La planificación empresarial prevé comenzar las perforaciones durante 2027 y avanzar hacia la producción comercial en 2028. Por eso, el Gobierno argentino considera fundamental obtener una resolución que impida que las compañías continúen desarrollando el emprendimiento mientras permanece abierta la controversia.
La disputa no se limita a una cuestión económica. La explotación de hidrocarburos representa otro capítulo de la disputa por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
En paralelo, la llegada de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, al archipiélago el 9 de noviembre también generó atención. Su visita, confirmada por el registro oficial de actividades de la Casa Real británica, coincidió con el inicio de las audiencias en Hamburgo.
Cuándo podría conocerse el fallo del Tribunal del Mar
Con las exposiciones de ambas delegaciones finalizadas, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar los argumentos y determinar si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
Existen tres escenarios posibles: que los jueces acepten íntegramente el pedido argentino y ordenen frenar Sea Lion, que concedan medidas parciales o que rechacen la solicitud.
La particularidad jurídica del procedimiento es que el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para resolver controversias bajo la Convemar, mientras que Argentina seleccionó al Tribunal del Mar. Al no coincidir las elecciones, el conflicto de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención.
Por eso, el TIDM interviene en esta instancia para determinar si corresponde adoptar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.
El viernes 13 de noviembre aparece como la fecha estimada para conocer la resolución, aunque el pronunciamiento podría demorarse algunos días más. La propia empresa Rockhopper comunicó a sus inversores que espera una decisión antes de finalizar el año.
Un eventual fallo favorable a la Argentina tendría consecuencias jurídicas y diplomáticas relevantes: permitiría establecer restricciones sobre el avance petrolero británico y reforzaría el reconocimiento internacional de que existe una controversia pendiente entre ambos países.
La estrategia de Milei apunta a utilizar las herramientas del derecho internacional para defender los recursos naturales argentinos y evitar que el Reino Unido consolide la explotación económica de una zona cuya soberanía continúa siendo reclamada por Buenos Aires.
