Vinculan a proceso a tres policías por desaparición forzada en San Luis Potosí

El crimen quedó grabado... y el silencio institucional también

El momento del secuestro fue captado en video y difundido en redes sociales. Durante ocho días, las autoridades guardaron silencio, hasta que las víctimas aparecieron con signos de tortura, pero con vida. Sin esa evidencia y la presión pública, el caso habría terminado como tantos otros: impune y olvidado.

El jefe policiaco involucrado ya había reprobado los exámenes de control de confianza, pero continuaba en funciones como si nada. Fue sustituido por Jonathan Adrián Contreras Campos en un intento por frenar el creciente descontento social.

 

¿Cuántos casos más sin video no se investigan?

La gravedad no reside solo en la participación de policías municipales. El crimen ocurrió a plena luz del día, frente a la sede de Seguridad Pública, sin que nadie interviniera. La línea entre autoridad y delincuencia es ya borrosa, si es que todavía existe.

Tamuín es solo un ejemplo más del deterioro institucional en varias regiones del país. Corporaciones infiltradas, directores sin controles y ciudadanos indefensos. La fuerza pública, lejos de generar confianza, ya es motivo de temor.

El Estado, como siempre, llega tarde

La respuesta de las autoridades fue tardía y forzada. Solo actuaron por la existencia del video, la indignación ciudadana y las pruebas innegables. Pero ¿qué sucede con los casos sin cámaras, sin testigos o sin familiares con voz?

San Luis Potosí enfrenta una crisis institucional profunda que ya no puede maquillarse. Mientras el gobierno presume una “transformación”, su policía desaparece jóvenes con total impunidad. Eso ya no es omisión. Es complicidad disfrazada de negligencia.

Cuando ser detenido por un policía equivale a no volver a casa, no estamos ante un problema de inseguridad, sino frente a un Estado fallido. Y lo más grave: un Estado que lleva uniforme y cobra del erario.