En un México que ya ha entrado técnicamente en recesión, que ha perdido su soberanía en vastos territorios a manos del narco-terrorismo, con el buque destructor USS Gravely —especializado en combate al crimen organizado— estacionado en el puerto de Veracruz, y la llegada del embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, en puerta, a Doña Presidente se le ocurrió que era buen momento para lanzar una ley útil para amarrar como a un perro la libertad de expresión, y para regresar a esos tiempos estalinistas en los que la Secretaría de Gobernación revisaba, autorizaba o censuraba todo tipo de información, opinión y concesiones.
Toda dictadura socialista que se precie de serlo debe intentar controlar absolutamente todo, y a este fin abona mucho la disolución de la división de poderes, y sujetar a todos los medios de comunicación, y ahora también a las poderosas redes sociales, a las que busca incluso bloquear… Esto huele a Mao, revolución cultural y PCCh.
¿Qué más puede salir de la mente de una persona cuyo contexto social estaba empapado con sueños floridos de Fideles Castros y cuya recreación ha consistido en entonar trovas latinoamericanas zurdas? Estamos hablando de una persona hiperideologizada, que hoy despacha en Palacio Nacional. Sin novedades, mi capitán.
Si hacemos caso a Lilly Téllez, la hipersensibilidad de Sheinbaum a las críticas que recibe habría sido el detonante para sacarse de la manga la propuesta de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, conocida como la “Ley Censura”. No coincido en que esa sea la causa, sino un proyecto dictatorial (la dictadura del “proletariado”, que más bien es de la 4T).
Pero en lo que sí coincido con mi valiente amiga arquera y senadora es en que la Ley Censura es un garrotazo a la libertad de los mexicanos para acceder a la información. El gobierno de Sheinbaum decidiría qué verán los mexicanos y a través de qué medios y plataformas. Traducción: esto es algo inaceptable.
Esa ley simplemente emerge no como un oscuro presagio de autoritarismo, sino como la confirmación de la ruta roja por la que nos quiere llevar Claudia y su equipo de progres y socialistas enfebrecidos de poder. Esta iniciativa, enviada al Senado hace unos días, no solo amenaza con encadenar la libertad de expresión, sino que, junto a la inminente captura del Poder Judicial por el oficialismo, revela un proyecto deliberado de consolidación dictatorial.
Desde una perspectiva conservadora y de Nueva Derecha —que defiende la libertad, la soberanía nacional y la Verdad religiosa frente al relativismo progresista—, la lanzada de Claudia es un plan con maña que solo desprestigia a su gobierno. Dice Jorge Romero, líder nacional del PAN, que aunque al final le están cambiando a la ley algunas palabras, el daño ya está hecho, porque el gobierno sacó las uñas y mostró su prioridad: controlar plataformas, no defender derechos.
Y esto nos aleja —señala Romero— de una democracia contemporánea y “nos acerca a modelos autoritarios como Venezuela o China”. Sobre todo a China, recalcaría yo. Recordemos que en México se juega una guerra proxy, en el frente de tierras raras, comercial, económico, de desarrollo tecnológico, y en donde los cárteles que mueven el fentanilo —y todo quien prefiera darles “abrazos” y no detenerlos— se han alineado ya con el Dragón Rojo, con lo que se hacen corresponsables de la muerte de 250 mil norteamericanos al año por esta sustancia.
El Artículo 109: una daga contra la libertad
El núcleo venenoso de la “Ley Censura” reside en su Artículo 109, que faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —un ente subordinado al Ejecutivo— a bloquear plataformas digitales por incumplimientos vagamente definidos. La sola idea de “bloquear” una plataforma luce como algo incompatible con una mente democrática. Esta redacción ambigua, carente de contrapesos judiciales, otorga al gobierno un poder discrecional para silenciar voces disidentes en redes sociales, el último bastión de la libertad de expresión en un país donde los medios tradicionales han sido cooptados o intimidados. Es decir, controlar contenidos en internet es una forma de degradar a México y su deshidratada democracia en una Cuba, Venezuela o China, donde decir la verdad puede ser un crimen y te hace acabar en la cárcel.
Los cambios de la ATDT, que asume funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), no son un simple ajuste burocrático. Es un paso hacia la hipercentralización del poder, donde el Ejecutivo, sin rendir cuentas, decide qué contenidos son “permitidos”.
