El primer ministro acusó al gobierno indio de estar detrás de la muerte de Hardeep Singh Nijjar, un ciudadano canadiense considerado como líder terrorista en la India.

Después de varios meses de investigación interna, el primer ministro de Canadá, el izquierdista Justin Trudeau, dio una discurso donde reveló que el gobierno de derecha de Narendra Modi de India, estaría detrás del asesinato del líder sikh canadiense Hardeep Singh Nijjar.

Nijjar fue asesinado a tiros frente a un templo sikh el pasado 18 de junio en Columbia Británica (BC), lo que enfureció a la comunidad sikh en Canadá y otros lugares. Si bien en un primer momento se creyó que había sido un intento de robo o un asesinato vinculado a cuestiones personales del líder religioso, Trudeau dijo que la inteligencia canadiense ha identificado un vínculo creíble entre su muerte y el Estado indio.

El sijismo, es una religión monoteista con origen en la India, que siguen los mandamientos del libro que consideran sagrado “Sri Gurú Granth Sahib Ji“, muy popular en la región del Punyab, en la India, en Pakistán, y con una comunidad muy importante en Canadá.

“Cualquier participación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense es una violación inaceptable de nuestra soberanía“, amenazó Trudeau el lunes en la Cámara de los Comunes.

“Es contrario a las reglas fundamentales por las que se conducen las sociedades libres, abiertas y democráticas“, afirmó, y no descartó acciones “fuertes, contundentes y claras” contra la India. Luego sus funcionarios confirmaron que se limitarían a sanciones económicas “comparables con sanciones de guerra”.

Nijjar era el líder sikh más importante de Canadá, y desde el país norteamericano promovía el separatismo de la región del Punyab y la creación de un estado khalistaní separado a la India. Ya había sido blanco de amenazas debido a su activismo en el pasado, pero nunca se había identificado al Estado indio detrás de los ataques.

El gobierno de Narendra Modi lo tenía catalogado oficialmente como un terrorista y había presentado evidencia en el pasado que, desde Canadá, dirigía un grupo guerrillero separatista en la región, y les envíaba financiamiento para que hagan ataques subversivos contra el Estado indio.

Trudeau dijo que su gobierno considera que agentes de inteligencia indios estuvieron en Canadá planeando el asesinato de Nijjar y que lo ejecutaron a través de intermediarios locales, que están bajo investigación de las agencias de seguridad canadienses.

El mandatario de izquierda reveló que habló de este tema con Modi en la cumbre del G20 celebrada en Nueva Delhi la semana pasada, donde esperaba que el primer ministro indio le aclarase la situación, pero que el mandatario de la India no dio respuestas creíbles.

Por el momento, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, reveló que esta tarde se expulsó a un alto diplomático indio del país como represalias, pero no dio nombres ni confirmó si se trata del embajador indio Sanjay Kumar Verma.

“Las acusaciones de que un representante de un gobierno extranjero pudo haber estado involucrado en el asesinato de un ciudadano canadiense aquí en Canadá, en suelo canadiense… son totalmente inaceptables”, expresó la funcionaria.

El Primer Ministro busca sumar a Canadá a la ola de países que establecen impuestos distorsivos sobre servicios digitales, en contraste con la fuerte oposición en Estados Unidos. La competitividad fiscal del país podría verse seriamente perjudicada.

El Gobierno del Partido Liberal canadiense presidido por Justin Trudeau propone introducir un nuevo impuesto distorsivo sobre los servicios digitales. Los planes para implementar esta medida datan del presupuesto del año 2021, pero desde entonces fue puesto en pausa debido a un reciente acuerdo fiscal en el marco de la OCDE.

A partir del mes de agosto el Ministerio de Finanzas de Canadá anunció que nuevamente se avanzará en la implementación del impuesto, y entraría en vigencia a más tardar en enero de 2024. Aún así, en caso de aprobarse, también se aplicaría retroactivamente por los ingresos valuados hasta el 1° de enero del año pasado.

Trudeau propone establecer un impuesto del 3% sobre los ingresos de los mercados en línea, los que derivan de las redes sociales, la venta y concesión de licencias, y los que devienen de anuncios en línea por parte de empresas con una facturación anual de por lo menos 750 millones de dólares.

A diferencia de otros impuestos, este nuevo recargo propuesto recae exclusivamente sobre los ingresos de las empresas, y no sobre sus ganancias globales. Podría incluso aplicarse sobre sociedades que efectivamente registran pérdidas, el efecto sobre la carga tributaria total es sustancialmente elevado y deteriora la competitividad fiscal frente a Estados Unidos u otros países que no tienen estos gravámenes.

Según un reciente informe de la Tax Foundation, el hecho de aplicar un impuesto del 3% sobre las ventas asociadas a servicios digitales es equivalente a imponer una tasa del 20% sobre las ganancias efectivas, una carga fiscal verdaderamente desproporcionada que alienta la evasión y el comercio informal.

Por otra parte, este tipo de gravámenes son abiertamente distorsivos porque afectan de manera diferencial a cada empresa dependiendo de su tamaño. Como las medidas solo alcanzan a las grandes empresas multinacionales (que a su vez son las más competitivas), se proporciona una ventaja artificial para aquellas que se encuentran por debajo del umbral y se crea un incentivo para que las empresas que se encuentran cerca de este umbral modifiquen deliberadamente su accionar para evitar ser alcanzadas.

Las empresas canadienses fueron las primeras en alterar por todas estas distorsiones en el mercado. La Cámara de Comercio de Canadá afirmó que el comercio digital constituye hoy en día un pilar para el crecimiento económico moderno, y que las medidas de Trudeau solo entorpecen las relaciones con los socios comerciales más importantes.

Uno de los mayores opositores a este tipo de medidas es Estados Unidos, que se negó a aplicar un impuesto a los servicios digitales porque choca contra algunas cláusulas de tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA).

Es el segundo impuesto que anuncia el Gobierno de Trudeau en menos de dos meses, después de haber sancionado un recargo adicional sobre los combustibles con vigencia a partir del 1° de julio.

El impuesto entró en vigencia a partir del 1° de julio, y generará un costo financiero de hasta 1.157 dólares canadienses para el hogar promedio. El precio de los combustibles aumentará en 55 centavos de dólar como consecuencia del recargo impositivo en los próximos 7 años.

El Primer Ministro Justin Trudeau impulsó un nuevo impuesto sobre el precio de los combustibles, que entró en vigencia en todo el país a partir del 1° de julio. Es el segundo recargo tributario que se aplica sobre este sector en lo que va de su larga administración.

El impuesto se aplica como parte de un nuevo arsenal de regulaciones en contra de la industria energética. Si las empresas no logran reducir el contenido de combustibles fósiles a los umbrales legales de la nueva normativa, entonces se verán obligadas a pagar el impuesto.

En la práctica, se espera que las energéticas trasladen el costo a los consumidores en mayor medida. El precio promedio del combustible en Canadá podría aumentar en 55 centavos de dólar durante los próximos 7 años.

El castigo fiscal para los contribuyentes podría significarle un sobrecosto de hasta 1.157 dólares canadienses anuales a un hogar promedio en la Provincia de Alberta, 1.117 dólares en Saskatchewan, y casi 700 dólares en Nueva Escocia, entre las jurisdicciones que se verán más afectadas por las medidas.

Las medidas impositivas llegan en respuesta al aumento del déficit fiscal, que llegó a representar el 1,7% del PBI al término del mes de mayo. Se trata del resultado más desequilibrado en la gestión Trudeau, con la obvia excepción del periodo de emergencia producido por la pandemia en 2020.

El Primer Ministro permanece en el poder desde noviembre de 2015, y su gestión acabó con el superávit fiscal que Canadá había logrado recuperar tras la recuperación de la crisis internacional de 2008. Los sucesivos presupuestos aprobados por el Partido Liberal desde el año fiscal 2016 fueron con déficit, sin apuntar hacia una convergencia clara a la normalidad.

Las medidas fiscalmente expansivas impulsadas por los liberales canadienses no se compensaron con aumentos tributarios equivalentes o por recortes fiscales en otras áreas del presupuesto federal. La deuda pública total de Canadá ya supera el 105% del PBI según el Fondo Monetario Internacional, 15 puntos por encima de la situación previa a la pandemia.

Dadas las proyecciones de crecimiento para el país y los presupuestos fiscalmente irresponsables de Trudeau, Canadá solo volvería a los niveles de deuda previos a la pandemia para el año 2029.