Diputados aprueban ley contra explotación infantil... tras décadas de complicidad

La reforma surge tras años de omisión en los que el Estado permitió que zonas turísticas facilitaran la explotación infantil. La impunidad es alarmante: menos del 1% de los casos son castigados, mientras el delito crece sin freno.

El PRI estima que esta red criminal genera cerca de 24 mil millones de dólares anuales, sostenida por el silencio político. A pesar de su magnitud, el tema ha sido minimizado por las autoridades durante décadas.

Medidas que debieron llegar hace décadas

La reforma obliga a los operadores turísticos a solicitar documentos que acrediten la relación entre adultos y menores que viajan juntos.

Si no se acredita dicha relación, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso inmediato a las autoridades. También se establecen protocolos para detectar posibles casos de trata o explotación durante el ingreso, hospedaje o tránsito.

El dictamen fue respaldado por todas las bancadas, pero varios legisladores admitieron que el marco legal mexicano seguía siendo permisivo con el turismo sexual infantil. No existían mecanismos efectivos para frenar a quienes viajaban con fines criminales, ni una responsabilidad jurídica clara para los prestadores que eran testigos pasivos.

La reforma busca cerrar un hueco legal que durante años benefició a redes de abuso, muchas veces en colaboración con autoridades locales.

México como destino: cifras que exhiben la decadencia moral del Estado

Durante el debate, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN) advirtió que más de 17 mil menores son explotados sexualmente cada año en México, con alta concentración en ciudades turísticas.

El Estado legisla solo cuando la presión mediática es insostenible, pero persisten las dudas sobre su capacidad real para hacer cumplir la ley. México no se convirtió en refugio de abusadores por azar, sino por la complicidad pasiva de un sistema político que ignoró el problema.