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Uruguay

Gilberto Vázquez: “Que me digan asesino, torturador, fenómeno, pero ni chorro ni traidor”

Las viejas declaraciones del Coronel retirado Gilberto Vázquez salieron a la luz e incendiaron el plano político del país, revelando la hipocresía del Frente Amplio, y profundizando la polémica por el desafuero de Manini Ríos.

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El pasado jueves 27 de agosto, se hicieron públicas las declaraciones del 2006 del Coronel retirado Gilberto Vázquez, por un pedido del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al Ministerio de Defensa. Javier García, ministro de Lacalle, recibió esta información y la derivó al fiscal de Corte Jorge Díaz, quien liberó los documentos.
El militar retirado había sido detenido en mayo de 2006 donde fue acusado de ser responsable de la desaparición de 11 personas durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. Por orden del entonces Teniente General Carlos Díaz, fue sometido al Tribunal de Honor en julio de ese año, quien se encargaría de juzgar sus acusaciones. Vázquez declaró y explicitó haber cometido delitos de lesa humanidad, como la ejecución y el secuestro de numerosas personas durante la dictadura.
Segpun el Acta numero 10 del Tribunal de Honor, Gilberto Vázquez declaró: Que me digan asesino, torturador, fenómeno, pero ni chorro ni traidor.” Sigue: Yo tuve que ver con el caso Soba. Estuve 2 años trabajando en Argentina. Tengo que ver con el segundo vuelo, el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la Gelman, esas porquerías no las hubiera permitido de ninguna manera, y aseguró: “Yo tuve que matar y maté. Tuve que torturar y torturé. Muchas noches me cuesta dormir.”
Cerrando su declaración, también expresó:He ejecutado numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército durante el proceso“.
Estas declaraciones de Vázquez fueron mantenidas en secreto por casi 15 años de gobiernos de izquierda del Frente Amplio, y su reciente descubrimiento abre una abanico de preguntas de por qué se decidieron callar estas palabras mientras se promulgaba un discurso de incertidumbre sobre los desaparecidos.

Declaraciones completas de Gilberto Vázquez:

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En su momento se entendió que era necesario cumplir el artículo numero 77 el cual establece que “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito común o militar, su presidente comunicara de inmediato al superior que le corresponda.Por lo que en ese entonces se llegó a la conclusión de comunicarle a la entonces Ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, quien habría sido la que ocultó la información.

El actual Ministro de Defensa, Javier García, dijo que en 2006 el presidente Tabaré Vázquez y Berruti estaban al tanto de toda la información sin lugar a dudas.
El ex presidente Tabaré Vázquez y el Frente Amplio ocultaron esta información por motivos puramente políticos: al Frente le convenía y le conviene que se continúe con la torva política de los desaparecidos y las excavaciones, que han probado tener un precio muy alto y significan un negocio importante.

El ex ministro del Frente Amplio, José Bayardi, fue consultado por el tema en el programa Todas Las Voces del Canal 4 de Uruguay. El periodista y escritor Alvaro Alfonso le dijo a Bayardi que tenia constancia que él había leído el acta de Gilberto Vázquez:La información que yo tengo es que usted vio esto“. 

José Bayardi fue sub-Secretario de Defensa Nacional en el gobierno de Tabaré Vázquez, por lo tanto, es totalmente plausible que pudo haber estado al tanto de estos acontecimientos en 2006. Bayardi sin embargo negó haber tenido posesión de este articulo: “Nunca vi eso“, refiriéndose al acta del caso.

Por su parte, el grupo Madres y Familiares de Desparecidos, dio una conferencia el pasado martes 1° de septiembre, donde Ignacio Errandonea, un integrante y militante de la agrupación, declaró que desde el Ejército “ocultaron” los hechos de la Justicia. 

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Todo esto se da en el marco de la votación del desafuero del actual Senador y Teniente General retirado, Guido Manini Ríos, quien a su vez es acusado de no haber denunciado las confesiones del Teniente Genral Gavazzo en el Tribunal de Honor, en una situación muy parecida a la revelada con Gilberto Vázquez.

La votación del desafuero del senador Manini Ríos iba a realizarse el martes 1° de septiembre a las 15 horas, sin embargo, tras una reunión de cuatro horas del día lunes 31 de agosto por la noche, se resolvió por parte de la bancada del Partido Nacional que se postergaría la votación por una semana más para “poder seguir discutiendo el tema“. 
El Partido Nacional espera que el partido Cabildo Abierto aclare su postura y se exprese políticamente sobre el desafuero de Manini y sobre qué postura tomará el día que se vote el pedido del fiscal Morosoli, para continuar la investigación.
Recordemos que el senador Guido Manini Ríos ha dejado bien en claro públicamente su postura en que no pretende ampararse en ningún tipo de “privilegio” para defenderse de la Justicia. Es decir, él mismo está a favor de que voten por su desafuero parlamentario.
Revivir este tema de los ’70 genera un enorme dolor de cabeza en el Partido Nacional, especialmente en el presidente Luis Lacalle Pou, quien está tratando de impulsar la aprobación de un ambicioso Presupuesto Quinquenal y pidió que el desafuero a Manini Ríos se vote después del presupuesto.
La coalición de gobierno “Multicolor” depende principalmente del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, en una relación sumamente inestable que pende de un hilo, y que puede caer por estos temas sociales dejando con un Congreso fragmentado al Gobierno. En otras palabras, Lacalle no quiere arriesgarse a que las cuestiones del pasado causen inestabilidad en el Gobierno de ahora.


Por Pedro Figueredo, para La Derecha Diario.

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Uruguay

Escándalo en Uruguay: Jefe de Custodios de Lacalle Pou arrestado por falsificar documentos desde la residencia presidencial

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La fiscal Gabriela Fossati investiga a Alejandro Astesiano, quien vendía el servicio de falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtuvieran cédulas de identidad y pasaportes uruguayos.

Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue arrestado a principio de mes en el marco de un escándalo que involucra la falsificación de documentos para ciudadanos rusos, un trabajo que realizaba desde la residencia presidencial.

Lacalle aseguró que no tenía conocimiento de los hechos, y no intentó defenderlo cuando las autoridades se lo llevaron preso. Sin embargo, rápidamente salió a la luz que su ex ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, le había advertido sobre los actos criminales de su jefe de seguridad, pero el mandatario decidió ignorarlos.

La Fiscalía de Uruguay acusó a Astesiano, detenido el pasado domingo 25 de septiembre en la residencia presidencial, de los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, y decretó su prisión preventiva por 30 días.

La fiscal a cargo de la detención, Gabriela Fossati, explicó previamente que se lo investigaba por la adulteración de partidas de nacimiento rusas para que personas de ese país pudieran simular que sus padres habían nacido en Uruguay, para luego tramitar documentos de identidad uruguayos y poder quedarse legalmente en el país.

Hablamos de decenas de personas, cientos“, explicó la fiscal. Estas personas rusas pagaban enormes sumas de dinero para que la persona más cercana a Lacalle Pou les garantizara documentos de identidad falsos a sus padres, pero con la garantía de un funcionario de la casa de gobierno de que funcionarían.

Según dijo en una conferencia de prensa, Lacalle recibió en marzo del 2020 y nuevamente en septiembre del 2021 un legajo con todo el historial del imputado, en el cual no aparecían los antecedentes penales de procesamiento por estafa en 2002 y condena en 2014 por el mismo delito.

Si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia”, señaló en su momento. Sin embargo, esta declaración se contradice con la realidad, ya que más allá de cualquier carpeta que pudo haber sido confeccionada sobre su custodia, Lacalle había sido advertido de los antecedentes de Artesiano por el intachable Larrañaga. Alguien que según Lacalle era de su “extrema confianza”.

Finalmente, el Ministerio del Interior, ahora conducido por Luis Alberto Heber, informó el pasado 28 de septiembre que la ficha personal de Astesiano fue alterada para tapar sus antecedentes penales, y se dispuso una investigación de urgencia de la Policía Científica para establecer qué ocurrió.

Este sábado, tras varias semanas repletas de polémicas en torno al tema, finalmente Lacalle Pou volvió a referirse al caso y admitió que hubo graves errores en el manejo del caso: “Fue un episodio lamentable a nivel político y personal”.

Más allá del claro caso de corrupción que acontecía en la misma casa donde dormía el presidente de la República, el enojo de la gente se centra en que un criminal así haya tenido a cargo toda la seguridad interna de la sede del Gobierno, de la residencia presidencial, de la Estancia Anchorena y de todo lugar en el que estuviera Luis Lacalle Pou.

Además, era quien se encargaba de cuidar la seguridad de los jefes de Estado de gobiernos extranjeros que visitaban Uruguay, así como también de sus familias y otras figuras que estuvieran en tierras uruguayas.

También se pone en tela de juicio si el propio Lacalle Pou tiene las manos limpias, ya que tras la advertencia de Larrañaga, no se decidió investigar al sujeto ni se tomaron cartas en el asunto. La red de falsificación de documentos salió a luz recién dos años más tarde tras la detección de una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos.

La peculiar situación despertó el interés de diferentes policías y fiscales que decidieron investigar la trama, sin vinculos todavía con el Gobierno Nacional. Esto derivó en la detención de Roman Karpov, un ruso de 46 años que buscaba obtener la ciudadanía uruguaya. Esta persona admitió haber pagado para obtener documentos falsos, y señaló a Astesiano como el culpable.

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Economía

Lacalle Pou prepara Reforma Previsional: Garantiza capitalización, unifica cajas, baja impuestos y aumenta edad jubilatoria

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El presidente uruguayo lanzará este lunes el debate parlamentario para la nueva reforma jubilatoria en el país. Los cambios apuntan a mejorar la solvencia del Estado y profundizar el ahorro privado como fuente del crédito doméstico. 

La coalición gobernante en Uruguay, dirigida por el presidente Luis Lacalle Pou, se prepara para el debate y el lanzamiento de la reforma jubilatoria más importante de las últimas dos décadas

Los cambios abordados buscarán garantizar la solvencia intertemporal del sistema previsional uruguayo, considerando factores como el envejecimiento poblacional natural y la dinámica de la oferta laboral. El principal objetivo será preservar el equilibrio fiscal sobre las finanzas públicas para las próximas décadas. 

Todos los cambios presentados por el proyecto de Lacalle Pou afectarán pura y exclusivamente a aquellas personas nacidas a partir de 1967. Aquellas nacidas antes de esa fecha tendrán las mismas potestades y obligaciones que establece el régimen jubilatorio actual, y no se verán afectadas de ningún modo. 

Los pilares de la reforma de Lacalle Pou

Reorganización de la estructura del sistema

Hasta ahora, y desde la privatización parcial del año 1996, el sistema previsional uruguayo se basa en un régimen mixto en donde los cotizantes pueden decidir si aportar a instituciones administradoras privadas de fondos o bien aportar para el Estado. 

Con la reforma, la parte del sistema bajo reparto estatal que actualmente se divide en múltiples cajas especiales como la del Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Policial o la bancaria, entre muchas otras, será simplificada y centralizada en un mismo sistema común. Se creará un nuevo sistema previsional común para todas las cajas, con las mismas reglas de juego. 

Devolución de impuestos y garantía de la capitalización

El sistema de capitalización individual no tendrá cambios estructurales y cada cotizante podrá seguir eligiendo dónde aportar (siempre y cuando habiéndose superado el ingreso mínimo dispuesto por ley), pero la reforma reconocerá incentivos tributarios. 

El proyecto oficialista propone que el descuento de 2 puntos porcentuales sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se realiza por el uso de pagos a través de tarjetas de débito, será destinado a la cuenta de ahorro individual de cada persona en lugar de ir a manos del Estado a modo de recaudación. Se trata de una devolución de impuestos en beneficio de los cotizantes del sistema. 

Aumento de la edad jubilatoria

La principal reforma sobre la solvencia del sistema de reparto será el aumento de 60 a 65 años sobre la edad mínima requerida para poder jubilarse. La transición se aplicará de manera gradual, proyectada para finalizar en el año 2036. 

Se aplica así un esquema de transición entre el sistema actual y el nuevo sistema tras la reforma. Las personas nacidas hasta 1973 podrán jubilarse a los 63 años de edad, los nacidos en 1974 se jubilarán al cumplir los 64 años, y finalmente los nacidos en 1975 cumplirán con los 65 años dispuestos por el nuevo sistema. 

Estos cambios permiten compensar el efecto progresivo del envejecimiento poblacional acumulado hasta la fecha y proyectado para los próximos años, garantizando así la disciplina fiscal y la erradicación de mayores desequilibrios que puedan poner en peligro el pago de jubilaciones futuras. 

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Uruguay

Uruguay: Un juez ordena suspender la vacunación contra el COVID-19 en niños menores a 13 años

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También prohibió el pase sanitario para entrar o salir del país. La decisión del magistrado marca una gran victoria para la transparencia y la libertad.

Una gran victoria para la transparencia y la libertad en Uruguay se dio este jueves, luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”.

El magristrado también falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.

La sentencia indica que no se puede seguir vacunando niños hasta que Pfizer, el único laboratorio que recibió el permiso para vacunar menores de 13 años por parte del gobierno, responda una serie de preguntas respecto a la composición de la fórmula de las vacunas y brinde detalles acerca del contrato firmado con el gobierno uruguayo, que hasta el momento se ha mantenido confidencial por pedido de la empresa estadounidense.

Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad y magnitud“, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

El valiente juez asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que estaba cajoneada.

En ella se pedía aportar documentación sobre la composición de las vacunas y pidió que se suspenda la vacunación “en edades pediátricas” hasta que se esclarezca la situación.

El Ministerio de Salud de Lacalle Pou estalló de la furia, en un comunicado divulgado por Daniel Salinas, el ministro de Salud que diseñó el contrato confidencial con Pfizer. En una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, Salinas opinó sobre el fallo.

El gobierno sostuvo que el recurso de Dentone “no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere” para cursar su presentación, “lo que evidencia que debió ser rechazada de plano” por el juez.

En la misma línea, alegó que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo“, una afirmación que requiere de confianza en el funcionario, ya que la aprobación se hizo a puertas cerradas y ni la fórmula ni el contrato han sido publicados.

Y en el peor comentario jamás registrado en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, Salinas se arroga la suma del poder público en cuestiones sanitarias, argumentando que “la actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo“.

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