La municipalidad de Córdoba inició una serie de operativos destinados a castigar a los trabajadores que prestan servicios de transporte mediante plataformas. Esta avanzada se ampara en una ordenanza aprobada en agosto de 2025 que obliga a los conductores a someterse a un rígido registro digital municipal. La medida representa un nuevo obstáculo burocrático para quienes buscan generar ingresos genuinos sin depender de subsidios o estructuras estatales ineficientes.
El intendente Daniel Passerini profundiza así un modelo de control que atenta directamente contra la libre competencia y la innovación tecnológica actual. Al exigir inscripciones obligatorias y requisitos complejos, el municipio limita la oferta de transporte y perjudica a los usuarios que eligen este sistema. Resulta incomprensible que se priorice la regulación asfixiante sobre la necesidad de trabajo de miles de ciudadanos cordobeses en el presente contexto.
