A once años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, la Justicia federal profundiza una de las líneas más delicadas del expediente: la posible participación de estructuras de inteligencia ilegal y un entramado político-judicial que habría buscado encubrir el crimen y desviar la investigación hacia la hipótesis del suicidio.
Hoy, para los investigadores, está probado que Nisman fue asesinado en razón directa de su función. El fiscal se preparaba para presentarse en el Congreso y ampliar su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, firmado en el marco del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos en 1994.
Cristina Fernández de Kirchner con César Milani.
En los últimos meses comenzaron a declarar agentes del área de inteligencia operativa del Ejército que prestaban funciones en 2015. Al menos 15 efectivos ya testificaron bajo reserva de identidad. El foco está puesto en un grupo reducido cuyos teléfonos fueron geolocalizados en las inmediaciones del complejo Le Parc, en Puerto Madero, durante el fin de semana en que apareció el cuerpo del fiscal.
Según fuentes judiciales, la sospecha es clara: como mínimo, se habrían realizado tareas de inteligencia interna prohibidas por ley. La estructura de mandos, los movimientos operativos y las órdenes recibidas en ese período —cuando el Ejército estaba bajo el mando de César Milani— son ahora materia de análisis exhaustivo.
En paralelo, la causa avanza sobre una segunda línea aún más sensible: las responsabilidades políticas y judiciales posteriores al crimen. La hipótesis sostiene que existió un “plan criminal” destinado a evitar que prosperara la hipótesis homicida, mediante una investigación deliberadamente deficiente, con pérdida de pruebas, decisiones irregulares y desvíos institucionales.
En ese marco, está prevista para fines de febrero la indagatoria de Viviana Fein, la primera fiscal del caso, imputada por el descontrol de la escena del crimen y la falta de preservación de evidencia clave. También están imputados el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, jefes de fuerzas federales y funcionarios que intervinieron en las primeras horas posteriores a la muerte del fiscal.
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y se tramita bajo la órbita del juez Julián Ercolini. Desde allí se sostiene que el atentado a la AMIA, el Memorándum con Irán y el asesinato de Nisman forman parte de una misma matriz de encubrimiento estatal.
Cristina Kirchner.
En 2018, la Cámara Federal descartó definitivamente el suicidio y avaló la hipótesis de asesinato, en línea con el peritaje de Gendarmería. Sin embargo, a más de una década, aún se desconoce quién ejecutó el crimen y quiénes lo ordenaron. .Hasta ahora, el único procesado por el hecho es el informático Diego Lagomarsino, dueño del arma utilizada.
El año pasado, el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia vinculados al período previo a la muerte del fiscal, una decisión clave para romper años de opacidad y avanzar sobre responsabilidades políticas que durante el kirchnerismo permanecieron blindadas.
