“Hood Robin”: El saqueo a los pobres en nombre de los pobres

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porRicardo Caito Leconte
Opinión

Durante décadas, la casta política, los jerarcas sindicales y los falsos referentes sociales construyeron un imperio en nombre de los más vulnerables. El resultado no fue un accidente ni una casualidad, fue un país arrasado, una dirigencia obscenamente enriquecida y un pueblo desvalijado.

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Hay una pregunta que incomoda a quienes hicieron de la política un modo de vida: ¿qué ocurre cuando alguien se atreve a revisar las cuentas de una causa que nadie se anima a cuestionar? ¿Por qué pedir transparencia en los fondos destinados a los más vulnerables puede convertirse en una supuesta agresión contra esos mismos sectores?

Javier Milei volvió a señalar una de las grandes contradicciones de la política argentina, la utilización de banderas nobles para justificar estructuras de poder, burocracias, intermediarios y gastos que muchas veces escapan al control público. La discusión no es si hay que destinar recursos a políticas de asistencia, la verdadera discusión es cómo mejorar la situación de quienes necesitan ayuda, cuánto dinero llega efectivamente a sus destinatarios y quién controla el uso de esos recursos.

Una causa justa no convierte automáticamente en justos a quienes hablan en su nombre. Defender a los más vulnerables no significa otorgar un cheque en blanco a quienes administran los fondos destinados a ellos, exigir que cada peso tenga un destino comprobable no es atacar un derecho, es defender el derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con el dinero que el Estado recauda mediante impuestos.

El problema aparece cuando la nobleza de una causa se convierte en un escudo contra cualquier pregunta. Si alguien reclama auditorías, lo acusan de insensibilidad, si pide conocer los contratos, es enemigo de la educación pública; si cuestiona una estructura burocrática, tiene la intención de abandonar a los más necesitados. El debate deja de girar alrededor de los resultados y pasa a girar alrededor de la culpa. Ya no importa demostrar que los recursos llegan a destino, alcanza con desacreditar a quien pide explicaciones.

Los derechos de las personas no son propiedad de los dirigentes que dicen representarlas. Los fondos para educación, jubilaciones, trabajo, pobreza, etc., no pueden convertirse en escudos para preservar cajas, cargos y privilegios. Son temas que hoy “preocupan” a quienes durante años no lograron darles soluciones de fondo.

El Estado no es una fuente inagotable de riqueza. El dinero público no cae del cielo, sale del trabajo, ahorro y esfuerzo de personas concretas. Cuando se administra mal, se derrocha o se utiliza para sostener privilegios, la cuenta termina pagándola la sociedad.

De Robin Hood a “Hood Robin”: cuando el relato se invierte

Recuerdo un artículo de Alberto Benegas Lynch (h) sobre Robin Hood, en el que plantea una interpretación que permite mirar esta historia desde una perspectiva liberal: la rebelión contra el poder que asfixia a la población con tributos para sostener sus privilegios. La figura de Robin Hood nos remite así a la resistencia frente a la voracidad de un poder que se apropia del fruto del trabajo ajeno.

Pero ¿qué ocurre cuando esa historia se invierte? ¿Qué pasa cuando quienes dicen defender a los pobres terminan sosteniendo estructuras que viven de los recursos de la sociedad, mientras la pobreza se perpetúa?

Ahí aparece la versión argentina de este relato: “Hood Robin”, el que les quita a los pobres para vivir como un rey y después les explica que lo hace por ellos.

Décadas, una parte de la dirigencia política, sindical y social aprendió a convertir necesidades reales en herramientas de poder. La pobreza dejó de ser solamente un problema que había que resolver y para algunos, se convirtió también en una estructura que había que administrar. Cuanto más dependientes fueran las personas, más indispensable parecía el intermediario; cuanto más grande la organización, más recursos podía reclamar; cuanto más se prolongaba el conflicto, más necesaria parecía la permanencia de quienes se presentaban como sus representantes.

El mecanismo adoptó distintas formas, dirigentes sindicales que se perpetúan durante años; conducciones que convierten el paro en una herramienta recurrente de presión, aun cuando el costo recae sobre trabajadores y ciudadanos; intermediarios que se arrogan la representación de los sectores humildes; organizaciones que construyen su poder alrededor de la movilización permanente y funcionarios que multiplican cargos y oficinas mientras los problemas que justifican su existencia siguen sin resolverse.

No hace falta dar nombres propios, cada lector conoce ejemplos, recuerda conflictos e identifica figuras que parecen haberse vuelto permanentes en el escenario público. Lo importante es reconocer las prácticas, la representación transformada en propiedad, la necesidad convertida en dependencia y el dinero público administrado sin la transparencia que debería exigirse en cualquier institución.

Por supuesto, no todas las organizaciones son iguales ni toda asistencia estatal es ilegítima. Hay personas que realizan una tarea valiosa y necesidades que merecen respuestas concretas. Precisamente por eso hay que distinguir entre ayudar a quien lo necesita y sostener a quienes hacen de esa necesidad una fuente permanente de poder.

Una política social debería aspirar a dejar de ser necesaria

Una política social debería medirse por las oportunidades que genera y por la cantidad de personas que dejan de necesitarla, no por el número de estructuras que consigue mantener.

A este sistema se sumó uno de los mecanismos más silenciosos y destructivos, la inflación. Cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda y recurre a la emisión para financiar el desequilibrio, los precios erosionan los ingresos de toda la sociedad. Pero quien tiene recursos puede buscar refugio; quien cobra un salario, una jubilación o una ayuda fija ve cómo su dinero pierde valor antes de llegar a fin de mes.

La inflación funciona como un impuesto que golpea especialmente a quienes menos tienen, el trabajador, el jubilado y la familia que cuenta cada moneda terminan pagando las consecuencias de los desequilibrios fiscales, mientras la política promete soluciones con recursos que no produce y traslada sus costos a quienes trabajan y producen.

Auditar el Estado también es discutir una cultura política

Durante años se nos quiso convencer de que más gasto significaba necesariamente más “justicia social”, que más oficinas equivalían a más soluciones y que cuestionar al Estado era atacar a quienes necesitaban su ayuda. La experiencia argentina obliga a revisar esas certezas. Un Estado que no controla sus gastos, no transparenta sus cuentas y no evalúa sus resultados puede terminar consumiendo los recursos que debería destinar a resolver los problemas que dice combatir.

Por eso, el cambio que impulsa Milei va más allá de las cuentas públicas. Discutir el déficit, revisar estructuras, exigir auditorías y preguntar cuánto cuesta cada política significa cuestionar una cultura acostumbrada a considerar intocable todo aquello que se presenta bajo una bandera moral. Ninguna causa debe quedar exenta de controles ni ningún administrador público puede estar por encima de la obligación de rendir cuentas.

La pregunta es siempre: ¿quién se beneficia realmente? ¿La persona que necesita ayuda, el trabajador que espera una representación eficaz, el estudiante que quiere aprender, el ciudadano que paga impuestos? ¿O la estructura que crece alrededor de ellos y que parece necesitar que los problemas continúen para justificar su propia existencia?

Robin Hood les quitaba a los ricos para ayudar a los pobres. Hood Robin les quita a los pobres, mediante impuestos, inflación y dependencia y después les explica que todo se hace por su propio bien.

La Argentina necesita terminar con esa inversión moral, no para abandonar a quienes necesitan ayuda, sino para dejar de utilizarlos como justificación de privilegios ajenos, no para destruir causas nobles, sino para devolverlas a quienes verdaderamente les pertenecen, no para eliminar toda función del Estado, sino para dejar de confundir su tamaño con su eficacia y el gasto con la justicia.

La verdadera revolución comienza cuando los ciudadanos dejan de agradecerle al que administra su dependencia y empiezan a exigir las condiciones para ser libres.

Ese día está cerca, el gobierno nacional busca terminar con el cuento de “Hood Robin”. Empieza a escribirse una historia distinta, la de una Argentina en la que nadie necesite vivir a costa del trabajo ajeno y en la que ningún argentino vuelva a ser condenado a la pobreza para que otro pueda vivir como un rey.

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