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El cheque de la muerte: Salió a la luz evidencia concreta que demuestra el esquema de corrupción de la laptop de Biden

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Joe Biden recibió un cheque de US$ 200.000 dólares de su hermano James Biden, que demuestra que era parte del esquema de tráfico de influencias que fue expuesto en la filtración de la laptop de su hijo, Hunter Biden.

El diputado republicano de Kentucky, James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó este viernes pruebas concretas que demuestran que Joe Biden recibió dinero como parte del masivo esquema de tráfico de influencia de su hijo, Hunter Biden, y su hermano, James Biden.

A partir de los correos y mensajes de texto que se filtraron del disco duro de la laptop de Hunter Biden en 2020, se logró reconstruir el esquema de una organización delictiva que encabezaba el hijo del actual presidente pero que tenía al propio Joe Biden como un jugador central.

Según la evidencia, Hunter y James Biden vendían el ingreso a la Casa Blanca a funcionarios y empresarios chinos, árabes, rusos y ucranianos mientras Joe Biden era vicepresidente entre 2008 y 2016. Se habían logrado rastrear millones de dólares que fueron movidos a empresas creadas por los familiares de Biden, pero hasta el momento, no había evidencia de que el propio Joe había cobrado por esto.

Pero este cheque, remitido por parte de James Biden a Joe Biden, demuestra que el actual presidente también era parte del esquema y cobraba por ayudar a su hermano a vender el acceso preferencial a la Oficina Oval, mientras Barack Obama era presidente.

Comer publicó un video en Twitter/X que muestra un cheque que registra un pago de US$ 200.000 dólares que Joe Biden recibió de su hermano en 2018, dejando evidencia concreta que el líder demócrata cobró por su función en la organización.

Este pago en específico sería por uno de los tantos favores de Joe Biden que fueron vendidos por James Biden, en particular, a la empresa Americore Health LLC, vinculada a inversores árabes y chinos.

Americore estaba cerca de la quiebra y le pagó US$ 600.000 dólares a James Biden para que convenza a su hermano de usar sus conexiones políticas para destrabar un préstamo de Medio Oriente, que estaba trabado por el gobierno de Trump por sospechas de influencia extranjera.

Se desconoce exactamente qué hizo Biden, que ya no era más vicepresidente pero tenía fuertes conexiones todavía en el gobierno, pero el préstamo fue destrabado y James Biden le envió US$ 200.000 dólares por lo que hizo. Ambos habrían incurrido en el delito de tráfico de influencias.

De los US$ 400.000 restantes, James Biden pagó US$ 350.000 dólares a la justicia para resolver una demanda que alegaba que jugó un papel ilegal en la quiebra de Americoreinformó The Wall Street Journal.

"Todavía estamos investigando las pruebas citadas de cuentas bancarias pertenecientes a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, y a James y Sara Biden, el hermano y la cuñada del presidente", dijo Comer al comienzo de el video.

Los registros bancarios obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han revelado un pago directo de US$ 200.000 dólares de James y Sara Biden a Joe Biden en forma de un cheque personal”, continuó.

En 2018, James Biden recibió US$ 600.000 dólares en pagos de Americore, un operador de hospitales rurales en dificultades financieras y en quiebra. Según documentos del tribunal de quiebras, James Biden recibió este dinero ‘basándose en que por su apellido "Biden" podría "abrir puertas" y que podría obtener una gran inversión de Medio Oriente basándose en sus conexiones políticas’”, Comer agregó.

El 1ro de marzo de 2018, Americore transfirió US$ 200.000 de dólares a la cuenta bancaria personal de James y Sara Biden, no a su cuenta bancaria comercial. Y luego, ese mismo día, James Biden emitió un cheque de US$ 200.000 dólares desde esta misma cuenta bancaria personal a Joe Biden”, concluyó.

El Comité de Supervisión pidió a la Justicia que entregara los registros bancarios personales y comerciales de Hunter y James Biden el pasado 28 de septiembre después de la primera audiencia de investigación del juicio político contra el presidente Biden

Comer dijo en la audiencia que la información financiera existente sobre los negocios extranjeros de la familia Biden provino de informes de actividades sospechosas enviados por los bancos al Departamento del Tesoro.

La familia Biden y sus asociados trajeron más de 24 millones de dólares de Ucrania, Rusia, China, Rumania y Kazajstán, según se infromó en un memorando de la Cámara que circuló antes de la audiencia. Según reveló Comer, miles de registros están todavía siendo analizados por el Comité, por lo que se espera que haya nuevos hallazgos pronto.

Entre otros negociados en lo que se cree que James Biden trabajó con Joe Biden y podría haberle enviado dinero de negocios extranjeros, se destaca un acercamiento a la empresa estatal CEFC China Energy. La energética china firmó un acuerdo con Hudson West III, una empresa comercial formada por Hunter Biden y James Biden, reveló el Comité de Supervisión en un memorando en mayo.

El acuerdo con Hudson West generó US$ 3,7 millones de dólares para todas las partes involucradas, y se está investigando si Joe Biden recibió algo de este dinero, según testificó en julio el denunciante del IRS, Joseph Ziegler.

Hunter Biden admitió ante el tribunal haberse asociado con el presidente del CEFC, Ye Jianming, en Hudson West, y su fallida declaración de culpabilidad ante el Departamento de Justicia (DOJ) afirma que ganó poco casi 1 millón de dólares con la empresa en 2017.

James Biden también recibió telegramas del ex testaferro de Hunter Biden, Rob Walker, quien recibió 3 millones de dólares de la empresa china State Energy HK y transfirió aproximadamente 1 millón de dólares a cada miembro de la familia Biden, según registros bancarios publicados por Comer.

Walker le dijo al FBI en una entrevista en diciembre de 2020 que Joe Biden se reunió con funcionarios del CEFC después de su vicepresidencia cuando Hunter Biden intentaba cerrar un acuerdo comercial, según una transcripción recientemente publicada.

El documento se publicó como parte de un conjunto de documentos que respaldan el testimonio de los denunciantes del IRS Gary Shapley y Joseph Ziegler, quienes acusaron al Departamento de Justicia de darle un trato especial a Hunter Biden.

Tony Bobulinski, otro ex testaferro de los Biden que se les dio vuelta, le dijo al FBI que habló de negocios con Joe Biden en un hotel de Beverly Hills, California, en 2017, según el formulario FD-302 del FBI que resume su entrevista publicado por el Comité de Medios y Arbitrios.

Bobulinski también indicó al FBI que las discusiones de Hunter y James Biden con el CEFC comenzaron cuando Joe Biden todavía era vicepresidente, según muestra el documento. En total, se enviaron dos pagos desde China por valor de más de US$ 250.000 dólares a una cuenta compartida entre Hunter y Joe Biden en un banco en Delawarereveló el Comité de Supervisión antes de la audiencia.

Jonathan Li, otro de los socios comerciales chinos, transfirió a Hunter Biden US$ 250.000 dólares en agosto de 2019 y la casa de Joe Biden figuraba como dirección del beneficiario. El entonces ex vicepresidente ya había anunciado su campaña presidencial para 2020 en el momento del pago de Li y se cree que ese dinero habría sido usado para la campaña.

A pesar de que compartían la cuenta bancaria, Hunter Biden vivía en California en el momento que recibió los pagos, por lo que es realmente condenatorio que la dirección que figuraba en los pagos haya sido la casa de Joe Biden en Delaware.

Por último, el otro testaferro de los Biden, Devon Archer, que a su vez también les soltó la mano, testificó que tomó café con Jonathan Li y con el propio Joe Biden en Washington D.C. en 2020, donde se cerró el acuerdo. La Casa Blanca anteriormente minimizó los dos pagos de China y dijo que Joe Biden “no tenía negocios” con su hijo, pero ahora el cheque de otro negociado, derrumbó su coartada.

Estados Unidos

Hunter Biden fue declarado culpable por haber comprado armas ilegalmente y podría enfrentar hasta 25 años de prisión

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El hijo del presidente fue encontrado culpable y su libertad queda en manos de la jueza Maryellen Noreika, quien ahora deberá dictar sentencia.

Hunter Biden ha sido declarado culpable de los tres cargos de delitos graves relacionados con la compra de un revólver de manera ilegal en 2018. Según el jurado compuesto por 12 ciudadanos de Delaware, el hijo del presidente estadounidense mintió en un formulario cuando compró un arma de fuego al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas.

Al saber lo que le esperaba, mostró poca sorpresa cuando se leyó el veredicto. Después de la lectura, abrazó a sus dos abogados y sonrió tímidamente. La primera dama, Jill Biden, llegó al tribunal minutos después de que el jurado emitiera su veredicto y no estaba en la sala cuando se leyó.

De esta manera, el hijo del presidente de Estados Unidos podría enfrentar hasta 25 años de prisión, aunque es común que los delincuentes primerizos no reciban la sentencia máxima, y aún no está claro si la juez a cargo del caso, que no ha fijado fecha para la sentencia, lo condenará a prisión.

Los delitos

Durante la investigación del FBI, salió a la luz un documento de la agencia federal de armas (ATF) donde se registra que Hunter Biden, cuya firma aparece en la hoja, mintió en un formulario para comprar un arma de fuego en 2018.

El Formulario 4473 es un documento federal que cualquier persona en Delaware que quiera comprar un arma debe llenar, el cual luego es enviado al FBI y al ATF donde se realiza una verificación de antecedentes penales para determinar si la persona puede acceder al arma o no.

En la foto se puede ver que Hunter Biden miente en la pregunta 11e: respondió “No” a la pregunta “¿Es usted un usuario ilegal o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada?”.

Es de público conocimiento que Hunter Biden ha luchado contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida adulta, incluso habiendo sido dado de baja de la Marina en 2014 después de dar positivo en una prueba de drogas. 

Esto quedó constatado de manera legal, ya que el hijo del presidente fue detenido por la policía con una pipa de crack en su automóvil en 2017, y un asaltante le apuntó con un arma mientras intentaba comprar cocaína en Los Ángeles en 2016, según registros de la policía.

Además, se sabe por las fotos encontradas en su computadora portátil que Hunter en 2018 todavía era un drogadicto, especialmente adicto a la marihuana y a la cocaína. Es por eso que el fiscal a cargo del caso tuvo suficiente evidencia para demostrar ante un tribunal que el hijo de Biden mintió en el formulario.

La Fiscalía lo imputó a Hunter Biden por dos cargos de declaraciones falsas en sus formularios federales para la adquisición de armas y uno de posesión de un arma de fuego ilegal mientras era adicto a drogas ilícitas.

Cabe aclarar que mentir en un formulario de una agencia federal es un delito grave cuya condena está estipulada en 10 años de prisión y como mínimo una multa de 250.000 dólares, y la posesión ilegal de un arma tras haber mentido en dicho formulario, agrega una condena de 15 años de prisión y otros 400.000 dólares en multas.

El formulario fraudulento se entregó en el Registro de Transacciones de Armas de Fuego de Delaware, según publicó el medio POLITICO, que reveló que Biden compró un revólver .38 el 12 de octubre de 2018.

POLITICO obtuvo copias del registro y aseguró que el Servicio Secreto intervino en su favor para que el permiso para comprar un arma sea otorgado con rapidez. Si bien su padre en ese momento no estaba más en la Casa Blanca, el Servicio Secreto sigue trabajando para la familia presidencial o vicepresidencial hasta 20 años después de que terminen sus funciones.

Según reveló el comerciante Ron Palmieri a POLITICO, agentes del Servicio Secreto se acercaron al dueño de la tienda StarQuest Shooters & Survival Supply, donde Hunter compró el arma, y le pidieron que se hiciera cargo de los trámites relacionados con la venta.

Posesión de un arma ilegal y violencia de género

El tercer cargo que presentó el fiscal Weiss es quizás el más preocupante, ya que la situación no quedó en solamente una compra ilegal de un arma. El 23 de octubre de 2018, tan solo 11 días después de la compra, Hunter tuvo una feroz pelea con su novia de aquél momento, Hallie Biden, la viuda de su difunto hermano, Beau Biden.

Según los reportes policiales, Hunter amenazó o golpeó a Hallie con el arma comprada ilegalmente mientras estaba bajo los efectos de la cocaína. No está claro en los documentos, pero lo que sí está muy claro es que después del extraño incidente, Hallie tomó el arma de Hunter, se subió a un auto, manejó hasta la cercanía de una escuela y la arrojó a un tacho de basura detrás de un restaurante.

Se desconoce qué motivó a Hallie a hacer lo que hizo, pero en el reporte policial dice que llegó a temer por su vida. Sin embargo, también declaró ante la policía que unas horas después recapacitó y quiso ir a buscar el arma, pero ésta ya había desaparecido.

La policía de Delaware comenzó a investigar el hecho, preocupados porque el tacho de basura estaba frente a una escuela secundaria y que el arma desaparecida podría usarse en un delito o en un tiroteo escolar, según se puede ver en una copia del informe policial obtenido por POLITICO.

Sin embargo, la causa se cerró poco tiempo después, bajo la caratula de “no procedente”. Según fuentes policiales consultadas por POLITICO, al no haber un damnificado no se pudo seguir con la investigación.

Es claro que para la familia Biden hay dos mundos: el mundo de la política, donde son extremadamente progresistas y están en contra de la tenencia de armas, pero después hay un mundo privado, que poco a poco va saliendo a la luz, donde todo está permitido y donde el Gobierno trabaja para garantizarles impunidad. Pero esta impunidad parece estar llegando a su fin.

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Estados Unidos

El Colegio de Pediatras de Estados Unidos sonó las alarmas y lanzó una fuerte advertencia contra las cirugías trans en niños

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La organización médica de niños más importante del mundo llamó al cese inmediato de tratamientos "trans" en niños, como la afirmación social, los bloqueadores de pubertad, la hormonización cruzada y las cirugías en menores de edad.

El American College of Pediatricians (ACP), el colegio nacional de pediatras de los Estados Unidos, dio una conferencia este jueves para advertir sobre los peligros de las terapias a las que son sometidos los niños y adolescentes que manifiestan malestar o incomodidad con su sexo biológico.

“Doctores protegiendo niños” es el título que se le dio a la fuerte declaración que firmó la asociación de peditartas más importantes del país, en la que piden por el cese de protocolos perjudiciales como la afirmación social, los bloqueadores de pubertad, la hormonización cruzada y las cirugías en menores que experimentan angustia por su sexo biológico.

En la presentación de la declaración, la doctora Jill Simmons, pediatra y directora ejecutiva de la ACP, leyó el documento e instó a todos los estados del país a prohibir terapias hormonales y cirugías en niños y adolescentes, ya que no hay evidencia científica que respalde que estos tratamientos sean efectivos para resolver cuestiones psicológicas en pacientes con disforia de género.

Por el contrario, no solo no parecería tener una incidencia positiva en la psiquis de los trans ni reduce la altísima tasa de suicidios que existe en esa comunidad, si no que tienen claros efectos nocivos, como menor crecimiento, osteoporosis temprana, esterilidad, entre otros.

Los firmantes del texto hicieron un llamado a las instituciones del sistema de salud estadounidense para que pongan fin a “los actuales protocolos perjudiciales promovidos para niños y adolescentes que expresan malestar con su sexo biológico”, según se lee en la página de la asociación.

Los pediatras y otros profesionales de la salud alegan que “las mejores pruebas e investigaciones sugieren que las cirugías, los bloqueadores de pubertad y las hormonas sexuales cruzadas perjudican gravemente a los niños”, además de que estos tratamientos “no mejoran el bienestar físico o mental de los adolescentes con disforia de género”.

Los pediatras estadounidenses que se suman a estas advertencias contra los tratamientos invasivos en menores trans han creado una página https://doctorsprotectingchildren.org en la cual se puede ver la declaración completa y los firmantes, además de adherirse al llamado.

Cass Report

La preocupación de los pediatras sobre las cirugías irreversibles sobre niños con disforia de género no se limita a los Estados Unidos. En Europa, los profesionales de la salud de varios países del Viejo Continente han hecho un llamado a frenar este tipo de tratamientos en base a un reporte shockeante.

Recientemente, se publicó en Gran Bretaña el Cass Report producto de una investigación independiente que duró 4 años y que demostró que los tratamientos que se estaban aplicando a menores con disforia de género no se basaban en evidencia científica suficiente y eran por lo tanto experimentales.

El informe sugería tratar estos casos con terapia psicológica y evitar las intervenciones invasivas, de efectos secundarios adversos y en muchos casos irreversibles. Como consecuencia de este informe, el gobierno de Inglaterra decidió prohibir en todo el país la administración de bloqueadores de pubertad.

En los países escandinavos, el reporte tuvo un fuerte impacto, y actualmente Suecia, Noruega y Finlandia están revisando los protocolos y se está sugiriendo a los profesionales priorizar el tratamiento psicológico de los menores que manifiestan incomodidad con su sexo biológico, en vez de mandarlos al quirófano.

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Estados Unidos

Biden otorgó silenciosamente amnistía a más de 350.000 inmigrantes ilegales en los últimos 4 años de gobierno

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La administración demócrata normalizó la situación de casi medio millón de inmigrantes ilegales, borrando de su historial su ingreso delictivo al país y permitiendo que se queden como ciudadanos.

Desde el año 2022, la administración demócrata liderada por Joe Biden ha estado ofreciendo amnistía a más de 350.000 inmigrantes ilegales que estaban atravesando procesos de petición de asilo, con el objetivo de calmar la brutal crisis que vive la frontera sur de los Estados Unidos.

La Casa Blanca reveló la información como una medida para descomprimir el conflicto fronterizo, asegurando que la amnistía va a permitir normalizar la situación de muchos inmigrantes que viven en la ilegalidad, lo cual roza lo delirante.

De esta manera, Biden canceló todas las causas por asilo a aquellos inmigrantes que no posean antecedentes peligrosos, lo cual les permitirá mantenerse en los Estados Unidos sin posibilidad de deportación.

La medida que Biden ejecutó a lo largo de estos años, de manera silenciosa, busca disminuir en los números la cantidad de personas registrados como refugiados y desinflar las estadísticas de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos.

Mientras miles de casos de inmigrantes ilegales cometiendo delitos se reportan a diario en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha perfeccionado un esquema legal en el cual se borra de su historial delictivo el ingreso ilegal al país en las causas relacionadas a indocumentados.

Por más confuso que el término "borrado" pueda llegar a ser, es exactamente eso lo que la administración demócrata ha realizado desde el año 2022, ya que una vez arreglado el caso, aquellos solicitantes del asilo no se les concede el status de aceptado ni de denegado, sino que sus casos se dan por terminados y son eliminados del sistema legal. Esto permite a inmigrantes ilegales quedarse indefinidamente dentro de territorio estadounidense sin siquiera tener que contactar a las autoridades y sin poseer riesgos de deportación.

Los primeros casos de la amnistía masiva a inmigrantes ilegales comenzó en el año 2022, cuando Kerry Doyle, asesora en jefe de la policía fronteriza, por ordenes de Biden, emitió un documento en el cual permitía la disolución de todos los casos contra inmigrantes que no hubieran sido calificados como amenazas para la seguridad nacional en ese entonces.

En el mismo año que el memorandum fue efectivizado, alrededor de 32.000 inmigrantes consiguieron asilo de forma inmediata, mientras que alrededor de 103.000 inmigrantes ilegales recibieron la "amnistía de Biden" desapareciendo de los archivos migratorios.

El 2023 fue el año en el cual la laxitud de Biden se observó con más fuerza, habiendo permitido que 150.000 inmigrantes sean removidos del sistema migratorio. En el corriente año, en tan solo 6 meses, ya han recibido la amnistía alrededor de 115.000 ilegales.

Esta suba en la inmigración ilegal está provocando un brutal incremento del delito de manera exponencial en el país, particularmente en las grandes ciudades donde los índices de criminalidad han alcanzado niveles exorbitantes.

Uno de los casos más recientes sucedió en Nueva York donde un inmigrante de origen venezolano disparó contra dos oficiales de policía, cuando intentaron frenar su scooter.

De acuerdo al periódico The New York Post desde la asunción de Biden al poder, el 77% de los inmigrantes que solicitó el asilo en los Estados Unidos han obtenido el beneficio de la "Amnistía Biden", los cuales consiguen una libertad de acción total dentro del país una vez que su caso se da por terminado, evitando totalmente el riesgo de deportación y a su vez el servicio de la policía fronteriza tampoco mantiene el derecho de hacer un seguimiento de los mismos en el país.

Con el gran flujo de inmigrantes que tienen la posibilidad de mantenerse en el país, proporcionalmente disminuyeron las cantidades de aquellos que han sido expulsados del territorio estadounidense, marcando las tasas de permanencia indiscriminada más altas en la historia reciente de los Estados Unidos y generando grandes preocupaciones en los organismos de control fronterizo.

Quizá la mayor preocupación del organismo de control policial migratorio estadounidense (ICE) es la facilidad que tienen aquellos que hayan recibido la Amnistía Biden para evadir los procesos legales, ya que si alguno de estos inmigrante que ya no son controlados por ningún organismo comete un crimen, se debe iniciar un proceso legal desde cero y las posibilidades de que esa persona sea deportada siguen siendo casi nulas.

A su vez, también es preocupante la calidad de inmigrantes a quienes se les otorga la amnistía en sus casos de asilo, ya que la mayoría suelen ser de origen latino (provenientes de México, Guatemala, Colombia y Venezuela) o de origen islámico, siendo estos dos grupos de inmigrantes ilegales los que más crímenes cometen en suelo americano.

No solo la discriminación de la administración Biden posibilita que la calidad de inmigrantes que buscan asilo disminuya, sino que ha posibilitado que familias de inmigrantes que buscan una mejor vida y solicitan el asilo con una justa causa sean deportados, como lo es el caso de una familia alemana que vivió más de 15 años en el estado de Tennessee y en su búsqueda de asilo para educar a sus hijos fueron deportados por la administración Biden.

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