En el principio fue la voz.
No el micrófono, no la imprenta, no el tuit. La voz. Esa que se alzó en las plazas cuando el miedo era doctrina, la que narró lo que el poder quiso enterrar, la que documentó la sangre mientras otros contaban votos. La voz que incomoda, que no pide permiso para decir lo que pasa. Hoy, esa voz está bajo asedio.
El régimen no quiere silenciarla a gritos, sino con algo más perverso: legislar la obediencia, criminalizar la crítica y domesticar la palabra. No pretende callarla con miedo. Quiere aniquilarla con leyes.
La estrategia del pellizco
La democracia mexicana no caerá de golpe. No habrá botas en la calle ni tanques en el Zócalo. Morirá poco a poco, a pellizcos jurídicos, disfrazados de modernización, maquillados de ética, envueltos en discursos de “gobernabilidad”.
Cada iniciativa, cada “reforma”, es una puntada más en el sudario de la libertad de expresión. Un Congreso que discute cómo limitar al periodista, y no cómo protegerlo, deja de ser poder legislativo y se convierte en cómplice institucional del autoritarismo.
Desde Palacio Nacional, la consigna es simple: quien cuestiona, traiciona. El periodismo independiente es “chayote”, el reportaje incómodo es “montaje”, la investigación es “guerra sucia”. Así se alimenta el ecosistema de la desconfianza, amplificado desde la mañanera, replicado por bots, influencers pagados y medios sometidos por convenios.
Censurar por decreto digital
El pasado 30 de abril, el diputado morenista Gilberto Herrera Ruiz presentó una iniciativa que, bajo el pretexto de regular la inteligencia artificial, busca controlar el flujo de la información desde su origen algorítmico.
La propuesta pretende que solo el Congreso federal tenga la última palabra sobre el desarrollo y uso de tecnologías emergentes, incluida la IA. Pero esto no es una discusión técnica. Es un paso hacia una nueva forma de censura: la censura automatizada.
Lo que Herrera propone es una muralla ideológica, un filtro en donde lo que se publica debe pasar por el tamiz de lo que el régimen considera “ético”.
La pregunta no es si la IA debe regularse. La verdadera pregunta es: ¿Quién va a regularla y con qué propósito?
Cuando un gobierno que ataca periodistas todos los días quiere controlar la tecnología que automatiza reportajes e investigaciones, no busca proteger derechos. Busca blindarse de la crítica.
Puebla: nepotismo digital con sabor a mordaza
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta dio un paso más allá. Promovió una reforma que convierte el “insulto en redes sociales” en un delito penal. Hasta tres años de cárcel y 30 mil pesos de multa por expresarse sin su venia.
¿Es para proteger a víctimas de acoso? No. Es para blindar a los poderosos del humor, la crítica, la denuncia.
La reforma al artículo 480 del Código Penal local no defiende libertades: las estrangula.
