Hay causas que pertenecen a un gobierno, a un partido o a una generación. Y hay causas que pertenecen a una Nación, Malvinas es una de ellas.
Por eso, hablar de nuestras islas no es solamente hablar de una guerra. Es hablar de historia, de derecho, de soberanía y de una reivindicación que la Argentina sostiene desde hace casi dos siglos.
Pero para defender Malvinas no alcanza con emocionarnos, tenemos que conocer las razones que nos asisten. Porque nuestros derechos no nacieron en 1982, con la guerra. Sus antecedentes se remontan mucho más atrás y se apoyan en una cadena de títulos históricos, jurídicos y diplomáticos que comienza con España y continúa con la Argentina independiente.
El trabajo del canciller Juan Aguirre Lanari en los “Títulos argentinos de soberanía sobre las islas”, ofrece una síntesis de esos fundamentos, la Argentina heredó de España los derechos que la Corona ejercía sobre esos territorios y antes de nuestra independencia, existieron antecedentes de descubrimiento, ocupación y administración española sobre el archipiélago.
Las expediciones del siglo XVI y la cartografía de la época forman parte de esos antecedentes, mucho antes de las fechas que Gran Bretaña invocó para sostener una supuesta prioridad en el descubrimiento, las islas ya aparecían en mapas europeos y españoles.
Pero existe un elemento todavía más importante, España ejerció efectivamente su soberanía sobre las Malvinas, en 1764 Francia estableció una colonia en Puerto Luis, de Saint-Malo las rebautizaron illes Malouines (al español Malvinas), pero posteriormente reconoció los derechos españoles. Gran Bretaña también intentó instalarse en las islas, en 1770 España expulsó a los ocupantes británicos de Puerto Egmont y después de un acuerdo, los británicos abandonaron definitivamente ese establecimiento en 1774.
España mantuvo entonces una ocupación efectiva del archipiélago hasta el proceso de independencia americano, durante ese período se sucedieron veinte gobernadores españoles entre 1767 y 1811. Cuestión jurídica fundamental, cuando las Provincias Unidas iniciaron su proceso de independencia, heredaron los territorios que habían pertenecido a España conforme al principio del uti possidetis juris. Malvinas estaba dentro de esa herencia territorial.
En 1820, el coronel de Marina David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas, posteriormente, Luis Vernet recibió concesiones de tierras y el 10 de julio de 1829, el gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. La Argentina ejercía actos concretos de soberanía.
Hasta que llegó el 3 de enero de 1833, ese día, una fuerza británica ocupó las islas y desplazó a las autoridades argentinas, ante el acto de violencia la Argentina protestó, el 15 de enero, el ministro Manuel Maza pidió explicaciones al representante británico en Bs As, Philip Gore. La protesta continuó a través del representante argentino en Londres, Manuel Moreno, sin obtener satisfacción. Y durante las décadas siguientes, la Argentina volvió a reclamar por sus derechos.
Lo hizo en 1834, 1835 y 1842, continuaron las gestiones de cancilleres como Francisco J. Ortiz, Norberto Quirno Costa y Estanislao Zeballos, y posteriormente Saavedra Lamas y Bramuglia, incluso en 1885 la Argentina ofreció someter la cuestión a un arbitraje que Gran Bretaña no aceptó. No hubo, por lo tanto, abandono argentino de la cuestión.
Y tampoco hubo silencio correntino, desde Corrientes, Pedro Ferré llamó a responder ante lo que denominó “el arrebato nacional de las Islas Malvinas”, reclamando la acción de un poder nacional, un ejército y una renta nacionales para afrontar aquella urgencia.
El derecho argentino ante el mundo
Después de la Segunda Guerra Mundial apareció un nuevo escenario internacional. Las Naciones Unidas impulsaron el proceso de descolonización y Malvinas quedó incorporada a ese debate.
La Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1960, proclamó la necesidad de poner fin al colonialismo y estableció un principio fundamental, todo intento de quebrantar total o parcialmente la integridad territorial de un país resulta incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
