitalización) y no se establecían límites de edad o salario para condicionar esta elección. Ninguna de las dos alternativas fue adoptada por el Gobierno. 

También se determinó la negativa para permitir una mayor desregulación del sistema como ocurre en el caso chileno, en donde los afiliados pueden decidir cuándo jubilarse de manera libre, siempre y cuando se alcance un cierto umbral de aportes fijado por el Estado. Esta posibilidad tampoco es factible en Uruguay, el Estado fija celosamente cuándo y cómo se jubilan los afiliados sin importar el sistema en el que aporten.