Durante años nos vendieron una mentira elegante. Nos dijeron que defender la “industria nacional” era un acto patriótico, que cerrar la economía era proteger el trabajo argentino y que cuestionar subsidios y aranceles era poco menos que traicionar la bandera. Pero detrás de ese discurso edulcorado no había soberanía ni justicia social. Había algo mucho más simple y rancio: la alianza obscena entre empresarios prebendarios y políticos dispuestos a eliminar la competencia a cambio de poder y financiamiento.
Cómo funciona el esquema. Primero, el empresario acuerda con el político de turno un arancel o una barrera que bloquee la competencia. Con la excusa de “cuidar la industria”, los políticos impiden que el consumidor elija libremente. El resultado es automático: precios más altos, calidad estancada y trabajadores convertidos en rehenes de un mercado artificial. No es libre empresa. Es monopolio legalizado.
Después viene el segundo movimiento. Las ganancias extraordinarias generadas por esa economía cerrada no se reinvierten para innovar o competir globalmente. Se reciclan en aportes de campaña, favores regulatorios y nuevos privilegios. Es un círculo perfecto: el político garantiza protección; el empresario financia su continuidad. Y en el medio, millones de argentinos pagando la cuenta sin saberlo cada vez que pasan por caja.
Por eso, cuando alguien abre la economía como lo está haciendo Milei, baja aranceles o permite que el consumidor acceda a precios internacionales, la reacción es inmediata. Empieza la campaña del miedo. “Se perderán miles de empleos”. “La industria nacional desaparecerá”. “Es un plan de entrega”. El libre comercio es caricaturizado como una amenaza, cuando en realidad lo que amenaza el libre comercio es el privilegio de unos pocos. Lo que realmente aterra a los prebendarios no es el desempleo: es competir.
Competir implica algo brutalmente honesto. Implica que el cliente pueda irse. Que el éxito dependa de tu capacidad de convencer, innovar y ofrecer mejores precios. Para quienes se acostumbraron al teléfono correcto y al decreto oportuno, esa intemperie resulta insoportable. Por eso negocian subsidios, barreras, contratos garantizados.
El caso de ciertos magnates locales que multiplicaron su fortuna bajo el amparo del kirchnerismo es ilustrativo. Durante años defendieron el cepo, aplaudieron a funcionarios intervencionistas y financiaron campañas que prometían más Estado. Mientras tanto, vendían en el mercado interno a precios muy superiores a los internacionales, amparados por una maraña regulatoria. Cuando la apertura comienza a asomar y la competencia aparece, hablan de crisis y quiebras. Pero, en realidad, lo que se derrumba no es la empresa privada. Es la situación de privilegio de algunos vivos.
Y cuando las urnas no responden como la casta esperaba, el dispositivo se activa. Periodistas adictos a la pauta, sindicalistas que viven del conflicto permanente, políticos desplazados del negocio y empresarios dependientes del subsidio coordinan un ataque feroz contra cualquier reforma. Instalan miedos, mitos y mentiras. Si la ciudadanía insiste en votar cambio, redoblan la presión. Y si todo falla, aparecen los zurdos pagos que tiran piedras y molotov contra las instituciones democráticas mientras declaman defender la “justicia social”.
Lo que está en juego no es una discusión técnica sobre aranceles. Es una batalla moral. La diferencia entre ser promercado y ser proempresa, como bien señaló Milei, es la diferencia entre defender la libertad o defender el privilegio. El mercado no garantiza resultados; garantiza reglas iguales. El prebendario no quiere reglas iguales. Quiere una posición asegurada.
La libertad económica obliga a aceptar que nadie te debe nada. Que la propiedad y el intercambio voluntario son el único fundamento legítimo de la prosperidad. Para quienes hicieron del Estado su socio estratégico, esa idea es casi obscena. Prefieren que la incomodidad la paguen los demás.
Por eso el avance de una agenda de apertura y desregulación no es solo una reforma económica. Es un gesto de purificación moral. Es dar vuelta las mesas del templo moderno donde el negocio estaba garantizado por decreto. No por odio al comercio, sino por rechazo al privilegio.
La Argentina que emerge no necesita empresarios protegidos. Necesita empresarios libres. Y la diferencia entre uno y otro define si vamos a seguir siendo un país rehén de la casta o una nación de ciudadanos adultos que compiten, producen y prosperan sin pedir permiso.
