El abuelo de Lucio Dupuy denunció negligencia judicial y falta de control estatal, mientras la Fiscalía confirmó una lesión cerebral y apunta a la madre y su pareja como principales sospechosos.
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La muerte de Ángel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, continúa generando repercusiones a nivel nacional y profundiza el debate sobre el accionar de la Justicia y los organismos de protección de la niñez. En este contexto, una voz cargada de peso simbólico volvió a encender la polémica: la del abuelo de Lucio Dupuy, quien estableció un duro paralelismo entre ambos casos. Se trata de Ramón Dupuy, quien no dudó en afirmar: “A mi nieto lo mataron igual”, sugiriendo que la muerte de Ángel no habría sido un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales similares a las que derivaron en el crimen ocurrido en La Pampa en 2021.
En diálogo con LN+, Ramón Dupuy expresó su conmoción tras conocer el fallecimiento del niño y aseguró que el caso le resulta “ilógico” y “totalmente evitable”. “Es desgarrador, es revivir algo que nos pasó. Si bien ya pasaron cuatro años, para nosotros fue anoche y no lo podemos superar”, sostuvo, evidenciando el impacto emocional que aún persiste en su familia. El abuelo de Lucio apuntó directamente contra la negligencia judicial y el rol de los organismos estatales: “Existe una negligencia judicial y de los organismos de niñez”, afirmó.
El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy y la ministra, Sandra Petovello
Uno de los ejes centrales de su crítica fue la falta de escucha a los menores en situaciones de riesgo. En ese sentido, remarcó una diferencia clave entre ambos casos, pero con el mismo resultado trágico: “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir. A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó. Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”.
La frase alude directamente a los registros donde Ángel manifestaba que no quería ir con su madre, lo que refuerza las críticas hacia las decisiones tomadas por la Justicia en el proceso de revinculación. Dupuy insistió en la necesidad de interpretar esas señales: “Hay que poner el oído, no es lo mismo escuchar que oír a una criatura que está suplicando”.
El abuelo también puso el foco en cómo se implementan las revinculaciones familiares, especialmente en contextos donde existen antecedentes o sospechas de maltrato. Según su visión, estos procesos deben contar con seguimiento permanente y controles reales, algo que —denuncia— no ocurre en la práctica: “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso y ver en qué condiciones vive esa criatura”. Además, expresó su desconcierto ante la falta de reacción institucional: “No me entra en la cabeza cómo no pueden escuchar a los niños”.
En paralelo, la causa judicial comienza a arrojar datos relevantes. El fiscal Cristian Olazábal, quien reemplaza temporalmente a Facundo Oribones, confirmó la existencia de una lesión cerebral en el menor. Además, señaló que la madre y su pareja son los principales sospechosos, al tratarse de las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su muerte. “Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro”, explicó, detallando que ambos ya fueron notificados de su situación procesal.
“Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal”, agregó, aunque aclaró que todavía no fueron sometidos a un juez penal.
Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez Frydlender
Según precisó el fiscal, el padre del menor, Luis López, se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana para denunciar lo ocurrido. Allí indicó que Ángel había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes. En cuanto a la evidencia médica inicial, Olazábal señaló: “Requerimos la historia clínica, tomamos una conversación con el personal que lo asistió, no se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia”. Sin embargo, la confirmación posterior de una lesión cerebral abre nuevas líneas de investigación y profundiza las sospechas.
El caso de Ángel no solo avanza en el plano judicial, sino que vuelve a instalar un debate de fondo sobre el rol del Estado, la Justicia y los criterios utilizados en decisiones críticas como la tenencia de menores. Las palabras de Ramón Dupuy refuerzan una advertencia que resuena cada vez con más fuerza: cuando las señales de alerta son ignoradas, las consecuencias pueden ser irreversibles.
