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Papelón histórico de Biden: Le sacó las sanciones a Venezuela para que tengan elecciones libres, pero Maduro igual inhabilitó a la oposición

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que podría imponer castigos a Venezuela por la inhabilitación de la líder opositora Maria Corina Machado, luego de sacarle las sanciones pensando que iban a haber elecciones libres.

Este viernes se cayeron completamente los Acuerdos de Barbados y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el sanguinario dictador Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación de la líder opositora liberal Maria Corina Machado.

De esta manera, colapsó el gran plan de Joe Biden, que desde hacía más de un año había comenzado un proceso de quita de sanciones contra Venezuela, a cambio de dos cosas: que el chavismo permitiera elecciones libres en su país y que le vendiera cuotas preferenciales de petróleo.

Pero este acuerdo se convirtió en el quizás mayor fracaso de toda la administración Biden en el plano geopolítico: si bien se le permitió a Chevron volver a explotar los yacimientos de petróleo junto petrolera estatal venezolana PDVSA, el mayor comercio sigue ocurriendo entre Venezuela y Rusia, China e Irán.

Además, no habrá elecciones libres en Venezuela, algo completamente esperable para cualquiera que entiende el nivel de enquistación en el poder que está el chavismo. No había prácticamente nadie que pensara que iban a permitir ir a unos comicios libres, especialmente cuando Corina Machado mide arriba de 60 puntos en primera vuelta.

Tras la prohibición del viernes contra la líder opositora, Estados Unidos está “actualmente revisando” las sanciones a Venezuela, según dijo el Departamento de Estado en un comunicado, “en base a este desarrollo y los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”.

La decisión de la Corte Suprema de Venezuela del 26 de enero de descalificar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática, María Corina Machado, es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024", enunció la cartera que dirige Antony Blinken, el artífice del fracasado acuerdo.

"El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió una copia de la acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a ellas”, indicó el Departamento de Estado norteamericano.

“Esta decisión profundamente preocupante va en contra de los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en virtud del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales. Actualmente, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”, añadió.

En X (ex Twitter), Machado dijo que la decisión del Supremo de inhabilitarla por 15 años, pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba “garantías electorales”, así como el fin de las inhabilitaciones.

El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, aseveró Machado. A su juicio, el dictador Nicolás Maduro y “su sistema criminal” escogieron el camino de “unas elecciones fraudulentas”.

Con esta sentencia, la máxima corte venezolana cerró el paso para que Machado, una ingeniera industrial de 56 años, pueda inscribir su candidatura para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre del año.

Estados Unidos

Milei recibió en la Casa Rosada a Antony Blinken, la persona con más poder en el gobierno de los Estados Unidos

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El Presidente y su Gabinete mantuvieron un encuentro de algo más de una hora con el jefe de la diplomacia estadounidense y su comitiva. “Argentina decidió volver al lado de Occidente, el progreso y la democracia”.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien no solo oficia como canciller de Joe Biden, sino que también es la persona más poderosa de la Casa Blanca, dado el deterioro cognitivo del actual mandatario y la influencia que perdió últimamente la vice, Kamala Harris.

El representante estadounidense llegó al país rodeado de una nutrida comitiva para afianzar las relaciones bilaterales y discutir la letra chica de la renegociación del acuerdo con el FMI, el funcionario llega interesado en el vínculo geopolítico de los países de la región con China y Rusia, y su posicionamiento frente a la guerra en Israel.

Antes de iniciar el encuentro y al ser consultado por la prensa cuál era el mensaje que quería enviar hacia Estados Unidos, el primer mandatario respondió: “Argentina ha decidido volver al lado de Occidente, al lado del progreso, al lado de la democracia y, sobre todas las cosas, al lado de la libertad”.

Blinken llegó acompañado por el embajador ante la Argentina, Marc Stanley; el secretario asistente para el Hemisferio Oeste, Brian Nichols; el vicejefe de Gabinete del Secretario, Thomas Sullivan; al vocero Adjunto del Secretario, Vedant Patel; y al consejero político, Robert Allison.

El presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los ministros Luis Caputo (Economía); Guillermo Francos (Interior); la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado de Argentina en Washington, Gerardo Werthein.

La encargada de darle la bienvenida a los funcionarios en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, a las 11, fue la canciller, Diana Mondino, y luego se dirigieron al Salón Eva Perón, donde fueron recibidos por el primer mandatario. Antes, Blinken había realizado una “recorrida cultural” por el Cabildo, que incluyó una caminata al aire libre por la Plaza de Mayo.

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Estados Unidos

Una fiscal demócrata de Nueva York ordenó que Trump tiene que pagar US$ 350 millones o se le confiscarán todos sus hoteles

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"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", aseguró Letitia James.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció esta semana que está dispuesta a confiscar los bienes del candidato republicano a la presidencia de 2024, Donald Trump, incluidos edificios, si no paga los US$ 354 millones de dólares ordenados por el juez Arthur Engoron en el caso civil que James presentó contra él.

"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", declaró James, quien busca confiscar los hoteles de Trump si no realiza el pago.

Además de los US$ 354 millones de dólares, se le prohibió realizar negocios en Nueva York durante tres años en un fallo del viernes de Engoron. Trump ha prometido apelar el fallo.

James dijo que tenía "mucha confianza" en la solidez de su caso en la apelación y reiteró que su oficina no dudaría en confiscar los hoteles de Trump si no puede pagar. James dijo que buscaría empezar por el rascacielos 40 de Wall Street de Trump, que pasó a llamarse Edificio Trump en la década de 1990.

"Estamos preparados para asegurarnos de que se pague el juicio a los neoyorquinos, y sí, recibiré 40 Wall Street todos los días", dijo James.

Trump fue acusado de inflar su patrimonio neto para obtener condiciones de préstamo más favorables, pero eso nunca fue probado y los bancos también hicieron sus propias evaluaciones al momento de distribuir los préstamos, quienes coincidieron con el análisis del ex mandatario.

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Estados Unidos

La Cámara de Diputados votó por destituir al Secretario de Seguridad Interna de Biden por la crisis migratoria

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La Cámara Baja le dio media sanción el pasado martes por remover a Alejandro Mayorkas de su puesto tras su fracaso en el manejo de la crisis fronteriza.

El pasado martes 13 de febrero, el Congreso estadounidense le dio media sanción a la destitución del Secretario de Seguridad Interna de Biden, Alejandro Mayorkas, por su mala gestión de la crisis fronteriza, habiendo generado la peor crisis migratoria de la historia de Estados Unidos.

El impeachment lo presentó el ala trumpista del Partido Republicano, pero no tuvo el apoyo total de la bloque. Tres republicanos votaron en contra, y el juicio político se aprobó por la mínima, tan solo por 214 votos contra 213.

No obstante, el caso ahora será trasladado al Senado, donde la acusación deberá alcanzar dos tercios de los votos positivos para proceder con su destitución. El antecedente más cercano a esta situación se produjo en el año 1876 cuando William Belknap fue acusado formalmente pero absuelto en la Cámara Alta.

Mientras que todo el bloque del Partido Demócrata se mantuvo unido en la decisión de no apoyar la acusación, tres legisladores pertenecientes al Partido Republicano se alinearon con sus colegas demócratas y votaron en contra de destituir al funcionario.

Al igual que en una anterior votación, los diputados republicanos Mike Gallagher (Wisconsin), Ken Buck (Colorado), y Tom McClintock (California) decidieron votar en contra de la moción.

En la semana anterior, hubo un primer intento de impeachment, donde los tres representantes republicanos volvieron a votar en contra de la destitución, oero se les sumó el diputado Blake Moore, de Utah, quien había cambiado su voto a último minuto y en esta ocasión sí voto en concordancia con sus compañeros de bloque.

Además de la situación, en la pasada sesión que finalizó 216-214 en favor de Mayorkas, todo el bloque demócrata se encontraba en el recinto, incluyendo al representante demócrata de Texas Al Green, quien egresó de manera anticipada del hospital tras recuperarse de una cirugía para efectuar el voto.

Desde la oficina del líder de la mayoría en el senado, Chuck Schumer, señalaron que el juicio al funcionario perteneciente al gabinete de Biden comenzaría a fines de febrero o incluso a principios del mes de marzo en donde los senadores actuarán como jurados y la sesión será presidida por la presidente pro tempore de la cámara alta Patty Murray.

Los oficiales de acusación, tratándose de miembros de la cámara de representantes que actúan como fiscales, ahora deberán llevar los argumentos al senado. Este proceso que se suele realizar en el primer día del juicio, además podría acompañar a la jura de los senadores como jurados debido a esquemas temporales de la cámara.

Luego de especulaciones acerca de si el Presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, sería el encargado de presidir el juicio, las mismas se disiparon debido a que de acuerdo a las normas del juicio al mismo le correspondería en caso de que se trate del presidente o vicepresidente del país, pero en este caso será Patty Murray quién deberá llevarlo a cabo.

Los senadores ahora tendrán la decisión de llevar a cabo un juicio completo, desestimar el caso, o pasar directamente a la votación de los artículos de destitución. De igual manera, los senadores que actúan como jurados tienen a su vez la opción de enviar los artículos tratados a una comisión para realizar una revisión.

Eventualmente, la decisión será la de desestimar los cargos o bien votar por sí o por no los artículos que tienen por objetivo destituir a Mayorkas. Desde el sector del Partido Republicano deberán estar especialmente atentos a las maniobras que puedan desarrollar los senadores demócratas con el objetivo de sabotear el juicio, por lo cual podrían tomar acciones de represalia contra los mismos.

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