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Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos derogó el derecho al aborto y ahora cada Estado decidirá cómo regularlo

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Los 6 jueces conservadores del máximo tribunal revocaron oficialmente Roe v. Wade el viernes, declarando que el derecho constitucional al aborto no existe.

En una de las sentencias más esperadas de las últimas décadas, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo vale su mayoría conservadora y revocó el fallo de 1973 Roe v. Wade, que había despenalizado el aborto en todo el país.

En la argumentación que ganó la votación por 6-3, los jueces declaran que el aborto no es un derecho constitucional y que por ello no hay razón por la cual no se puedan hacer leyes regulando la práctica.

Ahora, con esta decisión, cada Estado deberá definir sus propias leyes sobre el tema, pudiendo imponer prohibiciones de todo tipo. “Roe estuvo notoriamente errada desde un comienzo”, declaró el juez Samuel Alito en su opinión.

El fallo se desprende de la demanda Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, en la que una clínica de abortos demandó al Ministro de Salud del estado de Mississippi, Thomas Dobbs, bajo la premisa de que una ley aprobada por la Legislatura estatal en 2018, que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, era inconstitucional y que violaba la jurisprudencia de Roe v. Wade.

Tras una serie de sentencias y apelaciones, la causa llegó hasta la Corte Suprema, que esta mañana decidió que Mississippi tiene el derecho a regular el aborto, tirando abajo tanto Roe v. Wade, acordada hace 49 años, que reconocía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992, Planned Parenthood v. Casey, que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer ciertas regulaciones sobre el proceso.

El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”. “Es el momento de acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos”, dice el fallo.

Además considera que Roe v. Wade fue “ofensivamente incorrecto” y “chocaba” con la propia Constitución. Y añade que Planned Parenthood v. Caseyperpetuaba” esos errores.

Son 26 los estados que tenían leyes prohibiendo el aborto previo a Roe v. Wade, y que a pesar de que quedaron anuladas por el fallo de 1973, nunca fueron derogadas. Por lo que el fallo de hoy automáticamente restablece estas legislaciones y prohíbe la práctica en más de la mitad de los estados del país.

Los estados son Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Lousiana, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, West Virginia, Michigan, Wisconsin, Iowa, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Utah, y Arizona.

El texto del fallo es una magistral demostración del nivel técnico de los jueces Samuel Alito, quien escribió la argumentación de la mayoría, pero también de los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, que escribieron sus concurrencias por separado. La mayoría fue acompañada por Niels Gorsuch, Amy Coney Barrett y el propio presidente de la Corte, John Roberts.

El juez Alito argumentó con uno de los más importantes puntos que suelen dar los sectores provida, y es que la Constitución no reconoce el derecho al aborto, y que de ninguna manera puede, entonces, declararse como inconstitucional regularlo.

Además, hace una brillante interpretación tradicionalista de la Decimocuarta Enmienda, tirando por la borda la visión progresista de que esta enmienda, aprobada en 1868, supone la garantía de los “derechos sociales” que los demócratas han intentado impulsar desde entonces, como el derecho a la salud pública o en este caso, al aborto.

Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Esa disposición se ha sostenido para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero cualquier derecho de este tipo debe estar ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación’ e ‘implícito en el concepto de libertad ordenada’. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo“, argumenta.

Y sentencia que incluso dentro de la interpretación progresista, que sostuvieron en minoría los jueces Sony Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan, no se sostiene: “La disidencia no puede demostrar que un derecho constitucional al aborto tenga algún fundamento, y mucho menos uno ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación’El disenso no logra identificar ninguna autoridad anterior a Roe que apoye tal derecho, ninguna disposición o estatuto constitucional estatal, ningún precedente judicial federal o estatal, ni siquiera un tratado académico“.

Alito afirmó que “Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división“. 

Además, escribió que el derecho al aborto era diferente de otros derechos de privacidad: “Lo que distingue claramente el derecho al aborto de los derechos reconocidos en los casos en los que se basan Roe y Casey es algo que ambas decisiones reconocieron: el aborto destruye lo que esas decisiones llaman ‘vida potencial’ y lo que la ley controvertida en este caso considera como la vida de un ‘ser humano por nacer’“.

Thomas y Kavanaugh apoyaron en concurrencia ya que, quisieron agregar que no solo apoyan la derogación de Roe v. Wade, si no que la decisión en Dobbs debería usarse para reconsiderar casos anteriores de la Corte Suprema que otorgaron derechos no explícitos en la Constitución, como Griswold v. Connecticut (el derecho a la anticoncepción), Obergefell v. Hodges (matrimonio igualitario) y Lawrence v. Texas (despenalización de la sodomía)

Thomas escribió: “Debido a que cualquier decisión sustantiva del debido proceso es ‘demostrablemente errónea’, tenemos el deber de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes“.

Estados Unidos

Sigue la persecución de Biden: Ahora va contra Rudy Giuliani por defender a Trump en la causa del fraude electoral

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El abogado de Trump fue imputado por la fiscal del condado de Fulton por haber representado al ex presidente durante las acusaciones de fraude electoral en el Estado de Georgia.

Este lunes, el ex alcalde de Nueva York y dirigente republicano Rudy Giuliani anunció que es objeto de una investigación penal del Estado de Georgia y del Departamento de Justicia de Biden debido a su trabajo como abogado de Donald Trump exponiendo el fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones presidenciales del año 2020.

La investigación está siendo liderada por Fani T. Willis, una activista judicial demócrata que se desempeña como Fiscal General del condado de Fulton, y está siendo supervisada por la Comisión del 6 de Enero, un comité creado por legisladores demócratas en el Congreso que se encarga de perseguir a personas cercanas a Trump sin que estas puedan hacer uso de su derecho a defensa, pues las audiencias son cerradas y con una limitada presentación de testigos. Además, Willis está siendo asesorada por el Fiscal General a nivel federal, Merrick Garland.

De acuerdo a sus abogados, es probable que Giuliani sea llamado a declarar este miércoles en Atlanta, donde se le preguntara sobre su relación con su cliente. Los abogados del neoyorquino ya avisaron que Giuliani invocará el principio de confidencialidad de abogado-cliente, que le impide a cualquier profesional que ejerce la abogacía revelar las conversaciones privadas que ha tenido con su cliente.

La tesis de Willis y de la comisión demócrata se centra en demostrar que Donald Trump conspiró con sus aliados, especialmente sus abogados, para “interrumpir el proceso democrático y robarse unas elecciones que fueron justas, libres y democráticas”, lo cual no tiene sentido ya que Trump en ningún momento intentó cambiar el resultado de la elección por vías no legales, y siempre se vinculó con las Legislaturas estatales para analizar sus opciones después de que saliera a la luz el fraude electoral.

Con esta maniobra, los demócratas buscan quebrar la lealtad de Giuliani para con Trump y que ofrezca algún tipo de testimonio que lleve al expresidente a ser imputado penalmente y puesto en el banquillo de los acusados. Al respecto, Robert Costello, integrante del equipo de Giuliani fue tajante: “Si esta gente cree que va a hablar de las conversaciones entre él y el presidente Trump, están delirando”.

El gobierno demócrata no le va a perdonar a Giuliani sus esfuerzos por evitar el fraude electoral de Biden. Por su rol como abogado acusante en este caso, el año pasado un tribunal en Nueva York le suspendió su matrícula de abogado y le impidió ejercer la práctica profesional.

Por su parte, Smarmatic y Dominion, las dos empresas que manejaron el conteo electoral en los estados donde se denunció fraude, presentaron demandas civiles contra el abogado neoyorquino exigiendo compensaciones económicas por haber sido “difamadas”.

No se sabe si estas demandas prosperarán, ya que en Estados Unidos para que una difamación tenga lugar, debe comprobarse que fue mentira. Por lo que las dos empresas deberán abrir su código y todos los registros al público, para demostrar que no hubo fraude, algo que se negaron a hacer durante la denuncia de Giuliani en 2020.

Junto con Giuliani, este mismo lunes también fue llamado a declarar por la causa en Georgia el actual senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, el nexo de Trump con el establishment del Partido Republicano y quien se puso al hombro su campaña presidencial para 2024.

Además, a fines de junio, el celular de John Eastman, un miembro del equipo de legal de Trump, fue confiscado por agentes federales. Algo que también sufrió el legislador trumpista Scott Perry en los últimos días

Las recientes atropellos judiciales por parte del Departamento de Justicia y el FBI a Trump y a su círculo íntimo demuestran que se ha elucubrado un plan usando los tres poderes del Estado para impedir la candidatura presidencial líder republicano a toda costa.

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Estados Unidos

El FBI le confiscó a Trump sus pasaportes durante el allanamiento en Mar-a-Lago ordenado por Biden

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El ex presidente denunció que los agentes que participaron de la redada se llevaron todos sus pasaportes y que no puede salir del país. Una apretada política digna de una dictadura comunista del Caribe.

En medio de una persecución política y judicial sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó su red social este lunes para denunciar que sus pasaportes fueron robados por oficiales del FBI durante el allanamiento ejecutado en Mar-a-Lago, su residencia y base de operaciones políticas ubicada en Palm Beach, Florida, la pasada semana.

En la redada del FBI en Mar-a-lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto a todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer Mundo“, expresó Trump en la plataforma Truth Social.

Es probable que los tres pasaportes a los que se refiere Trump en su comunicado sean, además del propio que posee como ciudadano estadounidense, un pasaporte diplomático emitido para oficial del gobierno y un pasaporte solo expedido para presidentes. La confiscación de estos documentos es significativa y un serio abuso judicial, pues sin un pasaporte legal, Trump no puede salir del país.

El pasado jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, se encargó de aclarar lo evidente: que él personalmente había aprobado el allanamiento a la residencia del exmandatario como parte de una supuesta investigación federal en curso liderada por su departamento y el FBI.

La orden de allanamiento fue liberada al público durante las últimas horas del viernes debido a la creciente presión política y social. Sin embargo, lo verdaderamente importante no se encuentra en la orden, sino en la solicitud de allanamiento (affidavit) que el Departamento de Justicia presentó ante el juez exponiendo los motivos para justificar dicha redada, un documento que Garland se niega rotundamente a publicar.

Según el mismo FBI reporta, en el allanamiento, los agentes federlaes se llevaron un total de 11 cajas con documentos y fotografías personales de Trump, y un total de 27 cajas con documentos de diversa índole, principalmente documentos generados durante su mandato.

La orden firmada por el juez Bruce Reinhart, donante de Obama y ex abogado del pedófilo internacional Jeffrey Epstein, autoriza a allanar “todo archivo presidencial o gubernamental” creado durante toda la etapa presidencial del republicano, bajo la excusa de que se deben proteger los documentos clasificados.

Los abogados de Trump señalaron que como presidente, su cliente había publicado un memo durante los primeros días de su mandato indicando que cualquier documento que él sacara de la Casa Blanca automáticamente quedaba desclasificado, por lo que ningún archivo incautado está clasificado. Según explicó Trump, estos documentos se los llevó a Mar-A-Lago para construir la Biblioteca Gubernamental 2017-2021, como es deber de todos los presidentes que dejan el cargo.

Caída esta versión que intentó instalar la Casa Blanca, Trump denunció que la orden fue utilizada como una cortina de humo por el gobierno de Biden para perseguir a su principal adversario político, confiscándole así sus documentos personales y violando patentemente sus derechos constitucionales.

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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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