Sinaloa lleva casi un año bajo fuego. Las cifras se amontonan con precisión quirúrgica: más de mil seiscientos asesinatos dolosos, mil setecientos secuestros y cerca de seis mil vehículos robados desde septiembre pasado. Cada número tiene rostro, nombre, madre, ausencia. Pero en los pasillos del poder, no hay prisa. Ni vergüenza.
Desde hace diez meses, la tierra de los Guzmán y los Zambada se desangra en silencio. La guerra interna por el control del Cártel de Sinaloa, esa vieja estructura criminal que aprendió a vivir entre los brazos del poder político, se ha recrudecido con la ferocidad de quienes ya no pelean por plazas, sino por sobrevivencia. Los Chapitos y Los Mayitos, dos apellidos con historia y pólvora, disputan no solo rutas y laboratorios, sino también el relato que quedará en la memoria del narco mexicano.
Y en medio del caos, el gobierno.
Rubén Rocha Moya, gobernador morenista, camina entre los muertos con una impavidez que solo podría explicarse desde la complicidad o la resignación. Eludido por su propio discurso de transformación, su silencio se ha vuelto una consigna. Ni los levantones en pueblos enteros, ni las narcomantas que exhiben a mandos infiltrados, ni el miedo que se esparce como neblina sobre las calles de Culiacán, han provocado en él algo más que declaraciones tibias y promesas huecas.
El Estado, así, se ha vuelto un espectador más.
La ilusión del control
Hace unos días, el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, presumía en la mañanera una lista de operativos exitosos: mil 400 detenidos, más de 58 mil kilos de droga incautada, una tonelada y un millón de pastillas de fentanilo aseguradas, y 87 laboratorios desmantelados. La numeralia suena bien. El problema es que la realidad no ha cambiado un centímetro.
