La inseguridad en la capital cordobesa no da tregua y expone la vulnerabilidad de quienes intentan sostener la actividad privada. En barrio Pueyrredón, los comerciantes enfrentan una ola de "robos hormiga" y arrebatos que destruye su rentabilidad diaria. Daniel Huppi, dueño de la distribuidora La Rendidora, denunció haber sido víctima de 20 hechos delictivos en apenas 12 meses.
El abandono municipal que encabeza el intendente Daniel Passerini se traduce en una falta crítica de servicios básicos para la prevención. Los vecinos señalan una plazoleta sumida en la oscuridad total por falta de luminarias operativas. Este espacio se convirtió en una "boca de lobo" donde los delincuentes interceptan a los clientes que salen de los locales.
La desidia administrativa permite además que una vivienda de la zona permanezca usurpada por delincuentes. Los damnificados sostienen que la propiedad es utilizada como "aguantadero" y punto de escape tras los ataques. A pesar de los reclamos, la gestión municipal no ha recuperado el inmueble ni ha mejorado el entorno urbano para proteger al ciudadano.
El sector privado asume costos por la ineficiencia del Estado
Los comerciantes del sector este debieron realizar inversiones propias en seguridad privada, cámaras y sistemas de alerta por WhatsApp. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes ante la ausencia de una respuesta institucional coordinada. En cada incursión de las "mecheras", los locales pierden entre $50.000 y $60.000 en mercadería de alto valor.
La situación en la provincia es crítica, pero el foco del conflicto radica en la desatención de la Capital sobre sus polos comerciales. Un grupo de 10 almaceneros se niega a trasladar estas pérdidas a los precios para no castigar al bolsillo del vecino. No obstante, advierten que trabajar con márgenes bajos es inviable bajo el acoso constante de la delincuencia.
