Los detenidos utilizaban la militancia política como mecanismo de captación y control de las víctimas.
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Dos empleados de planta permanente del Senado de la provincia de Buenos Aires fueron arrestados la semana pasada en el marco de una causa por presuntos delitos sexuales que se investiga desde hace casi diez años y que, según la hipótesis fiscal, estaría vinculada a una organización con funcionamiento sectario integrada por militantes kirchneristas.
Tanto los acusados como las presuntas víctimas formaban parte del mismo entramado político, lo que para los investigadores configura una suerte de secta kirchnerista que habría operado dentro y fuera del ámbito legislativo.
Los detenidos fueron identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, esta última también dirigente de la Secretaría de Género de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional bonaerense. Ambos se desempeñaban como trabajadores de la Legislatura provincial y fueron arrestados por orden de la fiscal platense Betina Lacki, titular de la UFI N°2, con intervención del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata. Los imputados se negaron a declarar.
La investigación se inició en 2015 y, con el correr de los años, sumó al menos seis denunciantes. De acuerdo con el expediente, algunos de los abusos denunciados habrían ocurrido incluso dentro de una oficina de la Cámara Alta bonaerense, lo que agrava el cuadro institucional del caso.
La Justicia sostiene que los trabajadores kirchneristas detenidos integraban una estructura que funcionaba como una secta y que utilizaba la militancia política como mecanismo de captación y control.
Según consta en la causa, Rodríguez y Silva Muñoz tuvieron militancia en la agrupación kirchnerista La Capitana. Los investigadores sostienen que los hechos se produjeron bajo el paraguas de “La Orden de la Luz”, una organización con rasgos sectarios en la que Rodríguez habría ocupado un rol de líder con características mesiánicas, mientras que Muñoz habría actuado como facilitadora o mediadora dentro del grupo.
La hipótesis fiscal señala que las denunciantes, también militantes kirchneristas, habrían sido captadas a través de "tareas de militancia", con promesas de contención política y oportunidades laborales.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
En algunos casos, esas promesas se habrían materializado con ingresos al Senado bonaerense, aunque bajo condiciones irregulares. Según la investigación, quienes accedían a esos puestos debían entregar parte de su salario para "sostener tareas militantes", una práctica que refuerza la idea de un esquema cerrado y coercitivo.
En este contexto, la causa describe un vínculo de poder desigual, donde la pertenencia política y la militancia funcionaban como elementos centrales para el sometimiento de las víctimas.
De acuerdo con lo publicado por El Suburbano Digital, Rodríguez y Silva Muñoz pertenecían a la agrupación que responde al ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes y ex secretario de Educación, Culturas y Deportes local, Mario Lozano, quien dejó la Municipalidad de Quilmes hace dos años y actualmente responde al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
