Por primera vez en 10 años el aumento en el techo de la deuda pública incluirá un fuerte ajuste fiscal nominal para el Presupuesto 2024. La oposición logró una reducción de casi el 20% en comparación a la propuesta fiscal original presentada por Biden.

Después de semanas de negociaciones y con un default a la vuelta de la esquina, la agenda fiscalmente conservadora del Partido Republicano terminó por imponerse a la excesiva laxitud demostrada por el presidente Joe Biden en los primeros dos años de su administración.

A partir de la próxima Ley de Responsabilidad Fiscal, el levantamiento legal en el tope de la deuda pública incluirá una fuerte reducción nominal sobre el gasto público por primera vez en más de 10 años, una clausula que impuso el presidente de la Cámara de Diputados, Kevin McCarthy.

Las sucesivas actualizaciones sobre el techo de la deuda no habían podido delimitar un sendero creíble de reducción de déficit, a pesar de los esfuerzos de la administración Trump entre 2017 y 2018 de implementar la norma de ajuste fiscal PAYGO, que quedó postergada cuando los demócratas tomaron control del Congreso en 2019.

Los republicanos lograron un acuerdo para que el gasto público nominal del Gobierno federal estadounidense caiga a los US$ 583.000 millones en el año fiscal 2024, frente a los US$ 722.000 millones que pretendía aprobar Biden. Esto implica un fuerte ajuste nominal equivalente al 19,25% considerando ambas propuestas.

De hecho, el gasto público nominal correspondiente al año fiscal 2024 será incluso un 6,7% inferior al que efectivamente se aprobó para 2023, y un 1,35% más modesto en comparación con el año 2022. En términos del PBI, esto supone un ajuste fiscal contundente que sin lugar a dudas disminuirá el déficit fiscal del Gobierno. 

Posteriormente, la propuesta republicana establece un tope de aumento nominal fijado en el 1% anual entre 2025 y 2030. El gasto público reducirá constantemente su participación en relación al tamaño de la economía, aún habiéndose calculado un aumento relativo en partidas como la seguridad social y el pago neto de intereses por la deuda pública.

Con la propuesta original del presidente Biden, el gasto público nominal hubiera continuado creciendo hasta superar los 1,9 billones de dólares en el año 2030. El acuerdo patrocinado por la oposición permite que el gasto nominal no supere el los 1,7 billones de dólares para el mismo período.

El ajuste recaerá exclusivamente sobre el gasto público no vinculado a la defensa nacional y las erogaciones militares. El acuerdo con los demócratas también incluye que ni los gastos previstos para la seguridad social ni tampoco los del Medicare se verán afectados, aunque fueron incluidas pequeñas reformas parciales sobre los requisitos para acceder a los programas sociales.

“En otras palabras, gastaremos menos dinero el próximo año que este año, deteniendo el gasto inflacionario y financiando completamente nuestra defensa nacional, cumpliendo con nuestras obligaciones con nuestros veteranos y preservando y protegiendo el Seguro Social y Medicare”, explica el comunicado de Kevin McCarthy.

El déficit fiscal también se reducirá permanentemente, ya que las previsiones sugieren que la recaudación federal se mantendrá relativamente estable entre el 31% y el 32% del PBI hasta 2028, mientras que la previsión para la participación del gasto es cada vez más baja. El proyecto de acuerdo entre Biden y la oposición no incluye aumentos impositivos.

No one thought @HouseGOP would be able to secure a deal that cuts spending & reduces the deficit. In a divided government, no deal is perfect but this is more consequential than any in recent history. pic.twitter.com/PDAIgTecoV

— Congressman Nick Langworthy (@RepLangworthy) May 29, 2023

Tras la victoria electoral de Recep Tayyip Erdogan, Joe Biden se comunicó para felicitarlo y aprovechó la ocasión para charlar sobre la venta de aviones F-16 de producción estadounidense a Turquía y sobre el ingreso de Suecia a la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras una llamada telefónica realizada el día lunes con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que este reiteró el anhelo de Ankara de comprar aviones de combate F-16 de Estados Unidos, a lo que Biden respondió que Washington estaba “ansioso” por ver a Ankara abandonar su potura actual y aceptar el ingreso de Suecia a la OTAN.

El intercambio entre ambos líderes tuvo lugar cuando Biden llamó a Erdogan para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales de Turquía el domingo, lo que confirma la continuación por cinco años más de este al frente de Turquía, tras más de dos décadas en el poder.

“Felicité a Erdogan. Todavía quiere resolver algo de los F-16. Le dije que queríamos acordar con Suecia, así que hagámoslo. Y así volveremos a estar en contacto el uno con el otro”, dijo Biden a periodistas antes de partir de la Casa Blanca hacia Delaware.

“Vamos a hablar más sobre esto la próxima semana“, agregó el presidente norteamericano. Por su parte, la Presidencia turca, en una breve declaración sobre la llamada, dijo que ambos líderes acordaron profundizar la cooperación en todos los aspectos de sus lazos bilaterales, cuya importancia dijeron que ha crecido aún más frente a los desafíos regionales y globales.

Turquía ha tratado de comprar F-16 por valor de 20.000 millones de dólares, además de casi 80 kits de modernización de manos de Estados Unidos, pero la venta se ha estancado debido a las objeciones del Congreso de los Estados Unidos sobre el problemático historial de derechos humanos de Ankara y la política contra Siria, a pesar de que la administración Biden ha dicho repetidamente que apoya la venta.

Recordemos que, a principios de este año, un paquete mucho más pequeño de 259 millones de dólares, el cual incluye actualizaciones de software de aviónica para la flota actual de aviones de combate F-16 de Turquía, fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos, días después de que Turquía ratificara la adhesión de Finlandia a la OTAN. Por ello, todo indica que la venta de F.-16 se destrabará en tanto y en cuanto Turquía acepte la membresía de Suecia.

Un grupo de Senadores estadounidenses de ambos partidos, por medio de una carta emitida en febrero, dijeron a Biden que el fracaso de Turquía para ratificar los protocolos de adhesión para Suecia y Finlandia, que todavía estaba esperando en ese momento, “cuestionaría esta venta pendiente”, refiriéndose a los F-16.

A este respecto, Estados Unidos le habría dicho previamente a Turquía que sería difícil lograr que el Congreso aprobara el acuerdo para la venta de los F-16 si Ankara no da luz verde al ingreso de Suecia en la OTAN.

Suecia y Finlandia solicitaron la membresía de la OTAN el año pasado, abandonando sus políticas de no alineación militar de larga data tras la invasión rusa de Ucrania. Si bien Turquía ratificó la adhesión de Finlandia a la OTAN a fines de marzo, ha seguido negándose a aceptar a Suecia debido a que alega que Estocolmo da refugio y se niega a entregar a miembros asociados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a los cuales Turquía considera terroristas.

Por su parte, Estados Unidos anhela poder cerrar la unión de Suecia al sistema de seguridad colectiva occidental a mediados de julio, cuando la alianza celebre una cumbre en Lituania.

Recordemos que cualquier nuevo aspirante a miembro de la OTAN debe ser acetado por todos los miembros actuales de la organización. Por el contrario, tanto Turquía como Hungría aún no han aprobado la candidatura de Suecia.

El Gobierno y la oposición se aproximan a un inminente acuerdo definitivo para evitar el default de la deuda. El programa incluye un fuerte recorte de gastos y no habrá ningún aumento impositivo, pero fueron tenidas en cuenta algunas consideraciones del oficialismo.

Tras tensas semanas de negociaciones, finalmente el Gobierno de Joe Biden y la oposición encabezada por McCarthy llegaron a una tentativa de acuerdo, el primer paso para la redacción de un documento definitivo que evitaría un histórico default en Estados Unidos (algo que ninguna de las dos partes está dispuesta a permitir).

El acuerdo significa una contundente victoria para los republicanos, ya que las líneas generales del programa de consenso se acercan más a posiciones fiscalmente conservadoras y no se establecerá ningún tipo de aumento impositivo, una de las condiciones más celosamente respaldadas por el ala trumpista de la oposición.

Sin embargo, y aunque Biden dio el brazo a torcer ante la inminente llegada del incumplimiento, el acuerdo deberá ser respaldado por las distintas facciones de ambos partidos en el Congreso y no se descartan nuevos cambios para que finalmente pueda ser aprobado.

Los puntos más importantes del acuerdo

En primer lugar, los republicanos darán el visto bueno para aumentar el techo legal de la deuda pública federal por encima de los 31,4 billones de dólares tal y como lo exigía el presidente Biden. Esto permitirá refinanciar las operaciones del Gobierno federal y evitar cualquier incumplimiento.

Asimismo, los recortes al gasto público sólo se efectuarán sobre el gasto no relacionado con la defensa. Por lo tanto, las partidas presupuestarias asignadas para gasto militar, controles fronterizos, policía y la atención médica a veteranos de guerra, no se verán afectadas de ningún modo y mantendrán las pautas de crecimiento fijadas previamente.

Las erogaciones restantes en el presupuesto (la gran mayoría del mismo) tendrán un crecimiento nominal cercano al 0% para el año 2024, y a partir de 2025 habrá un límite de aumento del 1% nominal anual para los próximos seis años. Esta regla fiscal es más laxa de lo que originalmente proponía el proyecto republicano, pero garantiza que el gasto público en relación al PBI se vea constantemente recortado.

Para lograr la moderación de la expansión nominal del presupuesto, fueron establecidos una serie de recortes sobre partidas que son significativas para el total. Se ampliaron los requisitos para acceder a los programas sociales, en particular sobre el plan de cupones alimentarios.

La ley vigente establece que los adultos sanos y sin hijos de 18 a 49 años pueden acceder a cupones alimentarios de manera restringida y solo durante tres meses de cada tres años, siempre y cuando no hayan estado empleados al menos 20 horas a la semana. Con el nuevo acuerdo, estas restricciones también afectarán a las personas de hasta 54 años. Se incluyen excepciones para el caso de veteranos.

También se establecen requisitos mínimos de trabajo (búsqueda activa de empleo y la obligación de realizar capacitaciones) para aquellas personas que quieran entrar en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Sin embargo, estos requisitos no se incluirán para el acceso al Medicaid como lo establecía el proyecto republicano original, y en este aspecto también debieron ceder ante la posición de los demócratas.

El acuerdo establece la recuperación de los fondos por el Covid-19 que no fueron gastados efectivamente, aproximadamente 4,5 billones de dólares que se recortarán automáticamente de los gastos presupuestarios.

Washington is sitting on tens of billions of dollars in unspent COVID funds, even though the pandemic is over. Republicans are leading the charge to claw back this money for taxpayers—marking the largest rescission in history.

Here are just some of the slush funds included: pic.twitter.com/1sRKY5MbpK

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023

Sin lugar a dudas uno de los principales puntos fuertes del acuerdo será la marcha atrás con los rescates de préstamos estudiantiles, una medida que desequilibró completamente las finanzas públicas desde agosto del año pasado. Los prestatarios volverán a pagar los préstamos que suscribieron sin el auxilio del Gobierno federal (siendo que la inmensa mayoría jamás necesitaron de ningún rescate).

Sin embargo, los demócratas lograron retener un paquete de hasta 20.000 millones de dólares en programas de alivio para deudas estudiantiles que finalmente no serán recortados. Pero aún así, se debe tener en cuenta que los rescates involucraban un gasto de US$ 315.000 millones solo en 2023, con lo cual la balanza se terminó inclinando en favor del conservadurismo fiscal.

Los republicanos también lograron imponer su posición para recortar la financiación adicional al Servicio de Impuestos Internos, una normativa establecida en la Ley de Reducción de la inflación de 2022. Esto implica un ahorro neto de hasta US$ 80.000 millones solamente para el año fiscal 2023.