Toda civilización transforma la naturaleza. Una casa reemplaza suelo virgen, un cultivo modifica un ecosistema y una represa altera el curso de un río. Incluso producir medicamentos, alimentos o energía exige intervenir sobre recursos que antes tenían otro destino. La pregunta sensata nunca fue cómo vivir sin dejar huella, porque eso sólo sería posible dejando de producir. La verdadera pregunta es qué instituciones permiten progresar haciendo responsables a quienes causan daños reales.
La discusión sobre la salmonicultura vuelve a plantear ese dilema. El gobierno de Tierra del Fuego prohibió en 2021 el cultivo industrial de salmones y Greenpeace celebró la decisión como un precedente ambiental. Cuando la provincia flexibilizó parcialmente esa prohibición en 2025, la organización denunció una “regresión ambiental”. Mientras tanto, en Malvinas avanza una consulta sobre un proyecto que contempla producir inicialmente 50.000 toneladas anuales de salmón en 16 ubicaciones.
Los riesgos ambientales no son imaginarios. La salmonicultura puede generar residuos, escapes de especies no nativas y problemas sanitarios, y Greenpeace ha documentado esos efectos durante años. En Malvinas, incluso organizaciones locales cuestionan la información disponible y reclaman evaluaciones ambientales más rigurosas antes de avanzar. Reconocer esos riesgos, sin embargo, no obliga a concluir que la única respuesta racional sea prohibir la actividad.
Ahí aparece la diferencia entre conservación y ambientalismo extremo. Conservar significa administrar riesgos; el extremismo pretende eliminar el riesgo eliminando la actividad humana que lo produce. Bajo esa lógica, la incertidumbre deja de ser un problema que debe resolverse mediante conocimiento, tecnología y responsabilidad y se convierte automáticamente en argumento para impedir.
El problema es que toda innovación comienza bajo incertidumbre. Nadie conoce anticipadamente todas las consecuencias de una nueva tecnología, una industria o un método productivo. Si la condición para permitir una actividad fuera demostrar previamente que jamás ocasionará perjuicios, buena parte del progreso económico habría sido imposible. Una sociedad que exige riesgo cero termina obteniendo también innovación cero.
Además, prohibir tiene costos que el discurso ambientalista suele volver invisibles. El proyecto analizado en Malvinas podría diversificar una economía fuertemente vinculada a la pesca. Una evaluación encargada por la administración isleña estimó que una producción de 30.000 toneladas podría aportar unos 35 millones de libras anuales y 133 empleos. Son proyecciones, no certezas, pero recuerdan algo elemental: renunciar a producir también tiene consecuencias económicas y humanas.
Una perspectiva liberal ofrece una alternativa más exigente que la prohibición. Si una empresa contamina propiedad ajena, perjudica una pesquería o causa daños demostrables, debe responder por ellos. La función de instituciones serias consiste precisamente en definir derechos, atribuir responsabilidades y hacer que los costos recaigan sobre quien los genera. El daño ambiental no debe socializarse, pero tampoco debe utilizarse como licencia para socializar la decisión sobre qué actividades pueden existir.
La tecnología también modifica aquello que ayer parecía inevitable. Nuevos sistemas de monitoreo, mejores métodos sanitarios y cambios en los procesos productivos pueden reducir impactos que anteriormente parecían inseparables de una industria. El empresario tiene incentivos para descubrir esas soluciones cuando debe asumir el costo de sus errores y puede apropiarse del beneficio de innovar. La prohibición, por el contrario, clausura ese proceso antes de que pueda comenzar.
Por eso el debate sobre el salmón trasciende Tierra del Fuego y Malvinas. Una sociedad libre no debe elegir entre crecimiento y naturaleza, sino construir reglas para que quien produce también responda por las consecuencias de producir. La diferencia parece pequeña, pero separa dos concepciones de la sociedad.
El ambientalismo se vuelve peligroso cuando deja de preguntarse cómo hacer mejor las cosas y comienza a decidir cuáles cosas no deberían hacerse nunca. La naturaleza merece protección, pero el futuro también. Una civilización progresa cuando aprende a reducir los costos de transformar el mundo, no cuando convierte el miedo a transformarlo en una virtud.
