Hay mercados donde un precio absurdo dura apenas unas horas. Basta que alguien cobre demasiado para que el comprador cruce la calle, busque otra opción o simplemente diga que no. Esa pequeña libertad, casi invisible en la vida cotidiana, disciplina a millones de vendedores sin necesidad de inspectores. Poder abandonar una transacción es uno de los mecanismos más poderosos que existen para contener el abuso.
La denuncia sobre IOMA permite observar qué sucede cuando ese mecanismo desaparece. Según una investigación de TN, la obra social bonaerense autorizó $39,19 millones por una silla de ruedas motorizada Merits P210 que el medio encontró en el mercado por unos $10 millones. Con accesorios, la adjudicación alcanzó casi $49 millones. Otro sistema de bipedestación fue adquirido por $12,45 millones cuando su precio de fábrica era inferior a $5 millones.
Las empresas involucradas justificaron sus cotizaciones por servicios adicionales, como la toma de medidas de los pacientes, y por las demoras de IOMA en realizar los pagos. Esas explicaciones deben incorporarse al análisis. También debe aclararse que una diferencia entre precio de mercado y precio adjudicado no demuestra por sí sola la existencia de corrupción. Pero incluso aceptando esas salvedades, el caso revela un problema institucional anterior a cualquier eventual delito.
