En 2020, luego de haber sobrevivido a las nefastas políticas aplicadas durante el COVID-19, el gobierno de Estados Unidos impulsó una declaración que firmaron 33 países respecto del derecho a regirse por sí mismos.
Parece una obviedad, pero ya entonces se hizo patente para muchos que la injerencia de la “comunidad internacional” empieza a requerir límites firmes y claros. No se puede hablar de soberanía si empieza a naturalizarse que organismos internacionales pretendan “unificar las voluntades de las naciones y representarlas mejor de lo que ellas mismas pueden hacerlo”.
No corresponde seguir tolerando esta vocación de ciertos organismos foráneos de erigirse en algo superior al ordenamiento de los estados, en la autoridad jurídica suprema. Argentina es un país soberano, y somos los argentinos quienes debemos decidir las leyes a las cuales nos vamos a someter.
Adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra
Sería muy coherente para la nueva postura argentina la pronta adhesión a la declaración, ya que está en línea con el pensamiento del presidente Javier Milei. El documento incluye el objetivo común de promover la salud de la mujer mediante la aplicación de políticas pro-vida y pro-familia en todo el mundo, y establece un acuerdo sobre el cual los firmantes se proponen basar su acción internacional:
una mejor salud para las mujeres
la preservación de la vida humana
el fortalecimiento de la familia como unidad fundante de la sociedad
la protección de la soberanía nacional en las políticas globales
Es especialmente relevante para los argentinos aquello que en el documento se refiere a la familia, señalándola como “el elemento natural y fundamental de la sociedad”, con derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
La recuperación de nuestra identidad como país, de nuestra cultura, tiene un estrecho vínculo con la restauración y fortalecimiento de las familias. Si ha habido una víctima de la ideología “progre-psico-bolche” de los últimos años -e incluyo especialmente al gobierno anterior al de A. Fernández entre sus impulsores- ha sido la familia.
Trump/Biden - Bolsonaro/Lula
Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos fue el promotor y anfitrión de la ceremonia para la firma. El documento, además, rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano internacional.
Esto es muy relevante porque, al margen de la postura que pueda asumir cada país respecto del crimen del aborto, los organismos internacionales y las distintas ONG que les hacen eco insisten con la idea de los “derechos internacionales”.
Trump y Bolsonaro, dos de los impulsores del Consenso de Ginebra
Serían esos “derechos” los que les darían pie para presionar a los países a implementar la legislación y medios para garantizarlos. La declaración es un recordatorio para la ONU, que no debería usar ese término para promover el asesinato legal de los no nacidos en todo el mundo.
Como era de esperarse, cuando Biden accedió a la presidencia, lo primero que hizo fue retirar a los Estados Unidos de la declaración. Exactamente lo mismo sucedió en Brasil: Bolsonaro sumó a su país al consenso, y Lula lo retiró ni bien asumió el control.
Como sucede en todos los ámbitos, es siempre más efectivo lograr la adhesión a ideas o propuestas cuando estas son compartidas por muchos e implementadas en base a una estrategia común y previamente consensuada.
El consenso de Ginebra apunta a ponerle freno a este grupo de apátridas nómades, cuyas identidades no se encuentran ligadas a ningún territorio, pero que pretenden imponer sus agendas e intereses sobre las naciones. Por ello, es conveniente “asociarse” con otros países preocupados por el avance de esta “gobernanza global”.
Parafraseando al Chapulín Colorado, “síganme los buenos” propuso Trump en 2020. Nosotros no lo hicimos. Nos gobernaba Fernández. Lo podemos hacer ahora.
