Decisión sobre desafuero de Cuauhtémoc Blanco pende de un hilo

La solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco podría ser desestimada por el pleno de la Cámara de Diputados, como sugiere la Sección Instructora. Sin embargo, el proceso no concluiría allí; la Fiscalía de Morelos tiene la opción de solicitarlo nuevamente, advierte Hugo Éric Flores, diputado de Morena y presidente de la Sección Instructora.

Proceso en la Cámara de Diputados

Si el pleno decide que la solicitud debe regresar a la Sección Instructora, comenzaría un nuevo análisis del caso. Flores explica que si se admite y continúa el procedimiento, se deberá diligenciar todo el debido proceso legal, notificando al legislador implicado sobre las acusaciones en su contra.

Perspectivas sobre el Caso

Aunque existe la posibilidad de que el caso sea devuelto a la Sección, Flores considera que podría desecharse rápidamente debido a la falta de pruebas contundentes. "Desde mi punto de vista, con una carpeta tan débil, el proceso podría ser bastante rápido", comenta, indicando que el expediente carece de suficientes evidencias para sostener un proceso prolongado.

Diputadas de varios grupos parlamentarios han formado un bloque para votar en contra de desechar el caso, buscando asegurar un escrutinio justo y completo. Flores respeta esta iniciativa, pero defiende el dictamen por razones legales, destacando su empatía por la lucha femenina sin dejar de apoyar el desechamiento desde una perspectiva legal.

Posibles Consecuencias y Quejas

Tras rumores de que los diputados de oposición planean presentar una queja contra él por su manejo del dictamen, Flores se mantiene firme. "Están en su derecho", afirma, asegurando que ha actuado dentro de los límites legales y está preparado para cualquier repercusión.

Finalmente, Flores aclara que el objetivo del dictamen no es proteger a Cuauhtémoc Blanco, sino establecer un precedente legal robusto. "Lo que buscamos es que cuando se presente algo contra algún funcionario con fuero, se haga bien, para que el proceso sea jurídico y no político", concluye.

Este caso sigue desarrollándose en un entorno cargado de expectativas y debate político, con implicaciones significativas para la integridad y la transparencia del proceso legislativo en México.