La reciente “elección judicial” en México no fue un ejercicio democrático, sino un reflejo del caos interno en Morena y del colapso del proyecto nepotista de Lenia Batres en la Suprema Corte. Con el 73% de los votantes siguiendo un acordeón preimpreso a favor de Hugo Aguilar Ortiz, quedó en evidencia que el proceso no fue libre ni ciudadano, sino una interna partidista maquillada de participación popular.
El fracaso de Batres marca un punto de quiebre dentro del oficialismo: ni su apellido ni su cercanía ideológica con Palacio Nacional bastaron para imponerse. Pero más allá de la grilla interna, hay un elemento aún más preocupante: la instrumentalización de las comunidades indígenas como parte de la estrategia de legitimación del régimen.
Hugo Aguilar Ortiz fue presentado por el gobierno como representante de las comunidades indígenas, un rostro “popular” y “diverso” supuestamente elegido por el pueblo. Pero la realidad es que su candidatura fue una operación de tokenización política, donde la identidad étnica fue reducida a un recurso simbólico.
La Cuarta Transformación ha convertido el indigenismo en una moda política, útil para la propaganda pero vacía de compromiso real. Las comunidades originarias —históricamente marginadas por el sistema— son ahora utilizadas como decoración discursiva para justificar decisiones tomadas por las élites partidistas. No hay empoderamiento real, ni voz, ni autonomía: hay utilitarismo y simulación.
