El resultado de esa lógica está a la vista: barrios tomados por el narco, jóvenes destruidos por las adicciones y familias que viven con miedo. Mientras los sectores progresistas justifican a los delincuentes, el narcotráfico avanza sobre los sectores más vulnerables, destruyendo comunidades y cobrando vidas.
Reducir penas o eximir de castigo a quienes trafican, aún en pequeña escala, no es un acto de justicia social: es una señal de impunidad. Es premiar al crimen y abandonar a las verdaderas víctimas: los jóvenes que caen en las redes de consumo, los padres que pierden a sus hijos, y los vecinos que viven sitiados por los narcos.
Un reflejo ideológico
Aunque parezca un proyecto menor, el expediente 3108-D-2020 refleja la visión de fondo del kirchnerismo: un Estado que empatiza más con el delincuente que con el ciudadano honesto. Es la misma lógica que se vio con la liberación de presos durante la pandemia o con la constante deslegitimación de las fuerzas de seguridad.
Mientras el gobierno de Javier Milei trabaja para recuperar el orden y la autoridad del Estado, el kirchnerismo sigue mostrando su verdadera cara: la del garantismo extremo, el relativismo moral y la complicidad con el delito.