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Estados Unidos

Es oficial: El gobierno de Biden ha pedido la detención y el arresto de Donald Trump

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En una violación directa a la democracia y a la institucionalidad, el fiscal especial designado por el presidente demócrata Joe Biden ha presentado 7 cargos federales contra Trump.

Como anticipó La Derecha Diario este jueves, el gobierno de Biden pidió la detención y el arresto del ex presidente Donald Trump, en un acto que desafía las garantías constitucionales y que convierte a Estados Unidos en una república bananera donde el presidente de turno persigue abiertamente a su rival político usando los poderes del Estado Nacional.

Este viernes por la mañana, se hicieron públicos los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith, quien fue directamente designado por Biden en noviembre del 2022 para que investigue a Trump.

Son 7 los cargos presentados, que incluyen el mal manejo de documentos clasificados y la obstrucción de los esfuerzos para investigar el almacenamiento de los archivos en su casa de Florida, según se puede leer en el documento de 19 páginas.

Además se lo acusa de conspiración a nivel federal, declaraciones falsas al FBI, obstrucción de la justicia y retención ilegal de documentos clasificados en virtud de la Ley de Espionaje.

La denuncia fue presentada en un Tribunal Federal de Florida, y todos los presuntos delitos son federales, por lo que conllevarían una larga pena de prisión en caso de condena.

Esta causa se remonta al allanamiento que el ex presidente Trump sufrió en su propiedad de Mar-A-Lago en Miami, Florida, cuando el FBI atacó su hotel de lujo sin previo aviso y se llevó decenas de documentos que Trump tenía en su posesión de su paso por la presidencia, que había sacado para construir la Biblioteca del 45° Presidente, como le corresponde a cada ex mandatario en Estados Unidos.

Los abogados de Trump aseguran que los documentos que se llevó de la Casa Blanca tras su salida en enero del 2021, correspondían a archivos que estaba compilando para crear dicha biblioteca, y que había sido desclasificados y sacados bajo la tutela del Servicio Secreto.

De hecho, según una orden ejecutiva que firmó a lo largo de su mandato, Trump decretó que todos los documentos que salen de la Casa Blanca por parte de su oficina, automáticamente queden desclasificados, por lo que la causa no tiene sustento.

Dicho allanamiento fue pedido directamente por el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, quien consiguió la aprobación del juez de Florida, Bruce Reinhart, quien pasó diez años como el principal abogado de Jeffrey Epstein, mientras el neoyorquina lideraba la red de pedofilia más grande del mundo.

Según el abogado Tom Fitton, la acusación contra Trump es un "bochorno sin precedentes" y que "ignora deshonestamente la Constitución de los Estados Unidos" para poder que los demócratas puedan "fabricar una denuncia contra el principal rival de Biden".

"Judicial Watch tiene casi 30 años de experiencia litigando cuestiones de registros presidenciales y federales, incluido el famoso caso del "cajón de calcetines de Clinton". Revisando esta acusación, puedo decir que ignora deshonestamente la Constitución de los Esados Unidos", asegura Fitton en una publicación en Twitter.

"Los registros que un presidente lleva consigo cuando deja la Casa Blanca son presuntamente personales y no están sujetos a revisión por parte de los partidarios de Biden designados en el Departamento de Justicia o los Archivos. Según la Constitución, la ley federal y los precedentes, ninguno de los documentos está actualmente "clasificado" o es "información de defensa nacional" que restrinja la entrega de Trump", prosigue.

"Son TODOS sus registros personales y, francamente, deberían devolvérsele. Si prevalece la justicia, esta acusación no sobrevivirá al escrutinio de honestos jueces en los niveles superiores", finalizó, en referencia a que dicha acusación, en caso de resultar en condena, será apelada y se subirá, sin dudas, a la Corte Suprema.

En una publicación en su red social Truth, Trump dijo que había sido citado para comparecer el martes por la tarde en un tribunal federal en Miami, donde se le leerán los cargos en su contra y será esposado.

Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos”, escribió Trump. Y agregó: "Este es, de hecho, un día oscuro para los Estados Unidos de América. Somos un país en grave y rápido declive, pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande".

Este viernes, el Servicio Secreto se reunió con el FBI y la Policía de Florida para planificar su viaje a la corte de Miami la próxima semana, ya que de no hacerlo, podría desatarse un conflicto armado entre los agentes del FBI y los del Servicio Secreto, un riesgo que ya se corrió a principio de año cuando Trump fue citado a declarar en Nueva York por otro caso.

La pregunta que resta hacer es: ¿se puede seguir hablando de democracia en Estados Unidos? Cuando un presidente ordena a su ministro de Justicia que designe un fiscal especial para pedir el arresto de su principal rival político, en una causa que no tiene sustento legal, claramente no se puede hablar de democracia.

Esta situación recordará a los lectores a una situación que podría darse en Venezuela con la dictadura chavista de Nicolás Maduro, o incluso comparable a lo que está pasando en Bolivia ahora mismo con el gobernador de Santa Cruz, el jefe de la oposición Luis Fernando Camacho.

Si bien Trump también enfrenta cargos por haber pagado presuntamente sobornos para callar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña de 2016, esa causa está liderada por el fiscal Alvin Bragg, quien a pesar de ser demócrata, no fue designado por Biden y, por el contrario, fue electo por los neoyorquinos.

En cambio, este caso de los documentos clasificados está siendo liderado por un fiscal federal designado directamente por Biden, por lo que su arresto sería una transgresión institucional sin precedentes en Estados Unidos.

La acusación federal y arresto de un ex presidente y candidato que lidera las encuestas para las elecciones del 2024 sería un suceso sin precedentes. Sin embargo, Trump se mantiene firme y sigue creciendo en las encuestas a medida que la persecución política parece hacer crecer su intención de voto en una población cansada de estas situaciones.

Estados Unidos

El Pentágono de Biden anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones

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El jefe del Pentágono afirmó que esta es la asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”, superando toda la ayuda que dio Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que se enviará otro paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones para Ucrania, aumentando el acceso del gobierno de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros US$ 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de USD 6.000 millones para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense”, dijo Austin, y aseguró que este es el paquete de asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y “un monto significante de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento”, indicó Austin.

Según el jefe del Pentágono, la ayuda de los miembros del grupo de Ramstein “ha salvado incontables vidas ucranianas” con compromisos que rondan ya los US$ 95.000 millones y la coalición de estos 50 países se mantiene “fuerte” en su apoyo a Kiev.

Austin también dijo que el grupo trabaja en crear un Ejército ucraniano “autosuficiente” y capaz de contener a Rusia en el largo plazo.

El resultado en Ucrania determinará la trayectoria de nuestros días. Si (Vladimir) Putin permanece y gana en Ucrania las consecuencias serán graves y globales”, aseguró Austin.

Los anuncios hoy de nueva ayuda militar a Ucrania llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara esta semana un ley para dar progresivamente a Ucrania US$ 61.000 millones en asistencia militar y préstamos durante el año.

Estados Unidos ya proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde que Rusia anunció el inicio de su invasión a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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