La municipalidad de Córdoba inició una serie de operativos destinados a castigar a los trabajadores que prestan servicios de transporte mediante plataformas. Esta avanzada se ampara en una ordenanza aprobada en agosto de 2025 que obliga a los conductores a someterse a un rígido registro digital municipal. La medida representa un nuevo obstáculo burocrático para quienes buscan generar ingresos genuinos sin depender de subsidios o estructuras estatales ineficientes.
El intendente Daniel Passerini profundiza así un modelo de control que atenta directamente contra la libre competencia y la innovación tecnológica actual. Al exigir inscripciones obligatorias y requisitos complejos, el municipio limita la oferta de transporte y perjudica a los usuarios que eligen este sistema. Resulta incomprensible que se priorice la regulación asfixiante sobre la necesidad de trabajo de miles de ciudadanos cordobeses en el presente contexto.
Para justificar esta presión, las autoridades alegan que solo 1000 personas de un universo de 10.000 trabajadores han iniciado el trámite de registro oficial. Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad, manifestó que “tras la aprobación tenemos la obligación de controlar”, ratificando la voluntad persecutoria de los trabajadores. El despliegue de inspectores en las calles busca forzar la formalidad mediante el miedo y la sanción económica en lugar de incentivar la actividad privada.
La municipalidad emitirá sanciones que oscilan entre los $2.000.000 y los $6.000.000 para los choferes no inscriptos
Multas confiscatorias y trabas al libre mercado
El esquema de sanciones previsto por el municipio alcanza cifras exorbitantes que oscilan entre los $2.000.000 y los $6.000.000 para los choferes no inscriptos. Estos montos tienen un claro fin recaudatorio y pueden significar la quiebra personal para cualquier chofer que simplemente intenta conducir su propio vehículo. La voracidad fiscal del Palacio 6 de Julio se ensaña con un sector que ofrece una solución eficiente al histórico déficit del transporte público local.
“Entendimos que es un tiempo prudente para empezar a controlar de manera fehaciente y exhaustiva”, sentenció Ramírez al confirmar el endurecimiento de las actas. Mientras el mundo avanza hacia la desregulación de las economías colaborativas, Córdoba retrocede imponiendo leyes que protegen privilegios de sectores políticos tradicionales. Es imperativo que el Estado municipal deje de perseguir a los emprendedores que brindan un servicio valorado por la mayoría de los consumidores cordobeses.
La normativa vigente fue discutida con la participación de las empresas, pero termina convirtiéndose en una trampa legal para el eslabón más débil del sistema. En lugar de garantizar la libertad de circulación y empleo, el intendente Passerini prefiere aumentar la presencia de agentes públicos para vigilar la actividad privada. Esta política de multas millonarias solo genera resentimiento social y frena el desarrollo de soluciones modernas que mejoran la movilidad en toda la capital.
