Intento de deslinde sin sustento

Para deslindarse de responsabilidades, Romo señaló que la manifestación de construcción fue ingresada en marzo de 2018, bajo la gestión de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, dicho trámite no era ilegal: establecía condiciones específicas para remodelar el inmueble.

El problema surgió cuando su administración permitió que se construyera más allá de lo autorizado. La responsabilidad de verificar y sancionar recaía en su gobierno. No importa quién recibió el papel en ventanilla, sino quién permitió que la obra se desbordara.

Las clausuras ocurrieron con Tabe

Lo más contundente contra su relato es que las clausuras reales ocurrieron después de su salida. La administración de Mauricio Tabe clausuró la obra el 23 de septiembre de 2022 y nuevamente el 17 de febrero de 2023, señalando que “no correspondía con lo autorizado”.

Ambos procedimientos fueron impugnados y el Tribunal de Justicia Administrativa retiró los sellos al resolver los juicios de nulidad. Actualmente, el predio NO está clausurado y los juicios han quedado sin materia.

Si Romo hubiera corregido algo en 2019, como presume, las clausuras en 2022 y 2023 no habrían sido necesarias. La cronología lo desmiente: la PAOT detectó la anomalía antes que él y la verdadera acción legal ocurrió en otra administración.

El show por encima de la ley

El video de Romo busca proyectarlo como justiciero frente a un alcalde supuestamente complaciente con constructores. Pero los hechos revelan algo muy distinto: un político que prefirió el show a la legalidad.

Su puesta en escena del 24 de julio de 2019, con casco y herramienta, frente a una obra en proceso, lo muestra claramente. Mientras él posaba, la construcción seguía avanzando. No fue un acto de autoridad, sino una simulación de justicia para redes sociales.