Los acontecimientos en Brasil durante los últimos meses pusieron al descubierto fisuras dentro del sistema de gobierno que rige en nuestro país y el resto de la región. Esta crisis interpone nuevos desafíos para una derecha que aún tiene dificultades para desarrollarse.

En la campaña de las PASO 2011, el por aquel entonces precandidato a presidente José Alejandro Bonacci, un fascista confeso también conocido como “El Señor de los Sellos” por su amplia cartera de sellos partidarios en alquiler, había lanzado un spot propagandístico donde se pronunciaba de una manera bastante controversial sobre el sistema democratico. 

“Esta democracia no sirve, es necesario un nuevo acuerdo”, declaraba Bonacci con descaro. En ese momento, el anuncio prácticamente no tuvo alcance, pero en Taringa y Twitter con el correr del tiempo se terminaría consolidando como un clásico meme político.

Mirando críticamente los sucesos del fin de semana en Brasil al tiempo que contemplamos nuestras propias miserias, quizás podamos concluir que en el fondo la premisa de Bonacci no estaba del todo equivocada.

Según establece la Constitución (con mayúscula adrede), somos una República soberana que adopta una forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. Otros países, como Reino Unido, carecen de dichos papeles y su forma de gobierno no se encuentra codificada a través de documentos específicos. No obstante, todos los actores políticos entienden a grandes rasgos cómo funcionan las cosas, los balances de poderes, y demás pormenores. Esa sería su constitución (con minúscula). 

En Argentina se nos enseña desde muy chicos la Constitución, aprendemos a recitar su preámbulo, nos preguntan en exámenes los artículos añadidos en 1994, etc. Sin embargo, muchos puntos de dicha Constitución pueden ser de aplicación laxa. Tal es el caso de los requisitos impuestos a los candidatos a legisladores, quienes deberían ser residentes de los distritos donde se presentan. Como gozan de “buenas conexiones” pueden cambiar de domicilio varias veces entre elecciones o incluso ser elegidos Legisladores por CABA con domicilio en Vicente López. Dice Curtis Yarvin: “Si la Constitución es idéntica a la constitución, es superflua. Si la Constitución no es idéntica a la constitución, es un engaño”. 

Según explicita el artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina, “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. En éste caso, se cumple de forma y de facto.

La política tiene una altísima barrera de entrada: para participar se necesita, al menos, mucho tiempo. Lidiar con autoridades y representantes puede ser demasiado desgastante y poco fructífero para que un ciudadano sin “buenas conexiones” pueda tener un impacto relevante en la agenda, o evacuar sus reclamos. Cultivar dichas amistades y habilidades sociales lleva todavía más tiempo.

Un grupo de ciudadanos organizados y con una agenda común deberá enfrentar auténticas corporaciones formadas dentro del sistema político, con sus respectivas cajas millonarias, “buenas conexiones”, experiencia y formas de neutralizar a sus rivales. Pensar que cualquiera es capaz de canalizar un fenómeno colectivo simplemente yendo a las urnas requiere un nivel avanzado de ingenuidad. Ésto genera una serie de problemas con la democracia representativa, y dificulta que las personas puedan involucrarse para “cambiar algo”.

Incluso si alguien se siente representado por un político, existen altísimas probabilidades de que tampoco pueda hacerle llegar sus opiniones e inquietudes o que éste defraude sistemáticamente a su votante. Brevemente, enumero otros motivos por los cuales resulta evidente lo fallido del sistema representativo:

• A veces es difícil conocer realmente a nuestros representantes. Es un recurso bastante común utilizar a candidatos de otras jurisdicciones para que su imagen “arrastre” votos en una elección distrital. Si representan genuinamente a la población de su provincia, no hay forma real de saberlo. A ésto se le suman fenómenos como listas sábana, partidos “fantasma” que se presentan para hacer caja con el dinero que otorga la Cámara Nacional Electoral, dinero de boletas, etc

• Los partidos cada vez tienen menos vida interna democrática, el caso más destacado es el del Partido Justicialista pero de los sectarismos no se salva ni el FIT. El intento por utilizar las PASO como mecanismo para suplir ésto no hizo más que agravar el problema y añadir una instancia más para hacer caja con sellos fantasma. Por ejemplo, Bonacci, viejo abonado al negocio, hizo escuela alquilando, vendiendo y “prestando” sellos para que los más variados políticos puedan presentarse a elecciones. Ésto habla bastante más de sus clientes que del propio Bonacci.

• El poco control que hay sobre la dirigencia los vuelve bastante baratos y fáciles de corromper. Arribistas y valijeros sobran. Tanto al momento de conformar listas como una vez sentados en una banca o cargo público. ¿Los votantes del Fdt realmente “eligieron” al ex-CEO de Syngenta para que sea jefe de asesores presidencial? A ésto podemos sumar casos obscenos de transfuguismo y gente que se baja misteriosamente de sus candidaturas.

Acá la corto pero creo que se entiende el espíritu general, es bastante fácil darse cuenta que la Democracia no sólo está retroalimentando sus imperfecciones, sino que el modo en que ésto impacta en la vida diaria de las personas es muy simple de ver. Ésto no es una apología a plebiscitar cada decisión política alla Suiza, pero en algunas cuestiones sorprende cómo se deja de lado la voz de los interesados. El concepto de “crisis de representatividad” además de ser un latiguillo de panelistas e intelectuales, es algo bastante tangible.

Un ejemplo de ésto puede ser el asunto de las grúas y fotomultas en la Ciudad de Buenos Aires. Concesiones fraudulentas, mecanismos hechos para recaudar y molestar a la gente en lugar de solucionar problemas reales, dirigentes y periodistas que hacen oídos sordos y que validan año a año esos curros. Es indudable que esto alimenta la frustración de amplios sectores de la población con un sistema político, que, a priori cultiva expectativas difíciles de cumplir. 

Por eso resulta insólito atribuirle a una manifestación masiva contra un edificio gubernamental el carácter de “golpe de estado” cuando se parece más a un berrinche furioso e impotente contra un sistema que no puede ni siquiera tolerar a alguien quejarse por los altos impuestos.

Y es que no hay forma realista de que la turba que entró al congreso de Brasilia el domingo tuviera capacidad alguna de hacerse con el control del gobierno. Claramente “el poder” es mucho más que un edificio y unos asientos en un Parlamento; creer que se puede dar un golpe de estado copando un edificio es una idea arcaica, pre-moderna. También es bastante útil para la izquierda que puede, con costo cero, hacer un teatro de victimización durante meses. 

Ellos pueden quemar ciudades enteras, saquear comercios, incendiar edificios, con el fin de cambiar una Constitución o para protestar por un asesinato policial. Pero en el momento en que “la derecha” pone un pie en los lugares sagrados del “poder”, todos tenemos que preocuparnos porque la democracia está en peligro. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de denunciar la doble moral de la izquierda y quedarnos ahí.

Las experiencias de Trump y Bolsonaro deberían enseñarnos a maniobrar con más sutileza. A entender que el caos, la envidia y el resentimiento son herramientas que la izquierda puede usar porque expresan su verdadera esencia. Nosotros no somos eso.

Debemos aspirar a ser una expresión política inteligente, que sepa canalizar las demandas insatisfechas desde lo material y desde lo espiritual, de una población que está obviamente harta de no verse representada en la dirigencia. Debemos abandonar las ingenuidades, dejar atrás el “nos cagaron de vuelta”, cortarla con ser denunciadores seriales, y aprender a operar en un juego arreglado. Podemos, por ejemplo, aprender a combatir la influencia de ONGs, organismos internacionales y corporaciones que perviertieron la democracia. 

El pueblo quiere explotación petrolera, minería, agricultura y carne, no miseria decrecionista. Si la izquierda defiende una democracia pervertida y viciada, demostrémosle que el pueblo no votó a Greenpeace. 

La ola de propuestas de legislación en favor de promover la agenda feminista en la sociedad tiene una explicación en los tres pilares que sostienen la organización estatal y paraestatal de género.

En el plazo de 48 horas, por el Congreso han entrado dos nuevos proyectos de ampliación de la Ley Micaela, uno para decretar la obligatoriedad de la capacitación de género para estudiar cualquier carrera universitaria o terciaria y otro para obligar a todos los directivos y dirigentes de los clubes de AFA a ser adoctrinados anualmente. Asimismo, la Ministra de Género junto a la Senadora Catalfamo, realizó una jornada sobre la Ley de Gestión Menstrual con distintas activistas del colectivo feminista. Todo esto solo en cuarenta y ocho horas.

Cualquiera pensaría que en Argentina faltan problemas o sobran recursos. Lo que evidentemente abunda es un ejército de personas dedicadas a la politiquería barata. Nos sobran prebendas y nos sobra paciencia, porque vienen destruyendo todo a su paso hace años.

Ya vimos a la ministra Gomez Alcorta capacitar a los diputados denunciando cosas tales como que “hoy todavía muchísimos utilizan el concepto de ‘mi mujer’ para referirse a su compañera o a su esposa, o a su pareja” o solicitando que “esperamos que no sea más llamado Cámara de Diputados porque llevó ese nombre cuando solamente eran diputados”. La agenda de la Ministra tiene un nivel de urgencia realmente abrumador, ¿no?

Por eso se percibe en el aire que hace años estamos a merced del terrorismo psicológico, cultural y económico de una organización estatal y paraestatal de género: la Triple E. Cada sigla es programática, es un norte de acción. Porque nada se presenta o se hace sin pasar por el filtro de la “orga”.

Estalinismo

Cada proyecto necesita ser lo más ideológicamente perverso y obligatorio posible. La izquierda de antaño vendía o regalaba libros, popularizando sus ideas a través de la distribución masiva de contenido marxista. Ahora parecería que no hay tiempo para eso, nadie quiere leer. Por lo tanto, hay que utilizar con toda violencia la fuerza estatal para que las ideas entren hasta con tirabuzón en cada cabeza más o menos apta para recibirlas.

No es casual que vayan por los pocos alumnos argentinos que logran llegar a la educación superior, ya que en una batalla de ideas son los pocos que podrán (o no) sostener ideológicamente al régimen político “de la orga” de género.

Vale mencionar que el feminismo de género es descrito por Judith Butler, filósofa y principal referente en la materia, en su bestseller “El género en disputa” como una teoría política, no como una teoría sociológica o un cambio cultural por la vida y la dignidad de las mujeres o el colectivo LGBT+.

Ya no alcanza que en los distintos niveles del Estado, donde hay más de tres millones y medio de personas trabajando, sea obligatorio capacitarse en cuestiones de género en función de una ideología impuesta por un colectivo. No. Ahora van por los estudiantes que ya han sido machacados con estos contenidos durante el secundario a través de la ESI.

Aproximadamente la mitad de los alumnos que egresan anualmente del secundario se inscriben en carreras de pregrado o grado y sólo 1 de cada 4 culmina los estudios superiores. No es casual que quieran imponer la capacitación como condición de ingreso, ya que cuadruplican el alcance que tendrían si lo exigieran para recibirse. Más es más para el dogma estalinista.

Estupidez

La etimología de la palabra “estupidez” nos lleva al verbo latino stupere que quiere decir quedar paralizado o aturdido, o sea, quedar fuera de juego.

Con este tipo de iniciativas realmente podemos sentirnos condenados por la clase dirigente a quedar absolutamente inmovilizados, golpeados, aturdidos ante la realidad que pega, y pega fuerte, mientras estamos quietitos discutiendo a quiénes obligamos a ser adoctrinados aquí o allá.

El feminismo se ha transformado en el perro del Hortelano de la política, no hacen nada por los problemas concretos de nadie y tampoco dejan hacer, encadenando recursos y tiempo de debate público en planteos inconducentes. Han transformado al Congreso en un teatro de operaciones para conseguir caja y prebendas. Mucha rosca, mucho tiempo y mucha plata dedicada a fortalecer causas sobrerrepresentadas en el ámbito legislativo.

Elitismo

El bochorno se agudiza si pensamos el contexto, sólo el 14% de los jóvenes de entre 25 y 29 años ha finalizado una carrera universitaria en Argentina. Es decir, ser un joven profesional es prácticamente un privilegio. A esa minoría privilegiada intelectual y/o económicamente se le dedica gran parte del tiempo y la atención de la agenda.

Es sujeto y objeto de la imposición cultural de género, de la discusión sobre las copas menstruales y de delirios varios. Son quienes, normalmente, acceden a los puestos de dirección de los distintos sectores económicos.

Cualquiera pensaría que el fútbol implica acercarse a un sector popular pero ¿a quién le cabe dudas que es una industria millonaria? Los contenidos de la triple E son absurdos en contextos populares, no cuajan. Por eso sus cañones están apuntados a las élites tanto intelectuales como económicas.

Así vivimos en el medio de una brecha de agenda cada vez más grande, élites progresistas que vociferan que “amplían derechos” cada vez que consiguen un nuevo capricho cubierto por la prepaga mientras, hipócritamente, gastan el dinero de los pobres en hegemonizar culturalmente a la sociedad con jornadas, capacitaciones y leyes de cumplimiento obligatorio.

El ahogo social de sentirse atrapado en este laberinto se transforma en indignación y recelo. Según la encuesta publicada este año por la Universidad de San Andrés, el movimiento feminista tiene un 59% de imagen negativa, siendo un 14% mala y un 45% muy mala. Este divorcio de la clase dirigente parecería profundizar cada vez más el hartazgo social. Aunque el kiosko elitista de la Triple E pareciera no tener fin, la realidad golpea cada vez más fuerte las puertas de una dirigencia que no da señales de acusar recibo.

La falta de crédito para el sector privado es uno de los principales problemas que le ponen un tope al crecimiento económico del país. Por cada $10 en el sistema bancario, $9 están colocados en el Estado.

Uno de los principales señalados por parte del establishment político a la hora de intentar perpetuar el sistema en el que el país está sumergido, es el sistema financiero nacional e internacional.

Dentro de las numerosas críticas que sectores principalmente de izquierda hacen de la banca, una de las cosas que destaca es la virtual inexistencia de créditos por parte del sistema financiero a familias y sobre todo a empresas PyMEs.

En este planteo se construye uno de los tantos enemigos que el relato necesita para distraer de las deficiencias propias y se lo encarna en un defectuoso accionar del sistema financiero nacional.

En este relato construido no solo por el gobierno nacional, sino también gran parte de la oposición, se presenta a las sociedades de bolsa y sobre todo a los bancos como empresas altamente especulativas que lucran con el sufrimiento de la sociedad al limitar el crédito de forma consciente.

En esta línea de pensamiento, la falta de crédito al sector privado, algo que impide el desarrollo de las empresas privadas o la adquisición de bienes durables por parte de las familias, es sólo la contracara de una estrategia de mercado altamente beneficiosa para este grupo de empresas que obtienen ganancias extraordinarias con el perjuicio del resto de la sociedad.

No es entonces raro que algunos discursos de los partidos de extrema izquierda propongan la nacionalización de la banca con el objetivo de poner fin a este comportamiento supuestamente prebendario e inescrupuloso. Lo cierto que es que, nuevamente y a pesar de los esfuerzos de estos sectores gobernantes por aparentar lo opuesto, la realidad dista mucho de ser como ellos la pintan.

Cuando analizamos el caso del crédito en nuestro país, podemos ver en primer lugar que las tasas de ahorro bruto sobre PBI supera el de países como Brasil y que la diferencia con otros como Estados Unidos es muy baja. Mientras que el promedio de inversión bruta nacional desde 1990 hasta el 2020, según datos del BM, fue del 16,30%, el caso brasileño y norteamericano registra cifras de 16,15% y 18,57%.

En principio estos números nos hablan de que la causa de tan marcado desenvolvimiento entre el mercado de crédito local y el de estos dos países no estriba en la falta de ahorro por parte de la sociedad argentina.

Si bien es cierto que el ahorrista argentino, producto de una constante malversación de la moneda nacional por parte del BCRA, tiene parte de su capital colocado en moneda extranjera fuera del sistema bancario, nuevamente cuando comparamos los ratios de crédito en función de depósitos desde el año 2010, vemos que en la gran mayoría del período los primeros no llegaron a representar más de un 60% de los segundos. Esto quiere decir que existe un segundo jugador que acapara el ahorro nacional.

Si analizamos en profundidad, es lógico concluir que para un banco comercial, el riesgo de colocar el ahorro de los depositantes en encajes remunerados del BCRA o prestar el dinero en Letras de corto plazo como LECER o LEDES es una decisión de construcción de cartera más eficiente y rentable que colocar ese dinero en préstamos a tasa activa a un sector privado extremadamente golpeado por las medidas regulatorias y fiscales que el propio gobierno toma.

Esta competencia desleal, entre un sector público fuertemente necesitado de financiamiento y dispuesto a pagar altas tasas a plazos relativamente cortos y con condiciones beneficiosas para los acreedores, afecta sin dudas a la posibilidad de conseguir financiación del sector privado. Hoy en día por cada $10 que se encuentran depositados en el sistema bancario argentino, $9 están colocados en instrumentos de deuda emitidos por el Estado Nacional o el BCRA.

Ahora bien, esta necesidad de financiación desmedida por parte del sector público lleva a una competencia en la que el Estado genera un aumento de la tasa de interés a bajo riesgo para acaparar los excedentes del sistema financiero.

En ese proceso de crowding out la imposibilidad de competir por parte de las empresas y familias que componen el sector privado con las condiciones que impone el sector público, lleva a una virtual inexistencia del crédito privado en un país en el que el crecimiento económico se encuentra estancado desde hace más de 10 años.

Este mecanismo perjudicial, es el que termina no solo explicando la falta de crédito al sector privado, sino también la virtual imposibilidad de las empresas de poder financiar un crecimiento de producción a partir de canalizar parte del ahorro nacional.

Con lo cual, podemos ver que no es la falta de ahorro la que limita la inversión, sino la competencia que ejerce el sector público para financiar los crecientes déficits fiscales, los que terminan absorbiendo ese ahorro al ofrecer mejores condiciones crediticias al capital.

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Por Ignacio Zorzoli, para La Derecha Diario.