Hay mercados donde un precio absurdo dura apenas unas horas. Basta que alguien cobre demasiado para que el comprador cruce la calle, busque otra opción o simplemente diga que no. Esa pequeña libertad, casi invisible en la vida cotidiana, disciplina a millones de vendedores sin necesidad de inspectores. Poder abandonar una transacción es uno de los mecanismos más poderosos que existen para contener el abuso.
La denuncia sobre IOMA permite observar qué sucede cuando ese mecanismo desaparece. Según una investigación de TN, la obra social bonaerense autorizó $39,19 millones por una silla de ruedas motorizada Merits P210 que el medio encontró en el mercado por unos $10 millones. Con accesorios, la adjudicación alcanzó casi $49 millones. Otro sistema de bipedestación fue adquirido por $12,45 millones cuando su precio de fábrica era inferior a $5 millones.
Las empresas involucradas justificaron sus cotizaciones por servicios adicionales, como la toma de medidas de los pacientes, y por las demoras de IOMA en realizar los pagos. Esas explicaciones deben incorporarse al análisis. También debe aclararse que una diferencia entre precio de mercado y precio adjudicado no demuestra por sí sola la existencia de corrupción. Pero incluso aceptando esas salvedades, el caso revela un problema institucional anterior a cualquier eventual delito.
En IOMA están separados tres actos que en un intercambio normal suelen permanecer unidos: elegir, pagar y consumir. El funcionario elige al proveedor, pero no paga con su patrimonio. El afiliado financia el sistema, pero no decide libremente dónde comprar. Y el paciente recibe la prestación, pero carece del poder que tendría un consumidor para rechazar una oferta demasiado cara.
Esa separación altera todos los incentivos. En el mercado, el proveedor necesita convencer al consumidor. En un sistema burocrático, necesita satisfacer las condiciones del organismo que adjudica. La competencia deja de concentrarse en conquistar al usuario y comienza a concentrarse en acceder al presupuesto. El centro de gravedad económico se desplaza del beneficiario hacia la administración.
Esto permite comprender por qué el problema es más profundo que encontrar funcionarios honestos. Incluso una administración integrada por personas bien intencionadas enfrenta una dificultad inevitable: decide sobre recursos ajenos y sobre necesidades que conoce de manera indirecta. Ningún expediente puede reproducir completamente la información que aparece cuando una persona compara precios, alternativas y calidad utilizando recursos que considera propios.
La situación resulta todavía más reveladora porque IOMA atraviesa serios conflictos prestacionales. TN relevó al menos 2.000 amparos activos de afiliados por insumos y prestaciones, además de médicos que abandonan cartillas, reclamos por tratamientos y centros de discapacidad afectados. La paradoja no es simplemente que falte dinero, sino que puede existir escasez para el paciente mientras el sistema tolera costos extraordinarios en determinadas compras.
El error habitual consiste en interpretar estos episodios exclusivamente como problemas de administración. Entonces aparece siempre la misma solución: más controles, más formularios, nuevas auditorías y otra oficina encargada de vigilar a la anterior. Pero cada capa burocrática intenta corregir mediante supervisión un problema que nace de los incentivos.
La pregunta correcta no es solamente quién firmó una compra, sino qué institución permitió que una compra pudiera realizarse sin enfrentar la disciplina de quien arriesga su propio dinero. Cambiar nombres puede modificar conductas individuales. Cambiar incentivos modifica sistemáticamente las conductas posibles.
Una sociedad libre funciona de manera distinta porque distribuye poder mediante la capacidad de elegir. Cada consumidor conserva una pequeña soberanía: puede comparar, rechazar, cambiar de proveedor y llevarse consigo su dinero. Ninguna de esas decisiones es espectacular, pero juntas forman un sistema de control extraordinariamente eficaz.
Por eso, una silla de ruedas de casi $49 millones es más que una cifra llamativa. Es una ventana hacia una pregunta institucional. Cuando quien paga no puede elegir y quien elige no paga, el precio pierde a su principal guardián. La libertad económica comienza precisamente allí donde cualquier persona conserva el derecho más sencillo y más decisivo frente al poder: decir que no.
