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Uruguay

Ley ejemplar: Senado uruguayo aprobó reparaciones para las víctimas del terrorismo comunista

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El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista y pone fin a la hegemonía de la izquierda en el tema. Se le pagará a las familias de los civiles y militares asesinados por Tupamaros.

En una ley sin precedentes en Latinoamérica, el Senado de Uruguay aprobó y convirtió en ley un proyecto que reconoce el derecho de reparación a las víctimas de la guerrilla comunista, presentado por el partido conservador Cabildo Abierto y que fue duramente resistido por el izquierdista Frente Amplio (FA).

La iniciativa, que ya había sido validada en Diputados, propone indemnizar con hasta 150 mil dólares, además de un reconocimiento moral y social para aquellos que hayan sufrido hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados, por motivos políticos o ideológicos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.

Es una ley ejemplar en la región, que finalmente reconoce el terrorismo civil al mismo nivel que el mal llamado terrorismo de Estado, y otorga algún tipo de resarcimiento a las familias de las personas, tanto civiles como militares, que fueron asesinados en un momento de conflicto interno.

Se busca abonar la reconciliación de los patriotas partícipes de dichos enfrentamientos, intentando cerrar una herida que ha dividido a diversas generaciones de nuestro país”, sostuvo el senador cabildante Guillermo Domenech.

Al referirse a la postura en contra del FA, Domenech manifestó su “esperanza de que la aprobación del proyecto, aun cuando no obtenga la unanimidad del sistema político, constituya un hito de reconciliación humana y de restauración de la verdad histórica”.

El Frente Amplio rechazó de cuajo el proyecto y ni uno de sus legisladores votó a favor. A medida que subía el tono de la discusión en el recinto, tomó la palabra el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo ver “una suerte de mezquindad con quienes fueron víctimas, pero no eran víctimas de los nuestros, eran víctimas de los otros, entonces no merecen una reparación”.

Y ahondó: “Hay una suerte de negacionismo: no hay culpa de quienes se alzaron en armas contra el Estado de derecho a principios de los años 60, por tanto las víctimas no merecen reparación”.

Cabe aclarar que actualmente existe en Uruguay, y en países como Argentina, Chile y Brasil, una infinidad de leyes que otorgan reparaciones económicas a los familiares de los terroristas guerrilleros que fueron aniquilados en combate contra las Fuerzas Armadas durante las dictaduras del siglo pasado.

Por lo que esta ley tiene un fuerte componente simbólico en el reconocimiento del otro lado de la guerra interna que sacudió a Uruguay entre los 60s y 70s, y corta con la hegemonía de la izquierda en el victimismo sobre este tema.

Uruguay

Renunció el Presidente del Partido de Lacalle Pou: Confesó apretar fiscales en una causa por pedofilia

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Las conversaciones revelaron que Pablo Iturralde había buscado que la investigación contra Gustavo Penadés la encabezara una fiscal amiga. El senador está siendo investigado por abuso sexual de menores.

El presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, presentó su renuncia al liderazgo del partido luego de que saliera a la luz que gestionó el blindaje del ex senador blanco Gustavo Penadés en la Justicia.

Según lo trascendido, Iturralde quería que la causa que investiga a Penadés por múltiples delitos sexuales quedara en manos de la fiscal Alicia Ghione por ser su “amiga” de “gran confianza”. Esto se supo a partir de una serie chats entre Iturralde y Penadés de marzo del año pasado difundidos este jueves por el semanario Búsqueda de Uruguay.

Luego de la denuncia pública del exmilitante nacionalista travesti “Romina” Celeste Papasso el 28 de marzo en el programa Hacemos Lo Que Podemos, el entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, resolvió iniciar una investigación de oficio e inicialmente la fiscal designada fue Mariana Alfaro. No obstante, la magistrada presentó un recurso administrativo en el que planteaba que entendía que el caso no correspondía a su turno.

El 30 de marzo, Iturralde le envió un enlace a Penadés de una noticia sobre la decisión de Alfaro. En otro mensaje, el dirigente nacionalista escribió: “Esta es una gran HDP. Fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema de la operacion Océano", en referencia a la operación judicial que investigaba a una gran cantidad de dirigentes políticos por pedofilia.

"Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj. La que sigue es Ghione. Si hay una lógica se la tendrían que dar a ella”, y sumó: “Ghione es mi amiga”. “Ojalá”, respondió el entonces senador que terminó renunciando por esta causa.

Al día siguiente, el 31 de marzo, se concretó lo que Iturralde esperaba y el caso pasó a manos de Ghione. “Se lo dieron a Alicia Ghione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número”, le escribió a Penadés, que le respondió: “Ok. Gracias. Muy buenas tus declaraciones. Gracias”.

Iturralde continuó: “Las merecés y más”, y en un segundo mensaje apuntó contra el fiscal de Corte: “Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo. Hay que empujarlo, que se caga y se va”.

Iturralde presentó su renuncia días después de que trascendieran los chats, pero llevaba años siendo denunciado por este tipo de manejos. El dirigente tiene antecedentes de apretar militantes de derecha dentro del Partido Nacional, para bajarles el perfil y promover una línea más progresista dentro de la agrupación política que maneja actualmente el gobierno.

El caso más paradigmático de esto es el de la militante Stephanie Magliano, que fue amenazada por Iturralde de ser expulsada del Partido al difundirse un audio de ella en el cual hacía mención a un relato del hijo de Gutiérrez Ruiz, un uruguayo exiliado por la dictadura asesinado en Argentina, en la película "Destino Final" sobre la muerte de su padre.

Iturralde es un histórico dirigente del Partido Nacional, perteneciente al wilsonismo, el ala de centro izquierda de esa fuerza política. Fue integrante de la juventud partidaria y ocupó cargos durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (el padre de Luis Lacalle Pou), que gobernó entre 1990 y 1995. Fue diputado y en 2020 pasó a desempeñarse como la máxima autoridad del partido del presidente.

Por su parte, la fiscal Ghione dio declaraciones a los medios a la salida de una audiencia y aseguró que está evaluando “dar un paso al costado” en la investigación del caso Penadés. “Hay determinados límites que son cuando se meten con la vida personal de uno”, expresó.

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Argentina

Adorni defiende el liberalismo de Milei: "Nosotros no creemos en un Estado fuerte, creemos en un Estado al revés de lo que plantea Lacalle"

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El vocero argentino opinó sobre los dichos de Lacalle Pou en contra del liberalismo que defiende el presidente Javier Milei.

Unas semanas atrás, el presidente Javier Milei se cruzó con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la cena anual de la Fundación Libertad. Los mandatarios se fundieron en un cálido abrazo, y el argentino le aceptó una invitación a Montevideo, aunque sin una fecha concreta.

Sin embargo, un rato antes, el saliente presidente de la República Oriental propinó una chicana contra el modelo libertario que promueve Milei, asegurando que el "liberalismo a la uruguaya" cree en "políticas liberales pero con Estado fuerte".

"La libertad no se puede gozar si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a la salud o no se estudia. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad", dijo insólitamente en su discurso. Esta frase no fue escuchada por Milei en ese momento, ya que todavía no había arribado al evento y llegó luego de la exposición de Lacalle.

Aunque en su momento no la escuchó el mandatario argentino, resonó fuerte entre los liberales seguidores de Milei, y abrió un debate. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó la postura del Gobierno argentino en una entrevista para el diario El País.

"Bueno, es la posición de Lacalle Pou. Nosotros no pensamos así. Nosotros creemos en un Estado al revés de lo que plantea Lacalle Pou. Que sea un Estado que no le complique la vida a la gente. Y creemos en la igualdad de oportunidades reales. En la igualdad ante la ley. Y en el esfuerzo y el sacrificio. Y ahí el Estado no tiene mucho que hacer", explicó el portavoz argentino al periodista Sebastián Fest.

Sobre la postura respecto al Mercosur, Adorni explicó: "Nosotros tenemos una idea clara de lo que queremos en términos de comercio internacional, que es la libertad comercial absoluta. Dentro del Mercosur, nosotros lo que vamos a hacer es siempre promover eso. Todo lo que pueda sugerir trabas o complicaciones o burocracias, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Por lo tanto, si el Mercosur puede ir en línea con nuestras ideas, bienvenido sea".

Y expandió: "Nosotros somos afines con los que efectivamente son afines con nosotros. Entendemos que Uruguay, o Chile, o incluso Paraguay, han hecho muchas veces las cosas mejor que nosotros. Tenemos mucho camino por andar".

"Los demás países seguramente también, pero Argentina viene un paso atrás y son pasos que queremos dar de manera acelerada, para salir de esta bancarrota, miseria y decadencia en la que estamos. Después, si el Mercosur es parte de esa agenda, mejor. No hay mucho para cuestionar ni para enaltecer con respecto al Mercosur", completó.

Por último, se refirió a la batalla cultural que está dando Milei en Argentina, algo que nunca pareció importarle a Lacalle Pou en Uruguay. "La batalla cultural es, para nosotros, el debate de la libertad, de lo que pueda significar la desregulación del Estado, de la economía y la baja de impuestos. Normalizar este país. Y creo que lo vamos a hacer, vamos a tener un gran resultado", cerró.

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Uruguay

Las consecuencias del “Estado fuerte” en Uruguay: 22% de los niños viven por debajo de la línea de la pobreza y sufren desnutrición infantil

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Bajo el gobierno de Lacalle Pou en Uruguay, la pobreza infantil persiste sin soluciones contundentes, reflejando una falta de acción frente a las necesidades más básicas de la población.

El problema de la pobreza infantil no es nuevo en Uruguay, y golpea a todo el sistema político, desde el izquierdista Frente Amplio hasta el Partido Nacional, y mucho menos al Partido Colorado; ninguno ha encontrado caminos que logren al menos reducir esta gran dificultad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos de pobreza en Uruguay medida por nivel de ingreso, correspondientes al año 2023, donde se confirma que el número de personas, la pobreza alcanza al 10,1%, y entre niños, este número aumenta hasta el 22%.

Lo que sorprende es que estos números sean defendidos por el presidente Lacalle Pou en sus recientes declaraciones en la cena anual de la Fundación Libertad, donde quiso imponer su "liberalismo a la uruguaya", donde el Estado "debe ser fuerte" para supuestamente "sacar a las personas de la pobreza".

"La libertad no se puede gozar si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a la salud o no se estudia. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad", dijo insólitamente en su discurso.

Según el informe, el 50% de los niños que nacen lo hacen bajo la línea de pobreza; el 22% de los niños tienen necesidades básicas insatisfechas. Un dato lapidario que debiera no dejar dormir al gobierno de, que en lugar de ocuparse por resolver la terrible realidad que atraviesa su país, prefiere pasearse y hacer vedetismo y farándula en la Argentina y el mundo, imitando a su colega, José Mujica, que prefería el glamour de los medios internacionales a gobernar.

La pobreza en general sigue creciendo; el 10,4% actual ya supera los valores previos a la pandemia. La pobreza entre menores de 6 años es 11,6 veces mayor que la de los adultos mayores de 65, una disparidad que refleja una tendencia.

Uruguay es un país completamente estancado económicamente, con un estado con un peso gigantesco sobre la economía. En Uruguay, el Estado maneja los combustibles, la mayor parte de la electricidad, la mayor parte de la telefonía, la obra pública y privada, el mercado laboral, la educación, la salud. Uruguay es un país que no tiene nada de liberal en lo económico, y las consecuencias están a la vista: la economía no crece, solo un 0,4% en todo el año 2023, y las expectativas no mejoran.

Tan es así que en las escuelas públicas de Uruguay, donde según el Presidente uruguayo, el Estado se encuentra muy presente, los niños almuerzan ensaladas con una cantidad ínfima de vegetales y no los dejan repetir.

Lo que queda claro es que nadie se anima a hacer reformas que liberen la economía y permitan que ésta crezca en Uruguay. Simplemente eligen mantener el país como está, en pos de beneficiar a ciertos intereses corporativos, para beneficiar a la casta prebendaria Uruguaya.

No hay mucha vuelta que darle: el gobierno de Lacalle Pou eligió tomar una postura de respuesta y no de propuesta ante los problemas que atraviesa Uruguay. No propuso desregular el mercado laboral, desregular los combustibles o bajar el gasto público para reducir el peso del estado sobre la economía, nada de eso.

Simplemente eligió hacer la vista gorda ante los problemas y patear la pelota para adelante. En consecuencia de ello, quien lo suceda en el gobierno en el año entrante deberá afrontar estos problemas que el mandato de Lacalle ignoró. Pero el panorama es desolador, ningún actual precandidato propone medidas de este estilo, ni semejantes; todos buscan mantener el Estado gigante que caracteriza al Uruguay desde el año 1900.

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