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Estados Unidos

Trump promete publicar todos los archivos del asesinato de Kennedy si es reelecto como presidente

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Siguiendo los comentarios del candidato demócrata Kennedy Jr., Trump anunció que publicará todos los archivos que la CIA mantiene clasificados sobre el asesinato de JFK.

El candidato a presidente republicano Donald Trump prometió esta semana publicar todos los archivos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, luego de que su sobrino, el también candidato a presidente pero por el Partido Demócrata, Robert F. Kennedy Jr., afirmara que cree que funcionarios de inteligencia estadounidenses podrían haber estado involucrados en su muerte en 1963.

Ya he publicado mucho, como saben. Pero si soy reelecto publicaré todo lo demás”, dijo Trump al medio The Messenger el lunes, refiriéndose a los cientos de documentos que todavía permanecen clasificados por pedido de la CIA.

Cuando Trump era presidente, publicó miles de documentos sobre el asesinato de Kennedy, donde se reveló que la CIA tenía en el radar al asesino, Lee Harvey Oswald, incluso habiéndolo contactado en múltiples ocasiones.

Todo indica que Oswald era un agente reclutado de la agencia de inteligencia para llevar a cabo el ataque. Todas las pistas están pero falta el documento que lo confirme sin ningún tipo de dudas ni espacio a interpretación, y según el propio Trump, esto podría estar en los documentos que se mantienen clasificados.

En 1992, se promulgó una ley que estipulaba que todos los documentos relacionados con JFK se hicieran públicos. Sin embargo, varias administraciones presidenciales, incluidos los gobiernos de Trump y de Biden, han suspendido la publicación de estos documentos más sensibles "por pedido expreso de la CIA".

En un comunicado cuando era presidente, Trump aseguró que no podía divulgar todos los registros porque “cierta información debe continuar siendo redactada debido a preocupaciones identificables de seguridad nacional, aplicación de la ley y asuntos exteriores”.

Estoy de acuerdo con la recomendación del archivista de que las retenciones continuas son necesarias para proteger contra daños identificables a la seguridad nacional, la aplicación de la ley o los asuntos exteriores que son de tal gravedad que superan el interés público en la divulgación inmediata", dijo la oficina de Trump en 2018.

Sin embargo, aclaró: "También estoy ordenando a las agencias que vuelvan a revisar cada una de esas redacciones durante los próximos 3 años. En cualquier momento durante ese período de revisión, y a más tardar al final de ese período, las agencias divulgarán información que ya no justifica la retención continua”.

Pero cuando se cumplió ese periodo, en 2021, el presidente Joe Biden ordenó por decreto no publicar todo, y aún hay unos 4.300 registros que se mantienen bajo secreto de estado, incluso algunos permanecen redactados o hasta borrados.

Si bien nunca se han visto los contenidos de estos registros, se tiene una idea de qué tratan. Principalmente, hablan del trabajo de George Joannides, un agente de la CIA en la década del ’60 y jefe de JMWAVE, el nombre en clave de una importante estación secreta de recopilación de inteligencia y operaciones encubiertas de los Estados Unidos operada por la CIA desde 1961 hasta 1968, donde se cree que se planificó el atentado contra el presidente Kennedy.

En aquél entonces, el vicepresidente Lyndon B. Johnson, los directivos de la CIA y otras agencias de inteligencia y seguridad habrían planificado el asesinato del presidente para sacar a los Kennedy de la escena política, especialmente después de que el mandatario boicoteara una operación clandestina para invadir Cuba, que resultó en el fracaso de la Bahía de los Cochinos.

Johnson inmediatamente asumió la presidencia, y luego reeligió en 1964, instalando una dinastía política en el Partido Demócrata que manejó los hilos de la agrupación hasta la irrupción de Bill Clinton, recién en 1992. Por lo que esta teoría también explicaría las internas demócratas posteriores a su muerte.

Cuando fue entrevistado por The Messenger, se le preguntó a Trump si debería haber algo que preocupara al público en los registros de JFK. “Bueno, no quiero comentar sobre eso”, respondió Trump, quien ha tenido acceso a estos documentos durante su presidencia y sabría la verdad del asunto. “Pero te diré que he soltado mucho. Liberaré la porción restante muy temprano en mi mandato”, concluyó.

Estados Unidos

Condenaron a 25 años de prisión al criminal cripto y principal donante de Biden, Sam Bankman-Fried

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La fiscalía había pedido 40 años en prisión, contra el fundador de FTX y Alameda Research, y el mayor donante del Partido Demócrata que defraudó miles de millones de dólares con una estafa cripto.

El fundador de la casa de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado este jueves a 25 años de prisión, luego de ser encontrado culpable de fraude financiero robando más de US$ 8.000 millones de dólares de clientes.

Bankman-Fried, de tan solo 32 años, se había convertido en los últimos años en el principal donante demócrata, habiendo apoyado la campaña a presidente de Joe Biden en 2020 y habiéndose convertido en el mayor patrocinador de los candidatos de Biden en las elecciones legislativas del 2022.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan dictó la sentencia en una audiencia en la corte de Manhattan después de descubrir que Bankman-Fried había mentido durante su testimonio bajo juramento en el juicio, y rechazó su afirmación de que el dinero de los clientes de FTX todavía estaba resguardado.

El pasado 2 de noviembre había sido encontrado culpable por un jurado de siete cargos de fraude y conspiración luego del colapso de FTX en 2022, en lo que los fiscales han llamado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.

En síntesis, Bankman-Fried había estado utilizando la plata de FTX para comprar criptomonedas que él mismo había creado, de una empresa hermana llamada Alameda Research, que presidía su ex novia. De esta manera, con el dinero de sus clientes y de sus inversores, subía artificialmente el precio de su propia criptomoneda, llamada "FTT".

Al subir el precio de la FTT, podía inflar los balances contables, y así salía al mercado a pedir préstamos y más inversiones, y ese dinero lo usaba para pagar deudas y seguir inflando su moneda digital. Esta trama duró aproximadamente 3 años, desde su lanzamiento en 2019.

Sin embargo, en 2022, con la caída del precio de todas las criptomonedas por la suba de la tasa de la Reserva Federal, se le empezó a complicar conseguir dinero para sustentar el esquema Ponzi, hasta que colapsó completamente el modelo criminal el 7 de noviembre de 2022.

"Él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo", dijo Kaplan antes de dictar sentencia. "Él sabía que era un delito. Lamenta haber hecho una apuesta muy mala sobre la probabilidad de que lo descubrieran. Pero no va a admitir nada, como tiene derecho".

"Sus mentiras deliberadas y constantes demostraron un descarado desprecio por las expectativas de los clientes y una falta de respeto por el Estado de derecho", dijo Damian Williams, el fiscal federal en Manhattan que querelló en contra del financista.

La justicia neoyorquina determinó que los clientes de FTX perdieron 8 mil millones de dólares, los inversionistas de capital de FTX perdieron 1,7 mil millones de dólares y que los prestamistas del fondo de cobertura de Alameda Research, fundado por Bankman-Fried, perdieron 1,3 mil millones de dólares.

Boceto de la sala del tribunal, donde se ve a Bankman-Fried compareciendo ante el juez de distrito de EE.UU. Lewis Kaplan mientras es sentenciado a 25 años de prisión, en el Tribunal Federal de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 28 de marzo de 2024.

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Estados Unidos

Ejemplo mundial: La Legislatura de Florida aprobó de forma unánime una ley para desalojar ocupas

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El estado sureño aprobó un proyecto de ley que permitirá penar de manera eficiente a aquellos que usurpen viviendas.

La Legislatura de Florida aprobó de manera unánime, algo que no ocurría en varias décadas, un proyecto de ley que habilita a propietarios a desalojar a inquilinos que se hayan instalado de manera permanente y sin autorización dentro de una vivienda sin consentimiento del propietario de la misma.

Mediante el proyecto legislativo apodado "HB 621", los propietarios se encontrarán autorizados a requerir inmediata asistencia de las fuerzas de seguridad para desalojar a aquellos inquilinos cuyos plazos de alquiler hayan sido superados y usurpen de manera ilegal la propiedad en cuestión.

A diferencia de otras leyes de desalojo como la de Nueva York, la nueva ley de Florida pone el énfasis en los derechos de los propietarios y no de aquellos que las usurpan ilegalmente, poniendo fin a una problemática que estaba aquejando al estado, como consecuencia de la masiva ola de inmigrantes que está dejando entrar Joe Biden al país.

En un primer aspecto, la ley reconoce la falta de derechos que poseen los usurpadores de viviendas por sobre las mismas en todos sus sentidos, para así agilizar los trámites y procedimientos de un desalojo en el caso de que sea necesario.

Con el objetivo de reducir los índices de criminalidad cometidos por aquellos que buscan instalarse de forma ilegítima en una vivienda que no les pertenece, los locadores o quienes designen como autorizados, tendrán la opción de contactarse con el sheriff para proceder con el correspondiente desalojo de los locatarios, a quienes se les haya pasado el plazo de estadía y amenacen con instalarse de forma maliciosa.

Dentro de la ley, sin embargo, se establecen algunas condiciones para llevar a cabo el desalojo con la ayuda de las fuerzas policiales, como por ejemplo la condición de que se haga presente y solicite la ayuda el legítimo propietario o incluso su apoderado con autorización.

Otras condiciones aclaran que debe haber en disputa una vivienda residencial en la cual los inquilinos hayan prolongado su estadía no autorizada de manera indefinida, así como también el ingreso de personas que no tienen que ver con el negocio inmobiliario pre-acordado.

Para proceder con el desalojo, los locadores que tengan las intenciones de expulsar a los inquilinos que actúen de mala fe deben presentar primero una solicitud requiriendo el desalojo adjuntando la titularidad de la propiedad, así como también el hecho por el cual están solicitando el desalojo.

A su vez, la solicitud deberán realizarlo ante la oficina del sheriff correspondiente al condado en el cual se encuentra la vivienda.

Por su parte, la ley también estipula que el propietario que realiza la solicitud para expulsar al locatario se encuentra en conformidad con el hecho de que toma conciencia de que el expulsado podrá tomar acciones legales contra el mismo en caso de que la denuncia que haya realizado posea elementos que carezcan de verosimilitud.

Al convertir la usurpación de viviendas un crimen, la ley estipula penas correspondientes a los distintos tipos de ocupación. Para el cargo de usurpación ilegal de terrenos, viviendas que además cuenten con la destrucción de propiedad de superados los 1.000 dólares, el nuevo proyecto legislativo estipula que se encuadrará bajo el supuesto de delito en segundo grado, lo cual puede asegurar penas de hasta 15 años de prisión y fianzas de hasta 15.000 dólares.

Los residentes del estado de Florida han festejado la aprobación de esta ley en el Congreso, que ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Ron DeSantis para ser firmada y promulgada. La misma beneficia a aquellos propietarios que han sufrido en los últimos años los vacíos legales que permitían a los usurpadores mantenerse dentro de las viviendas ocupadas, mientras que los propietarios no podían tomar acciones contra los mismos.

A diferencia de otros estados como Nueva York, en el cual los usurpadores comienzan a poseer derechos por sobre la vivienda pasados los 30 días de la usurpación, la ley de Florida garantizará que el período de tiempo no sea un impedimento para realizar un desalojo.

El ejemplo de Nueva York es mucho más extremo incluso, debido a que pasado ese período, los propietarios no pueden realizar acciones como el cambio de cerradura o el despojo de pertenencias personales de los inquilinos ilegales, lo cual prácticamente les otorga los derechos por sobre la propiedad a los criminales.

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Estados Unidos

Papelón: Un grupo de republicanos anti-Trump le aprobó un paquete de expansión del gasto público a Biden

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En medio del estallido de una interna del Partido Republicano, diputados y senadores republicanos rebeldes se aliaron con los demócratas para expandir el gasto público hasta noviembre de este año.

Esta semana cerró con un viernes negro para los Estados Unidos. Un grupo de 73 diputados republicanos se unieron a los demócratas para aprobar en la Cámara de Representantes un masivo paquete de expansión del gasto público por 1,2 billones de dólares.

Si el proyecto no se aprobaba antes de las 23:59 horas del viernes, el Gobierno federal iba a entrar en "shutdown", un concepto que existe en Estados Unidos donde si el Congreso no puede ponerse de acuerdo en un presupuesto de gastos, se suspenden todas las erogaciones públicas hasta que ocurra.

Rápidamente, la ley pasó al Senado, donde nuevamente 27 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar el masivo paquete de gasto público. El resultado final fue de 286 votos positivos contra 134 negativos en la Cámara Baja (15 abstenciones), y de 78 contra 18 (4 abstenciones) en la Cámara Alta.

Todo indicaba que la ley no pasaría, ya que se necesitaban dos tercios de cada cámara para su aprobación. Esto requería un masivo apoyo del Partido Republicano para el proyecto de Biden, algo que parecía lejano luego de que Trump, líder del partido y su candidato a presidente, pidiera el voto negativo.

Pero la ley logró aprobarse, y a pesar de que requería el 67% del Congreso, terminó obteniendo el 68%, con una mayoría de republicanos votando a favor. La situación provocó una brutal crisis interna dentro del Partido Republicano.

Momentos después del resultado, la diputada trumpista Marjorie Taylor Greene, presentó una moción de censura contra el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, por haber tenido una masiva cantidad de miembros de su bloque que votaron con los demócratas.

"Es más una advertencia que una nota de muerte", dijo luego Greene a los periodistas. “No deseo infligir daño a nuestro bloque y sembrar el caos en la Cámara. Pero esto es básicamente una advertencia y es hora de que sigamos el proceso".

"Llegó la hora de que nos tomemos nuestro tiempo y encontremos un nuevo presidente de la Cámara que apoye a los republicanos y a nuestra mayoría republicana, en lugar de apoyar a los demócratas”, cerró su intervención a la prensa.

Si bien la moción no fue llevada al recinto, a partir de ahora Greene, que es la alfil de Trump en el Congreso, puede activar la medida y la Cámara tendría que votar dentro de dos días legislativos, lo que requeriría una mayoría simple para desalojar a Johnson.

La salida de Ken Buck

La situación fue tan dura para el Partido Republicano, que el diputado Ken Buck, representante por Colorado y un firme detractor de Trump, quien lideró varios intentos para hacerle un impeachment al expresidente, finalmente renunció a su banca el viernes después de la votación.

Increíblemente, Buck votó en contra del proyecto, por lo que no se alió con los demócratas, pero dijo que no aguantaba más los choques internos del Partido, y anunció su salida del Congreso, dejando su banca como vacante por el momento.

Al salir por la puerta, firmó dos peticiones de aprobación de la gestión que podrían obligar a votar sobre la ayuda a Ucrania, un proyecto que Biden envió al Congreso varios mesea atrás y que Mike Johnson viene cajoneando desde entonces.

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