Abogados han revelado documentos conectados a una recolección masiva de datos de redes sociales del ex presidente y de todas las cuentas que hayan sido retuiteadas o comentadas por Donald Trump.

Fuentes judiciales han revelado que el Departamento de Justicia de Joe Biden ha emitido una orden de registro contra la cuenta de Twitter del ex presidente Donald Trump para que se provean datos personales de cuentas de terceros con las cuales el mandatario haya interactuado en redes sociales.

Quien pidió esta persecución judicial ha sido el fiscal especial Jack Smith, designado personalmente por Joe Biden para que investigue a su principal opositor. Entre otras cosas, ha pedido la información privada de miles de tuiteros que han recibido respuestas, retuit o like de la cuenta @realDonaldTrump durante la presidencia republicana.

Además, el fiscal ultra-demócrata pretende que se analicen los datos de historial, borradores, y bloqueos de @realDonald Trump, e incluso información acerca de aquellas listas de Twitter que hayan tenido cualquier tipo de interacción con el perfil de Trump.

El Departamento de Justicia, encabezado por Merrick Garland, el jefe del fiscal Smith, no conforme con esos datos, también solicitó que se le provea información relacionados a la geo-localización de todos los mensajes privados que salieron o llegaron a la cuenta de @realDonaldTrump.

La orden de registro que fue presentada en el mes de enero del presente año, y forma parte de una investigación en la cual el Departamento de Justicia se ha comprometido a revelar distintos documentos relacionados al proceso judicial de la investigación acerca de los hechos del 6 de enero de 2021.

La investigación presentada contra las empresas informáticas (más precisamente Twitter), se dio luego de que la misma se haya negado a colaborar con la orden de registro de los demócratas contra el ex presidente Trump, así como también una orden de silencio, argumentando que violaba los derechos corporativos y aquellos relacionados a la libre expresión del acusado. Luego de negarse a dichas ordenes, la justicia mediante el juez Beryl Howell le impuso una pena a la compañía de $350.000 dólares.

Conjuntamente con esta orden que violaba los derechos de privacidad de Trump, el fiscal también le pidió a la Justicia que emita una orden que no permitía a la red social informar al ex presidente que se efectuaría una maniobra de espionaje en sus cuentas.

Ante esto, la red social anunció que la mencionada orden violaba explícitamente los derechos otorgados por la Primera Enmienda y la ley de comunicaciones archivadas, y decidió informar al ex mandatario a pesar del pedido judicial.

Las otras denuncias contra el ex presidente Trump

En las últimas horas, una corte federal de apelaciones de Washington D.C. resolvió que el ex presidente puede ser imputado en demandas civiles. Dicho fallo fue dictado de forma unánime por los jueces Greg Katsas, Judith Rogers y quien escribiera el veredicto, Sri Srinivasan.

Dicha resolución fue tomada luego de que la jueza de Washington D.C., Tanya Chutkan, negara al ex presidente una moción para desestimar la acusación del Comité del 6 de Enero que responde a las ordenes de Smith, el cual en varios casos no respetó los derechos constitucionales del acusado.

En simultáneo, tanto el Comité del 6 de Enero como la jueza Chutkan han encubierto sistemáticamente la destrucción de cientos de archivos videográficos que constan del testimonio de más de mil personas que desmienten cualquier tipo de accionar ilegal del ex presidente. Chutkan negó un pedido efectuado por Trump para revelar qué archivos fueron destruidos debido a que no había especificado la relevancia que estos tienen en la causa.

Por su parte, desde sectores pertenecientes al Partido Republicano han expresado su mas fuerte rechazo y preocupación frente a las acciones tomadas por el Departamento de Justicia y por el fiscal Smith en el manejo de la investigación.

De tal modo, los representantes Anna Paulina Luna (Florida), James Comer (Kentucky), quien comanda el Comité de Supervisión y Jim Jordan (Ohio), han demandado mediante un comunicado que se brinde información acerca de si Jack Smith siguió al pie de la letra los precedentes establecidos por la Corte Suprema al momento de imputar a Donald Trump bajo los cargos de conspiración.

El Comité de Supervisión mostró su ardua preocupación frente a un uso del aparato judicial con el fin de degradar la reputación de un candidato presidencial de Trump, frente a las elecciones que se llevarán a cabo en el próximo año.

Roger Stone habla sobre todo en una entrevista exclusiva con La Derecha Diario.

La Derecha Diario entrevistó a uno de los más importantes armadores políticos y asesores de campaña de los Estados Unidos. Desde la década de los 70, Roger Stone ha trabajado en las campañas de políticos republicanos clave como Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole y Donald Trump.

Perseguido políticamente por el gobierno de Biden, actualmente tiene su propio programa “Stone Zone” donde habla de las noticias y da su experimentada perspectiva. En la entrevista, se conversó acerca del histórico triunfo de Javier Milei en Argentina, y de su trabajo en las exitosas campañas de Nixon, Reagan y Trump.

Finalmente el Presupuesto aprobado en conjunto por el presidente Biden y la oposición republicana entró en vigencia a partir de octubre, y establece fuertes limitaciones para el crecimiento del gasto público discrecional. Se espera una profunda caída del déficit fiscal en los próximos meses.

Tras las tensas negociaciones entre la administración del presidente Joe Biden y la oposición del Partido Republicano, hacia el mes de septiembre se llegó a un acuerdo fiscal que impone una serie de restricciones a la expansión del gasto público sin la necesidad de subir los impuestos, la totalidad del ajuste recae sobre el Estado federal.

En Estados Unidos el año fiscal comienza el 1 de octubre de cada año y finaliza el 30 de septiembre. En el primer mes de aplicación del Presupuesto 2024, el déficit financiero del Gobierno federal cayó por debajo del 6% del PBI al cierre de octubre, el resultado más equilibrado de los últimos 10 meses. 

Por su parte, el déficit primario federal (excluyendo la creciente carga por intereses de deuda pública) retrocedió al 3,7% del PBI y registró el nivel más bajo desde diciembre de 2022.

El proyecto aprobado en conjunto por republicanos y demócratas moderados dispuso de los siguientes puntos:

• Suspensión del límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025
• Topes para el gasto discrecional en los ejercicios fiscales 2024 y 2025
• Eliminación de todos los fondos remanentes asignados durante la pandemia de Covid-19
• Reducción de US$ 1.400 millones de dólares para la financiación del Servicio de Impuestos Internos
• La determinación de que cualquier resolución ejecutiva que cueste más dinero del que genera sólo pueda realizarse si una cantidad igual o mayor de dinero se recorta de otros programas federales
• Eliminación definitiva de la cancelación de préstamos estudiantiles, algo también anulado por la Corte Suprema a partir de agosto de este año
• Ampliación de los requisitos para percibir beneficios por el Programa de asistencia nutricional suplementaria
• Flexibilización de los permisos para la aprobación federal de proyectos energéticos

Con una fuerte moderación de los gastos en términos nominales (y más aún en términos reales), se espera que el déficit del año fiscal 2024 pueda reducirse significativamente a niveles aún más bajos de los que había antes del estallido de la pandemia, sin la necesidad de subir los impuestos.

La administración del presidente Biden pretendía cargar el ajuste fiscal a cuenta de los contribuyentes, y su plataforma electoral para el año próximo propone relanzar estas propuestas.

Entre otras cosas, Biden propone un aumento del impuesto de Sociedades del 21% al 28%, un incremento sustancial de la tasa por Medicare, el alza de la tasa máxima del impuesto a las Ganancias de personas físicas del 37% al 39,6%, y el tratamiento de las Ganancias de capital de largo plazo con una tasa que se elevaría del 20% a más del 40%.

Por su parte, el expresidente Donald Trump propone profundizar los recortes de la “Ley de Empleos y Reducción de Impuestos” del año 2017, y en particular la reducción del impuesto de Sociedades del 21% al 15% a partir de 2026.