China posee una considerable cantidad de deuda externa estadounidense, estimada en aproximadamente 816 mil millones de dólares hasta octubre de 2024. La información que Rogers habría compartido con sus contactos podría haber facilitado la manipulación del mercado estadounidense de manera similar al uso de información privilegiada.
Tener acceso anticipado a decisiones de política económica, como modificaciones en la tasa de los fondos federales, podría haber brindado a China una ventaja estratégica al momento de comprar o vender bonos y otros valores estadounidenses.
Un "profesor universitario"
Rogers habría utilizado la excusa de dictar "clases" para reunirse con los agentes chinos en hoteles en China, donde entregó información confidencial relacionada con la Junta Federal de Bancos y el FOMC.
En 2023, Rogers habría recibido aproximadamente 450.000 dólares por desempeñarse como supuesto "profesor a tiempo parcial" en una universidad china.
El 4 de febrero de 2020, al ser interrogado por la Oficina del Inspector General de la Junta de la Reserva Federal, Rogers presuntamente mintió sobre su acceso y transferencia de información reservada, así como sobre sus vínculos con sus colaboradores chinos.
Rogers enfrenta cargos por conspiración para cometer espionaje económico y por brindar declaraciones falsas. La pena máxima por conspirar para cometer espionaje económico es de 15 años de prisión, además de una multa de hasta 5 millones de dólares. Por su parte, el delito de realizar declaraciones falsas conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Este caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en Washington y la Oficina del Inspector General de la Junta de la Reserva Federal. La acusación está a cargo de la fiscal adjunta Kimberly Paschall, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, junto con los abogados litigantes Nicholas Hunter y Stephen Marzen, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.
